“Hace falta un segundo acuerdo marco que de certeza y seguridad económica a los empleados públicos, que desde el 1 de enero no saben cuánto van a cobrar”, ha defendido este lunes Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, durante un acto en el que el sindicato ha hecho balance de los tres años de vigencia del anterior pacto (2022, 2023 y 2024), y ha esbozado las líneas maestras de las que serán sus nuevas propuestas para el nuevo marco. Entre ellas destacan la supresión de la tasa de reposición, la equiparación de los perfiles de los empleados públicos de las distintas administraciones y el establecimiento de una nueva senda de crecimiento plurianual que replique la fórmula del anterior acuerdo, esto es, que parta de unos aumentos fijos para cada ejercicio (que no han desgranado), y a los que se sume una cláusula de revisión que se aplique cuando estas subidas se queden por debajo del IPC.
“No tenemos una bola de cristal para saber cómo puede actuar el IPC, pero repetir el sistema de incrementos que se definió en el anterior acuerdo marco ha supuesto dar certeza y seguridad económica a los más de tres millones de trabajadores públicos. Repitámoslo”, ha defendido Araque, quien ha reclamado al Gobierno que cite lo antes posible a la mesa de diálogo para empezar a trabajar en el nuevo marco.
“El anterior pacto terminó en diciembre, estamos prácticamente en abril, y desde principios de año los empleados públicos no saben cuánto van a cobrar”, ha lamentado Araque, quien ha reconocido que, hasta el momento, el sindicato no ha recibido ninguna comunicación por parte de Función Pública; al tiempo que ha afeado el comportamiento del Gobierno en cuanto a la no aplicación del 0,5% que resta por añadir a las remuneraciones de los empleados públicos que pende todavía del anterior acuerdo marco. “No hay excusas para que no se lleve al Consejo de Ministros y se aplique ya”, ha conminado Araque.
Junto con el establecimiento de una nueva línea de mejoras salariales para los próximos ejercicios, la eliminación de la tasa de reposición, esto es, la ratio que establece el número de incorporaciones necesarias en función de las bajas previas, es nuevamente otra de las demandas que pondrá UGT sobre la mesa. “Es el mayor tapón que existe hoy en la Administración”, ha señalado Araque, quien ha recordado que la edad media de la plantilla pública es de 53 años, y, por tanto, es necesario agilizar la incorporación de los nuevos trabajadores. “Si lo que se busca es No puede ser que se tarde entre 3 y 4 años. El plazo máximo desde que nace una Oferta Pública de Empleo (OPE) hasta que la persona esté en su puesto debe ser de, máximo, 18 meses. Porque esto es lo que hace que incentive a forma parte de la estructura de las distintas Administraciones”, ha ampliado.
Otro de los principales caballos de batalla para UGT en la futura Mesa de las Administraciones Públicas será la equiparación de los perfiles de los trabajadores públicos de las distintas Administraciones. “Se han de establecer unos criterios homogéneos que permitan una correcta clasificación de los trabajadores que permita llevar a cabo la movilidad entre las Administraciones. A las personas se les tiene que pagar por lo que hacen y por la formación que tienen, y esto ahora no se está haciendo”, ha criticado Araque.
Promoción interna
La enorme temporalidad con la que cuenta el sector público ―que rozó el 30% a finales de 2024― y las fórmulas para tratar de combatirla ocupan también un puesto preponderante en la lista de demandas que ha trasladado UGT. Además de agilizar los plazos de entrada a 18 meses, Araque ha planteado que la bolsa de aprobados sin plaza tienen computen, y no sea necesario hacer una nueva convocatoria. “Esto va a hacer pieza clave para terminar con la temporalidad”, ha indicado Araque, pese a que ha considerado imposible rebajar esta tasa al 8%, tal y como establece la Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el sector público.
Además de armar distintas vías para acelerar el rejuvenecimiento de la plantilla pública, de favorecer la movilidad, y de incrementar su atractivo, Araque también ha demandado una mayor agilidad en los procesos de promoción interna, por ejemplo, a partir de la flexibilización del requisito de titulación para la promoción interna. “¿Cómo no va a valer la experiencia que pueda acreditar un trabajador junto con los cursos de formación para promocionar entre un subgrupo y otro?“, se ha preguntado.
Consultada acerca de si las medidas que plantear exponer han sido trasladadas al resto de sindicatos participantes, Araque ha reconocido que no, aunque ha deseado “como siempre” que exista unión sindical y ha abogado por “una plataforma conjunta”. Sin embargo, CSIF adelantó la semana pasada su voluntad de manifestarse este miércoles, 19 de marzo, frente al Ministerio de Hacienda ―de quien dependen las competencias en materia de remuneración de los empleados públicos―, como forma de presión.
