En octubre de 2018, el Gobierno anunció que subiría un 22% el salario mínimo interprofesional (SMI) a partir del 1 de enero de 2019, desde los 735,9 euros al mes en los que estaba fijado entonces, hasta los 900 euros. Aquella decisión pilló por sorpresa a muchas empresas, obligándolas a rehacer sus cuentas. Ese comportamiento de las firmas, por su carácter improvisado, es objeto de análisis en el estudio Firm-Level Employment Dynamics and Minimum Wages: Evidence from Spain (Dinámica del empleo a nivel de empresa y salario mínimo: Datos de España) elaborado por Fedea, que refleja cómo esos 164,1 euros extra impactaron principalmente sobre aquellas empresas con entre 1 y 5 trabajadores. El documento señala que muchas de ellas se vieron forzadas a despedir como medida de ajuste, mientras que aquellas con un tamaño superior recurrieron a la parcialidad y a la reducción de horas.
“La subida del SMI tuvo un impacto muy significativo en el empleo durante los primeros 12 meses de aquel año”, señala el informe firmado por los investigadores de Fedea Jorge Casanova (Lexecon y Universidad de Alicante); David Catalán (EZH Zurich); Florentino Felgueroso (Fedea), y Marcel Jansen (Universidad Autónoma de Madrid). Para medir el impacto, el texto se basa en el Panel Empresa-Trabajadores (PET), una base de datos elaborada por la Tesorería General de la Seguridad Social con información emparejada de empleadores y empleados para el período 2017-2020. Sin embargo, se centra en el año 2019, tomando en consideración la proporción de trabajadores de cada empresa cuyo salario estaba por debajo del nuevo SMI en 2018.
“Aquella subida tuvo efectos muy representativos”, ha explicado Jansen durante la presentación del informe esta mañana en la sede del centro de análisis, vinculado al Banco de España y financiado por grandes compañías españolas. “Por un lado, provocó que se acortase la duración de los contratos a través de una reducción del número de horas; y por otro, forzó el paso de empleos indefinidos a parciales. Así lo capearon las pequeñas empresas, aunque este impacto fue estadísticamente significativo para aquellas con menos de 50 trabajadores”, ha agregado.
De acuerdo con las mediciones que incorpora el estudio, el 21% de las empresas y el 12% de los trabajadores se vieron entonces directamente afectados por el aumento del SMI. En las firmas de menos de 5 trabajadores, la exposición fue del 100% (la totalidad de la plantilla); en cambio, en empresas con más de 250 empleados fue del 2%, lo que deja un impacto prácticamente marginal. “En empresas donde el 100% de los empleados ganaba por debajo del nuevo SMI, el crecimiento salarial aumentó en 11,4 puntos porcentuales, mientras que el empleo cayó un 4,5%”, indica el informe. “Un 40% de los beneficios esperados del aumento del salario mínimo se perdieron por la destrucción de empleo”, añade.
Otra de las conclusiones principales del texto de Fedea, y que, como ha reconocido Jansen, contraviene la idea de que las subidas “limpian” el mercado de aquellas empresas que no son capaces de ofrecer salarios equiparables al SMI, es que aquellos trabajadores que salieron en 2018 del mercado de trabajo no encontraron un puesto mejor pagado en 2019. “El nuevo empleo creado era de peor calidad que el de antes de la subida, ya que no hay evidencia de que en los primeros doce meses el nuevo SMI empujase a los trabajadores hacia mejores puestos, como se observó en el caso de Alemania. Se descartan por completo efectos positivos, por lo menos, durante el primer año”, ha especificado Jansen.
Los peor parados por la destrucción de empleo fueron los jóvenes, las mujeres y los trabajadores poco cualificados.
Pese a esto, el aumento del SMI alteró el ritmo del mercado de trabajo en ambas direcciones. Esto es, al incremento de las salidas se sumó también una elevada contratación, lo que generó que los flujos de empleo (como se conoce a la conjunción de estas dos situaciones) se disparasen en comparación con ejercicios precedentes. Sin embargo, esos nuevos empleos vinieron de las compañías de mayor tamaño, pero con condiciones inferiores a las anteriores.
En cuanto a la repercusión geográfica del aumento del suelo salarial, las regiones más afectadas fueron Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, por estar más expuestas que otras por el tipo de puestos ofertados. Por sectores, los de mayor desgaste se concentraron en el comercio minorista, la hostelería y la construcción.
Sin margen
Consultado sobre la voluntad del Ministerio de Trabajo y su responsable, Yolanda Díaz ―en connivencia con los sindicatos―, para instaurar por ley la equiparación automática del salario mínimo con el 60% del salario medio del país (como establece la Carta Social Europea suscrita por el Gobierno), Jansen ha mostrado su recelo ante la perspectiva de aislar estas subidas del comportamiento de la economía. “Además de ser un objetivo muy ambicioso, España es el país que es. Seguimos teniendo un mercado laboral con una tasa de desempleo que duplica a la media comunitaria, además de una elevada precariedad en el empleo”, ha descrito. “La pega principal es que poner este objetivo en la ley quita cualquier margen de adaptar la política del SMI a la evolución del mercado laboral, y esto podría dar efectos contraproductivos”, ha reflexionado.
En su opinión, sería conveniente formar una comisión de expertos independiente que cuente “con los mejores datos disponibles” para asesorar a cada Gobierno del margen de actuación del que dispone. “Porque hacerlo como quiere la ministra es algo arbitrario, y un próximo Gobierno a lo mejor no estaría de acuerdo”, ha concluido.
