El Ministerio de Hacienda no ha elevado este año el mínimo exento de IRPF para adecuarlo al salario mínimo interprofesional, como había hecho en años anteriores con cada nuevo incremento del suelo retributivo. Esto desencadenó una pelea en el Gobierno, con Hacienda a un lado insistiendo en que el subidón del SMI (un 61% desde 2018) exige que parte de sus perceptores tributen y Trabajo al otro, subrayando que las subidas fiscales deberían centrarse antes en otros colectivos con más recursos. Al final se llegó a una solución de consenso, por la cual los perceptores del SMI a los que afectaba la no elevación de la exención (en torno a un 20% del total, la mayoría solteros sin hijos) adelantarán este año el IRPF mediante retenciones y se les devolverá a través de una deducción en la renta de 2026. El acuerdo no precisa qué sucederá en adelante, lo que preocupa “enormemente” a UGT. Esta sucesión de acontecimientos ha motivado al sindicato para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, en la que reclaman que los ingresos anuales iguales o inferiores al SMI (16.576 euros) no estén sujetos a retenciones y que la exención fiscal permanezca vigente mientras que el SMI no alcance el 60% del salario medio. El Gobierno estima que sí se ha alcanzado ese nivel, mientras que UGT considera que no.
La queja, que lleva la firma del secretario general Pepe Álvarez, indica que “la tributación en 2025 del salario mínimo interprofesional lesiona económicamente a gran parte de las personas perceptoras”. Considera “vital” que no haya personas contribuyentes que sufran cargas fiscales “desproporcionadas, injustificadas por su nivel de renta”. Es lo que creen que sucede “con las personas perceptoras de rentas en el entorno de la cuantía anual del salario mínimo, que soportan tipos marginales excesivos, muy superiores al que les debería corresponder en aplicación de la tarifa progresiva del impuesto”. Creen que esta circunstancia “vulnera los principios de igualdad y progresividad en los que se sustenta nuestro sistema tributario” y “pervierte la intencionalidad de una política laboral trascendente como es la revalorización del salario mínimo”.
Asimismo, en el texto UGT carga con contundencia contra el departamento de María Jesús Montero: “El Ministerio de Hacienda actúa silenciando por completo la voz del diálogo social, pese a pedirse expresamente para abordar la tributación del IRPF en relación con el SMI”. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que ha registrado la queja este miércoles en el Defensor del Pueblo, ha explicado este punto: “Se ha alcanzado un acuerdo que no conocemos porque no tenemos el texto. No sabemos si es para este 2025 o para ejercicios sucesivos. Creemos que viola el derecho fundamental de la libertad sindical, el reconocimiento de la negociación colectiva. Esto se debe hablar en el diálogo social, que se escuche a los interlocutores sociales”.
Luján ha insistido en la tesis que viene defendiendo su sindicato, que el SMI español aún no ha alcanzado el 60% del salario medio. “Según Eurostat el importe del salario medio en España para 2023 fue de 32.587 euros brutos, por lo que el 60% alcanzaría la cantidad de 19.552 euros, 1.397 euros brutos en 14 pagas”, estima el sindicato. Esta cifra no coincide con la que señala la Comisión de Expertos que recomendó la subida del salario mínimo en 2025, cuya tarea era aconsejar con qué cifra el SMI se acompasaría con ese 60%. Recomendaron dos escenarios, uno de ellos de 50 euros (el superior), el que escogió Trabajo y que elevó la cifra hasta 1.184 euros brutos en 14 pagas. UGT y CC OO avalaron esa subida, pero no las patronales.
“No es el momento de que el salario mínimo interprofesional tribute en el IRPF porque no hemos alcanzado el 60% que establece el artículo 4 de la Carta Social Europea. No se deberían gravar aquellas rentas que aún no han alcanzado los niveles de dignidad y suficiencia que exigen los tratados internacionales que suscribe España. Hasta que no se alcance ese umbral, nos parece que las rentas no deben de tener ningún detraimiento”, ha agregado Luján.
“Carácter estructural”
En las conclusiones, UGT solicita al Defensor del Pueblo que requiera al Gobierno de España que, “previa negociación con los interlocutores sociales”, promueva las modificaciones normativas necesarias “que permitan fijar un SMI cuya fiscalidad, en particular en lo relativo a la contribución por el IRPF, respete los principios de igualdad y progresividad”, de forma que se garantice que los ingresos anuales iguales o inferiores al SMI fijado para 2025 (16.576 euros) no tributen. El sindicato también pide que “esta medida de exención fiscal tenga carácter estructural y permanezca vigente mientras el SMI no alcance, al menos, el 60% del salario medio en España”.
Finaliza con una reivindicación de la negociación colectiva: “Que se inste al Gobierno de España a garantizar, normativamente incluso, si procede una reforma que dé más seguridad jurídica al deber actual a tal fin, un proceso de diálogo social con los interlocutores sociales para modificar la regulación del IRPF”.
