El Ministerio de Trabajo ha abierto este lunes un nuevo foco de conflicto con los empresarios que se sumará a la lucha que ambas partes mantienen sobre la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales, ahora en pleno trámite parlamentario. El nuevo conflicto ha surgido en el marco del diálogo social, con la propuesta que ha hecho el departamento que dirige Yolanda Díaz a patronal y sindicatos para, entre otras cosas, automatizar de ahora en adelante las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), algo que ya ha sido rechazado por los empresarios, según han informado fuentes de la negociación. Esta propuesta forma parte de las conversaciones que han dado comienzo este lunes para trasponer la directiva europea sobre salarios mínimos, que debería de haberse incluido en la normativa estatal española antes del pasado 15 de noviembre.
La nueva mesa negociadora responde también a lo pactado entre Trabajo y los sindicatos para la subida del salario mínimo en 2025. El acuerdo recogía —además del incremento de esta renta hasta los 1.184 euros anuales en 14 pagas para este año— el compromiso de abordar, en el plazo de dos meses y en el seno del diálogo social, las cuestiones incluidas en la directiva europea, así como otras relacionadas. Uno de los temas que ha llevado este lunes a la mesa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, consiste en adecuar el SMI a valores de referencia comúnmente utilizados a escala internacional, de manera que esta renta se sitúe en “el 60% de la mediana salarial bruta de cada país y el 50% del salario medio bruto”, como indica la mencionada directiva. Pero también se han tratado la clarificación de las reglas que impiden que las mejoras del salario mínimo sean absorbidas o compensadas; y aprobar el traslado automático y retroacitvo de las futuras subidas del SMI en los convenios, han precisado fuentes que han asistido al encuentro.
Fuentes empresariales han recibido con recelo estas propuestas del Ejecutivo, al considerar que “solo responden a lo pactado con los sindicatos”, ya que la patronal no firmó el último acuerdo para subir el salario mínimo. Además, aseguran que, tal y como han reconocido los propios expertos del Ministerio de Trabajo, el salario mínimo ya cumple con el 60% del salario medio español, el porcentaje que marca la Carta Social Europea. Asimismo, han recordado que existe la posibilidad de que la directiva comunitaria que se pretende trasponer al ordenamiento jurídico español sea anulada en breve debido a la denuncia formulada por Dinamarca y Suecia. De hecho, el abogado general de la UE ya se ha mostrado proclive a anular dicha normativa.
Ante esta queja patronal, fuentes del diálogo social han defendido que “se anule o no la directiva europea, existe el compromiso del Gobierno de abordar todos estos asuntos con la patronal y los sindicatos, que es lo que ha arrancado este lunes”. “Si los empresarios no quieren negociar, luego no podrán decir que lo que se practica es el monólogo social”, han agregado.
Sin embargo, no es así como lo ven desde la patronal, donde consideran que en la mesa de este lunes se han planteado tantos cambios y de tal calado que su negociación equivaldría prácticamente a “otra reforma laboral hecha nuevamente por partes”. Además, el hecho de que todas estas propuestas de Trabajo hayan sido solo verbales y no hayan estado acompañadas de documentos por escrito tampoco ha facilitado el inicio de las negociaciones, añaden las mismas fuentes. Por ello, el Ministerio se ha comprometido a trasladar formalmente a los interlocutores sociales las propuestas planteadas antes del próximo encuentro de esta mesa negociadora, previsto para finales de mes.
Otra de las cuestiones que se han abordado en el encuentro, según varios de los asistentes, ha tenido que ver con el acceso de los negociadores sindicales de los convenios colectivos a la información de los márgenes de beneficios empresariales de los sectores. Es algo que tampoco ha sido visto con buenos ojos desde el lado patronal. A pesar de que esta cuestión no se incluye estrictamente en la trasposición de la directiva, los sindicatos lo han reclamado en reiteradas ocasiones y creen que esta negociación podría ser la vía para regularlo.
