Telefónica del Perú (TdP) ha suspendido los pagos que le demanda la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ―la Agencia Tributaria peruana― alegando que entran dentro del Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) que la compañía inició en febrero de 2025 ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El pronunciamiento de Telefónica se produce tras la última notificación de la Sunat de una nueva resolución en la que reclama por vía ejecutiva 947 millones de soles peruanos (241 millones de euros al cambio actual). Se trata de una reclamación más a cuenta de la deuda exigible derivada del contencioso por el Impuesto a la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 2000 y 2001, que ascendía en total a más de 1.200 millones de euros, incluyendo intereses, durante los más de 20 años que dura el litigio fiscal con la Hacienda peruana.
La filial de la compañía española alega que las condiciones para el pago de esta obligación tributaria deben ser determinadas en coordinación con todos los acreedores, de los que la Sunat figura en primer lugar, en la junta de acreedores que convocará la empresa una vez que Indecopi acepte el concurso. Para ello, el organismo tiene un plazo de 90 días a contar desde la presentación de la solicitud, que se realizó el pasado 24 de febrero.
“Las condiciones para el pago de esta obligación serán determinadas como parte del procedimiento concursal y de forma coordinada con todos los acreedores. La empresa confía en que tanto Sunat como los demás acreedores establecerán que la reestructuración financiera iniciada ante Indecopi es la mejor alternativa para asegurar el curso ordinario de sus operaciones y la continuidad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como fijar las condiciones de pago de las obligaciones pendientes en línea con la generación futura de flujos de caja de TdP”, señaló la teleco en el hecho relevante remitido al regulador bursátil, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Asimismo, Telefónica del Perú reiteró que su principal compromiso es la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, y, mientras se resuelve el concurso, iniciará todas las acciones legales que sean requeridas para proteger los recursos líquidos a los que tiene acceso y que requiere para el normal desarrollo de sus operaciones y para la consecuente protección del interés del conjunto de sus acreedores.
“En este contexto de reestructuración financiera, resulta imprescindible priorizar la prestación de los servicios públicos a más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales. Precisamente, Telefónica Hispam [matriz de Telefónica del Perú] ha concedido una línea de crédito destinada exclusivamente a cubrir las necesidades operativas de caja para mantener la prestación del servicio, lo cual no cubre el pago de la deuda fiscal o financiera. De este modo, se maximiza el patrimonio de la compañía con el fin de proponer el mejor plan de reestructuración posible a sus acreedores”, complementó.
La inyección crediticia referida es por 394 millones de euros (1.549 millones de soles peruanos), con un vencimiento de 18 meses, pero Telefónica Hispam dejó claro que no se destinaría al pago de la deuda ni a ninguna obligación fiscal sino hacer frente a las necesidades inmediatas de pagos a proveedores y empleados.
Plan de reestructuración de deuda
Una vez que se apruebe el concurso, Telefónica Perú podrá presentar un plan de reestructuración de la deuda en la Junta de Acreedores. Este organismo, donde estarán representados todos los acreedores encabezados por la Hacienda peruana y los bonistas, es el que debe decidir si acepta la propuesta de la empresa, la rechaza o presenta un plan alternativo.
Los estados financieros de la filial andina de 2024, auditados por PWC, cifran el principal de la deuda de Telefónica Perú en 4.838 millones de soles, que equivalen a 1.241 millones de euros. El mayor acreedor es la Sunat con 2.473 millones de soles, unos 634,5 millones de euros. En segundo lugar, figuran los tenedores de bonos emitidos por la compañía, en un volumen total de 2.365 millones de soles, unos 606,3 millones de euros.
De acuerdo con el hecho relevante elevado ante la Superintendencia del Mercado de Valores, de la deuda tributaria exigible -que ascendía al momento de la sentencia a más de 3.000 millones de soles- la empresa anunció, en abril del 2024, que procedería con el pago de 1.361 millones como parte de esta deuda, tras la sentencia que dictó en enero de 2023 la Corte Suprema en favor de la Sunat.
Paralelamente, la operadora de telecomunicaciones ha contratado a Rothschild para vender su filial peruana en una operación que puede involucrar a los fondos de inversión y de pensiones acreedores, mediante una conversión de deuda por capital. Pero la presencia de la Hacienda peruana como principal acreedor complica bastante esa venta. Además, la operadora ha cancelado de forma definitiva el acuerdo con el fondo de inversión estadounidense KKR para incorporarlo en el capital de PangeaCo, su sociedad de fibra óptica de la compañía en Perú, lo que también va en detrimento de una desinversión.
