El Ministerio de Trabajo ha trasladado este viernes a los empresarios y los sindicatos su propuesta de cómo quiere que la ley establezca las futuras revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI). El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge los nuevos criterios que el departamento que dirige Yolanda Díaz quiere que se tengan en cuenta para determinar cada año el volumen de esta renta mínima; y especifica que “la cuantía del SMI será, en todo caso, igual o superior al 60% del salario medio neto en España”.
Esta propuesta ha sido entregada a los interlocutores sociales en el marco de la nueva mesa de diálogo social iniciada el pasado 31 de marzo para trasponer a la ley la Directiva Europea sobre salarios mínimos. Es un proceso que ya va con retraso porque la normativa comunitaria debía de estar incorporada en el ordenamiento jurídico español desde el pasado 15 de noviembre. El texto final, sea consensuado o no, modificará el artículo número 27 del Estatuto de los Trabajadores, y deberá ser previamente aceptado en el Parlamento, otro paso que no se antoja sencillo dado el actual reparto de escaños.
El documento entregado a los interlocutores sociales es un borrador del texto normativo que, además del porcentaje del 60%, establece que el Gobierno esté obligado por ley a decidir la revalorización del salario mínimo no solo tras consultar a las organizaciones patronales y sindicales más representativas, como ya ocurre en la actualidad. A ese requisito añade el de contar con un “informe previo de la Comisión Asesora para el análisis del salario mínimo”. Dicha comisión ya existe, pero el documento ministerial presentado en la mesa de diálogo social propone darle mayor cobertura normativa, y que sea el Estatuto de los Trabajadores el que establezca también su creación, composición y funciones.
Además, se añaden elementos a los cuatro que, según la ley actual, el Gobierno debe tener en cuenta para actualidad anualmente el SMI. Estos cuatro son la evolución del índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general. Trabajo plantea algunos matices a estos criterios, como que además del IPC general se considere el “poder adquisitivo” del salario mínimo; o que se tenga en cuenta la evolución de la productividad también “a largo plazo”. Y propone sumar dos criterios más: que el SMI sea garantía de “un nivel de vida digno”, “incremente la cohesión social” y “atienda al fenómeno de la pobreza laboral”; y, en segundo lugar, que “los aspectos distributivos atiendan especialmente a los salarios más bajos y consideren el impacto del sexo”.
Rechazo patronal
En la primera reunión de final de marzo, los empresarios recibieron con mucho recelo las propuestas que planteó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El primer rechazo patronal se basó en que el planteamiento inicial, que se hizo de forma exclusivamente verbal, incluía algunas cuestiones que formaban parte del último acuerdo entre el ministerio y los sindicatos mayoritarios, del que CEOE y Cepyme se descolgaron. Los negociadores patronales interpretaron que la intención de Trabajo era “hacer otra reforma laboral por partes”. La nueva propuesta, esta vez por escrito, elimina algunos de esos aspectos, pero no ha despertado mayor aceptación entre los representantes empresariales, según distintas fuentes conocedoras de la marcha de las negociaciones.
A falta de un rechazo formal por parte de los órganos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la nueva fórmula escogida por Trabajo se sitúa en el centro de esa negativa. En la patronal no ven asumible que la ley fije que el salario mínimo sea al menos equivalente como mínimo al 60% del salario medio neto o “superior”. Las fuentes consultadas se declaran “dispuestas a negociar, pero no con el objetivo final ya escrito”. De fondo subyace el recelo de los empresarios a que esa fijación del SMI condicione fuertemente la negociación colectiva y limite considerablemente la autonomía de los negociadores de los convenios colectivos.
La referencia del 60% de salario medio neto, o incluso un porcentaje superior, puede traducirse en cuantías más elevadas a los criterios mínimos que barajan tanto la propia directiva europea de salarios mínimos que se pretende trasponer al ordenamiento español, como las interpretaciones oficiales de la Carta Social Europea.
La directiva comunitaria remite a la utilización por parte de los Estados de “valores de referencia comúnmente utilizados a escala internacional” y concreta algunos referentes porcentuales como “el coeficiente que supone el salario mínimo bruto en relación con el 60% de la mediana salarial bruta; el coeficiente que supone el salario mínimo bruto en relación con el 50% del salario medio bruto” o “el coeficiente que supone el salario mínimo neto en relación con el 50% o el 60% del salario medio neto”. Trabajo ha optado por esta última referencia, pero especificando por ley que la cuantía del SMI pueda representar un porcentaje todavía mayor.
En cuanto a la Carta Social Europea, que es lo que pactaron respetar el PSOE y Sumar en su último acuerdo de Gobierno, esta no incluye ninguna referencia porcentual concreta. Pero sí lo hace el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa, que es el organismo encargado de interpretar la Carta Social. Según ha indicado el CEDS, los Estados deben garantizar una remuneración justa, asegurando que los salarios mínimos se fijen en no menos del 60% del salario medio neto nacional.
En este sentido, fuentes sindicales han calificado la reunión de este viernes como “larga e improductiva” y han lamentado que Trabajo no haya concretado la fecha del siguiente encuentro en el que las partes responderán a la propuesta del Gobierno. Los representantes de los trabajadores temen que las decisiones en materia de SMI se dilaten más de la cuenta debido a la complicada negociación que el Ejecutivo abrirá la semana próxima en el Congreso de los Diputados para reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Así como por la tensión interna que viven las organizaciones por el proceso electoral en Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas que se integra en CEOE.
Nuevos criterios
Otra novedad que tampoco será probablemente bien recibida por los órganos de gobierno patronales es el punto del documento que fija una nueva obligación empresarial de información. Así, Trabajo pretende que en la primera reunión para negociar un “convenio de empresa o inferior, de grupo de empresas y de los que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas”, la parte empresarial deberá entregar su documentación económica. En concreto, el documento se refiere al balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a estos. Se deberán incluir también los modelos de contrato de trabajo que use la compañía y los documentos de la finalización de la relación laboral.
La propuesta de Trabajo busca dar satisfacción a una reivindicación sindical, que es la de conocer, a la hora de negociar los convenios sectoriales, los márgenes de las empresas del sector. Para ello, el ministerio propone que en la negociación de los convenios colectivos de ámbito sectorial “tanto la representación de la empresa como la de las personas trabajadoras” puedan solicitar, “a través de procedimientos previstos reglamentariamente” informes “sobre las cuentas económicas agregadas, la cifra de negocio, el margen bruto, los gastos de personal y los resultados económicos del ámbito territorial y funcional del convenio”.
El SMI está fijado actualmente en España en 1.184 euros mensuales, repartidos en 14 pagas. Aunque su actualización depende en última instancia del Gobierno, este negocia previamente con los agentes sociales. La retribución mínima ha subido más del 60% desde 2018, y el Ejecutivo ha logrado en todos esos años el apoyo de los sindicatos CC OO y UGT. Los empresarios se han descolgado de los últimos acuerdos.
