Un juez federal ha ordenado a la Administración de Donald Trump conservar los mensajes escritos en un grupo de altos cargos en la aplicación Signal sobre los planes para bombardear posiciones de la guerrilla Huthi en Yemen el 15 de marzo. La existencia del chat y de los mensajes habían salido a la luz porque el creador del grupo, el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, había incluido sin darse cuenta en él a un prominente periodista, el director de la revista progresista The Atlantic, Jeffrey Goldberg.
La orden del juez James Boasberg exige a los organismos federales cuyos dirigentes participaron en la conversación que conserven todos los mensajes enviados a través de la aplicación entre el 11 de marzo, el día que se creó el chat, y el 15.
Un abogado del Departamento de Justicia, en representación del Estado, había indicado que los organismos gubernamentales ya trabajaban para determinar qué mensajes todavía existen y cuáles se podrían recuperar. Signal permite a sus usuarios programar sus mensajes para que se borren automáticamente al cabo de una semana o cuatro.
El juez Boasberg, al que se le ha asignado este caso por turno, es también el encargado del caso abierto por la expulsión de más de 200 inmigrantes venezolanos, que fueron deportados el pasado 16 de marzo sin proceso alguno y luego recluidos en una cárcel de El Salvador, a pesar de que el magistrado había prohibido despegar a los aviones que los trasladaron. La Administración de Trump asegura que las aeronaves ya estaban volando cuando el juez emitió su orden, algo que, según expertos en Derecho consultados por EL PAÍS, no eximía a las autoridades de cumplir la orden judicial. Boasberg incluso había exhortado a los aviones a regresar si ya no estaban en tierra.
La fiscal general Pam Bondi atacó de nuevo este jueves al magistrado aludiendo precisamente a esa otra causa. Según afirmó, Boasberg no debería juzgar el caso Signal ni otros que afectan a la Administración de Trump. Bondi describió al magistrado como uno de los jueces federales que están tratando de “obstruir la agenda” del presidente republicano. En una entrevista con el programa The Ingraham Angle, de la cadena conservadora Fox, la fiscal general sostuvo que el juez “no puede ser objetivo”, algo que, sostuvo, “ha quedado meridianamente claro”.
El 17 de marzo, el Departamento de Justicia pidió recusar al magistrado, y los abogados del Gobierno se negaron a contestar sus preguntas.
Planes de ataque
El caso por el chat sobre los planes para bombardear Yemen ha llegado a los tribunales después de que la organización American Oversight, que monitorea la actuación del Gobierno, presentara una demanda contra las agencias federales representadas en el hilo de mensajes de Signal. Alega que el uso de esa aplicación, que permite el borrado automático de los mensajes, viola una ley federal de registro de información.
“Agradecemos la decisión del juez de detener la destrucción de estos registros críticos. El público tiene derecho a saber cómo se toman las decisiones sobre la guerra y la seguridad nacional, y la responsabilidad y la rendición de cuentas no desaparecen porque un mensaje se autoelimine”, precisó en un comunicado Chioma Chukwu, directora ejecutiva interina de American Oversight.
Después de que la Casa Blanca restara importancia al uso de Signal para discutir planes de guerra, así como a la inclusión del director de The Atlantic en el chat —la Administración de Trump sostiene que la información compartida en la aplicación no estaba clasificada— la publicación publicó el contenido de la conversación. Los mensajes revelaron discusiones entre altos funcionarios de seguridad nacional sobre ataques militares planeados contra la milicia Huthí. El secretario de Defensa Hegseth compartió incluso datos muy detallados sobre el tipo de aviones que iban a lanzar los misiles contra las posiciones hutíes, el minuto preciso y el tipo de armas.
Las reiteradas afirmaciones de la Administración de que esa información no estaba clasificada —incluso que el propio Hegseth fue quien decidió que no lo estuviera— desencadenaron el pasado miércoles la ira de los legisladores demócratas, que pidieron la destitución del secretario de Defensa en una audiencia prevista con anterioridad del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
