Hablar de armas, de guerra y de seguridad se ha vuelto común en una Unión Europea que fue construida como proyecto de paz y que hoy afronta un panorama geopolítico en ebullición. En plena carrera por equiparse militarmente, la presidenta de la Comisión Europea ha fijado el año 2030 como meta para que Europa complete su rearme y apuntale como autónoma una defensa que hoy depende enormemente de Estados Unidos. “Europa debe contar con una sólida estrategia de defensa”, ha recalcado este martes la conservadora alemana en Copenhague, donde ha insistido en que la UE debe desarrollar las capacidades necesarias para una “disuasión creíble”. “La era del dividendo de la paz ya pasó. La arquitectura de seguridad en la que confiábamos ya no puede darse por sentada”, ha advertido.
Casi al mismo tiempo de la nueva alerta de Von der Leyen, Alemania ha aprobado una histórica reforma constitucional para gastar centenares de miles de millones de euros en defensa, infraestructuras y medio ambiente con el que dinamita su dogma de déficit cero. Otro signo de los tiempos.
En ese contexto, con la amenaza rusa y el divorcio no deseado con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump, que amenaza con retirar el paraguas de seguridad norteamericano de Europa, Bruselas ha iniciado una campaña para que los Estados miembros ensanchen su gasto en defensa y va a poner en marcha un nuevo e inédito fondo de 150.000 millones de euros en préstamos que se nutrirá de deuda común. Con ese dinero, Bruselas espera movilizar (eso sí, a través de los presupuestos nacionales) otros 650.000 millones de euros, lo que eleva a 800.000 millones de euros la cantidad a la que aspira el gran proyecto europeo de rearme.
Los 150.000 fondos de préstamos podrán usarse para proyectos paneuropeos y compras conjuntas de armamento, pero solo de equipos que sean un 65% europeos (contabilizado por el valor de los materiales de origen) y que no tengan limitación de uso impuestas por terceros países. Es decir, que quienes lo compran sean autónomos para decidir cómo y dónde se usan esas armas (y no dependan, por ejemplo, de la autorización de un tercer país porque allí se ubica el fabricante que suministró parte del material, como ocurre en ocasiones con Estados Unidos). Así figura en la nueva regulación a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que el Ejecutivo comunitario presentará este miércoles como parte de su gran paquete de rearme y una estrategia que ha llamado Readiness 2030 (Preparados [para] 2030).
Ese requisito está pensado para impulsar la industria europea, pero también para tratar de apuntalar que sea autónoma y que lo que se compra con el dinero europeo no contribuya a la fragmentación de un sector ya muy dividido, hipernacionalizado y con enormes restricciones. “En vista del deterioro rápido y sin precedentes de su situación de seguridad y la amenaza que supone para los ciudadanos y la economía de la UE, la Unión y sus Estados miembros deben intensificar de forma inmediata y masiva sus esfuerzos para invertir en su capacidad industrial, garantizando así una defensa más autónoma”, dice el borrador de la regulación, que Bruselas ha llamado “Safe” (Seguro) y que todavía puede sufrir algunos retoques hasta su aprobación. La regulación también abre la puerta a adquirir materiales de países con los que se llegue a acuerdos bilaterales o europeos, pero eso puede llevar tiempo.
Bruselas ha diseñado ese fondo de préstamos para que tengan unas condiciones muy flexibles para fomentar que los Estados miembros los pidan. Se podrán solicitar hasta 2027 y las capitales tendrán 45 años para devolverlos, según detalla el documento consultado por este diario.
La esencia del paquete de 150.000 millones, que por primera vez dispone el uso de deuda común para la adquisición de material militar, es que se emplee en compras conjuntas entre países. Y sobre todo en áreas prioritarias, como defensa aérea y antimisiles, sistemas de artillería, misiles, municiones, drones, sistemas antidrones, ciberseguridad, guerra electrónica o movilidad militar. Esa unión para comprar juntos y tener más ventaja en los mercados es la clave también de la estrategia de defensa europea. Hay varios sistemas para hacerlo, desde que un Estado miembro active una oferta de adquisición y otros se unan (como ya han hecho Dinamarca o República Checa) o que se usen instrumentos conjuntos que ya existen.
Este martes, Von der Leyen ha resaltado uno de ellos, el Mecanismo Europeo de Ventas Militares. El Programa Europeo de Industria de Defensa ya disponía para 2028 la creación de un verdadero catálogo de productos europeos y la creación de grupos de preparación industrial para aumentar la disponibilidad y agilizar los plazos de entrega del material de defensa. “Los Estados miembros deben poder confiar plenamente en las cadenas de suministro de defensa europeas, especialmente en momentos de necesidad urgente. Y un mercado europeo lo conseguiría. Será un motor para nuestra prosperidad y competitividad industrial”, ha dicho Von der Leyen en un discurso ante los cadetes de la Real Academia Militar de Dinamarca.
El fondo de 150.000 millones para defensa se suma a otras medidas para ayudar a los Estados miembros a aumentar su inversión militar en un momento en el que la OTAN también debate un nuevo objetivo de compromiso de gasto, que hoy está en el 2% del PIB de sus 32 aliados (entre ellos, España y otros 23 de los 27 Estados miembros). La principal medida es la activación de la llamada “cláusula de escape” que no castigará a los países por incumplir las metas fiscales si ocurre porque se endeudan con su gasto en defensa.
Pero además, la Comisión Europea ha abierto el debate sobre cómo reubicar y utilizar parte de los fondos estructurales de cohesión para defensa. Esos fondos, que junto a agricultura suponen dos tercios del presupuesto europeo, ya se pueden usar para programas de infraestructuras con usos civiles y militares, transportes y elemento de doble uso (pero no de uso exclusivo militar). Ahora, algunos Estados miembros, como los nórdicos y los más frugales, quieren ampliar todavía más ese paraguas. Otros, como España, aceptan aumentar su gasto militar pero se niegan a recortar en partidas relacionadas con el Estado del bienestar.
