Alemania, el hasta hace nada halcón del rigor fiscal en la UE, ha sido el primer Estado miembro en correr a solicitar la cláusula de escape que permite aumentar el gasto en defensa a costa de un aumento de la deuda pública. La ruptura del dogma del déficit cero de Berlín, precisamente para rearmarse, da cuenta del giro histórico europeo ante la guerra en Ucrania, la amenaza rusa y el alejamiento de Estados Unidos, tradicional aliado y garante de la seguridad europea. Junto al Gobierno alemán, otras 15 capitales han manifestado hasta ahora su intención de hacer uso de esta herramienta central en el plan de rearme europeo y 12 han formalizado su petición antes del fin del plazo (flexible) del 30 de abril. España todavía lo está valorando y no ha tomado una decisión.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordó este miércoles que la fecha fijada por el Ejecutivo comunitario es “orientativa” y que Bruselas “ya ha señalado que se podrá, para aquellos que los requieran, pedir la activación de la cláusula también más adelante”. “La decisión por parte de España no está tomada todavía, lo iremos valorando a lo largo de los próximos meses”, afirmó el ministro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde valoró como “positivo” que los Estados miembros puedan acogerse a ese elemento de flexibilidad de las reglas fiscales.
Europa se ha sumido en una carrera armamentística ante la posibilidad de un ataque ruso a medio plazo, como apuntan los servicios de inteligencia de algunos Estados miembros. La Comisión, que aspira a lograr la autonomía europea en defensa en 2030, presentó en marzo un plan de 800.000 millones de euros para aumentar el gasto militar y mejorar las capacidades europeas. La mayor parte de esa cuantía, 650.000 millones, saldrán de los presupuestos nacionales y por eso Bruselas se ha abierto a la suspensión de las reglas fiscales para gastar anualmente en este ámbito hasta un 1,5% más del PIB —fuera del techo de déficit del 3%— durante un periodo de cuatro años, sin ser penalizados.
El programa europeo se complementa con un plan de hasta 150.000 millones de euros de préstamos en condiciones ventajosas —con procesos de adquisición acelerados y simplificados, y exenciones en el IVA— para compras militares conjuntas. Es el denominado SAFE (seguro), que son las siglas en inglés de Acción de Seguridad para Europa, que junto con la flexibilidad fiscal componen el proyecto europeo que Bruselas bautizó como ReArm. Ante las quejas de Italia y España, donde la compra de armamento genera rechazo en sectores sociales, accedió a referirse a un elemento más amplio como la seguridad.
Europa aprieta en el gasto en defensa ante las presiones de su principal socio en materia de seguridad, Estados Unidos, que urge a los aliados no solo a cumplir con el compromiso en el seno de la OTAN de dedicar el 2% del PIB a esta materia, sino a incrementar la inversión por encima del 3% del PIB. España está a la cola en ese gasto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 22 de abril una inversión de 10.471 millones más de euros en defensa en 2025, hasta llegar a un total de 33.123 millones, para cumplir este mismo año con el objetivo del 2%. El incremento implica adelantar en cuatro años la fecha fijada hasta ahora por el Gobierno, que era 2029. Según Sánchez, España acabó el año pasado con el 1,40% en gasto militar, frente al 1,28% previsto inicialmente. Sumar, el socio de Gobierno a la izquierda del PSOE, mostró su rechazo al plan de inversión en defensa y lo tildó de “exorbitado” e incoherente.
Los países que han solicitado ya la cláusula de escape del pacto de estabilidad son sobre todo los que más expuestos se sienten a la amenaza rusa. La Comisión Europea confiaba en una acción coordinada de los Estados miembros antes de la fecha planteada del 30 de abril, pero de los 27 por ahora han presentado una solicitud formal Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Polonia y Portugal. Bulgaria, Chequia, Croacia y Lituania también han manifestado su intención de suspender las reglas fiscales, pero aún no han oficializado la solicitud. Italia no contempla hacer uso de esta herramienta.
La activación de la cláusula de escape permite a estos Estados miembros desviarse de sus sendas de gasto neto aprobadas o de su senda correctora en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo. Esta flexibilidad está prevista en caso de circunstancias excepcionales que tengan un impacto significativo en sus finanzas públicas.
Además de Alemania, que ha recurrido a una reforma constitucional para aumentar su presupuesto militar, varios países europeos tradicionalmente rigurosos con la deuda pública han aumentado significativamente su gasto en defensa. Polonia, que comparte frontera con el enlace ruso de Kaliningrado, Bielorrusia y Ucrania, es uno de ellos. Es el país que más invierte en defensa en la OTAN en proporción al PIB, con un 4,2% del gasto en 2024, y aspira a subirlo hasta el 4,7% en 2025. En 2002, cuando Rusia comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, esa partida correspondía al 2,7% del PIB.
Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad; Aplicación y Simplificación, ha celebrado la solicitud de activación de la cláusula de escape de los Estados miembros que la han presentado. “La UE da hoy un paso decisivo para impulsar su gasto y preparación en defensa”, ha declarado, y ha recordado que el Ejecutivo comunitario sigue abierto a más peticiones. “La Comisión seguirá velando para que esta flexibilidad se coordine y ayude a los países de la UE a transitar hacia presupuestos de defensa más elevados, preservando al mismo tiempo unas políticas presupuestarias sólidas”, ha añadido.
La Comisión evaluará ahora las solicitudes presentadas por los Estados miembros y enviará sus recomendaciones al Consejo para activar la cláusula nacional de salvaguardia como parte del próximo paquete del Semestre Europeo de primavera de 2025. El Consejo dispondrá entonces de un mes para tomar una decisión.
En un comunicado, el Consejo ha valorado que la flexibilidad fiscal contribuirá sustancialmente a reforzar la seguridad de la Unión Europea y la protección de la ciudadanía. El órgano de decisión de la Unión espera que esta herramienta permita reducir las dependencias estratégicas europeas, “abordando sus carencias críticas de capacidades y fortaleciendo en consecuencia la base tecnológica e industrial de la defensa europea”.
