Nueva York (EFE).- El gobierno de Donald Trump despidió este viernes a casi toda la rama de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), desmantelando prácticamente dichos servicios y los relacionados con inmigración de esta oficina gubernamental en EE.UU., según divulgaron varios medios estadounidenses.
Más de cien empleados fueron informados este viernes de que cuentan con 60 días de licencia (o baja) para encontrar otro empleo en la Administración o serán despedidos en mayo, según fuentes de The New York Times.
Esta rama del DHS incluye la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración, que se encarga de supervisar las políticas de inmigración legal de la administración.
Estas tres agencias de vigilancia interna, que contaban con aproximadamente 300 empleados, se encargaban de investigar quejas y abogaban por los derechos de los inmigrantes, gestionando sus condiciones en caso de detención, el cuidado de menores migrantes y las demoras en la tramitación de solicitudes de residencia permanente y ciudadanía.
Las críticas del Gobierno Trump a esta rama del Departamento de Seguridad
El DHS aseguró que estas tres oficinas «en lugar de apoyar las iniciativas de aplicación de la ley, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones».
«Estas oficinas han obstaculizado la aplicación de la ley migratoria al añadir trabas burocráticas y socavar la misión del DHS», declaró la portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, en un comunicado recogido por medios.
«El DHS mantiene su compromiso con la protección de los derechos civiles, pero debe optimizar la supervisión para eliminar los obstáculos a su aplicación. Estas reducciones garantizan que el dinero de los contribuyentes apoye la misión principal del departamento: la seguridad fronteriza y el control migratorio», incidió.
Estas medidas son el último intento de Trump para eliminar las divisiones en materia de derechos civiles y los mecanismos de supervisión y vigilancia interna de las agencias gubernamentales estadounidenses.
