Washington (EFE).- Una jueza federal ordenó el regreso a Estados Unidos de un segundo migrante deportado por el Gobierno del presidente, Donald Trump, a la megaprisión para pandilleros de El Salvador.
Stephanie Gallagher, magistrada de Maryland nombrada por Trump en su primer mandato (2017 – 2021), dictó que el Gobierno cometió un error con esa deportación y ordenó a la Administración que facilite su regreso.
La sentencia se refiere a Cristian, un joven venezolano de 20 años, que fue enviado a El Salvador el pasado 15 de marzo a pesar de que estaba en proceso de solicitud de asilo.
De acuerdo con el fallo, el joven forma parte de una grupo de menores que entraron en EE.UU. sin acompañante y que después solicitaron dicha protección.
La jueza se acoge a eso para decretar que existe una violación de la normativa vigente en estos casos, ya que esta no permite expulsar a nadie del país hasta que no se resuelva su caso.
El segundo migrante que debe regresar de El Salvador
Esta es la segunda vez que la Justicia estadounidense ordena al Gobierno de Trump traer de vuelta a migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador sin un debido proceso.
El primero fue Kilmar Ábrego García, también ordenado por un tribunal de Maryland, esta vez por la jueza Paula Xinis.
El Tribunal Supremo respaldó esa decisión y también ordenó al Gobierno de Trump facilitar el regreso de Ábrego García, a quien enviaron a la megacárcel de El Salvador pese a que contaba con una orden judicial que lo protegía de su deportación.
El pulso en el caso de Kilmar Ábrego García
Pero tanto el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como Trump no han mostrado ningún interés en el regreso de Ábrego García a Estados Unidos, al que acusan de terrorismo así como al resto de unos 200 migrantes enviados hasta ahora a El Salvador.
Por el momento, a Ábrego García lo trasladaron del Cecot a otra prisión del país.
«Este tribunal se guía por la definición de ‘facilitar’ adoptada por la jueza Xinis en el caso de Ábrego García«, escribió Gallagher en el fallo.
Ambas juezas especificaron a la Administración que «facilitar es un verbo activo y que requiere que se tomen medidas como el Tribunal Supremo ha dejado perfectamente claro».
