Romain Duval es subdirector del Departamento Europeo del FMI, donde es jefe de misión para España y dirige la agenda del Departamento en materia de crecimiento, empleo, clima y energía, tras haber dirigido la Unidad de Perspectivas Económicas Regionales para Europa y las Economías Emergentes. Ha dirigido el examen que cada año hace el FMI a España, como establece el artículo IV de su convenio constitutivo, y en el que en esta ocasión ha sacado buena nota. La guerra comercial y la fragmentación política son riesgos a la baja, pero España está la mitad de expuesta a los aranceles de Estados Unidos que la media europea, explica. El Consejo Ejecutivo del FMI ha aprobado el informe con el procedimiento del Lapse of Time (LoT, paso del tiempo), sin someterla a debate formal, lo que en sí es un indicio de que España no suscita grandes preocupaciones en el Fondo.
Pregunta. No es habitual que las consultas del artículo IV sobre una gran economía se aprueben con el procedimiento del Lapse of Time. ¿Qué supone eso?
Respuesta. No es tan inusual. Por ejemplo, en los últimos años se ha publicado un artículo IV sobre Australia por esa vía, de modo que hay países del G20 que han pasado por el LoT. En segundo lugar, es básicamente un reflejo del buen rendimiento económico de España en múltiples dimensiones a corto plazo. El crecimiento ha sido fuerte y significativamente superior al crecimiento medio de las economías avanzadas, el desempleo ha disminuido con fuerza, las finanzas de los hogares y las empresas han seguido mejorando, y los balances de los bancos son sólidos. El año pasado, realizamos una evaluación de la estabilidad del sector financiero que concluyó que el riesgo financiero sistémico era bajo. España tiene superávit por cuenta corriente bastante grande, lo que es una gran diferencia con la crisis del euro. Todo eso en combinación ha llevado al consejo a aprobar el informe con el método de LoT.
P. Ustedes señalan que unos aranceles del 10% de Estados Unidos a la UE tendrían un impacto del 0,1% en el producto interior bruto español. ¿Qué riesgo hay de que sea mayor?
R. España está, por supuesto, expuesta a los aranceles, pero para simplificar un poco, aproximadamente está la mitad de expuesta que la media europea. Eso refleja en gran medida el hecho de que la exposición comercial de España a Estados Unidos, tanto directa como indirecta, es baja. Por ejemplo, pensemos en la cadena de suministro del automóvil, donde España exporta piezas a Alemania que se montan y se exportan en forma de automóviles a Estados Unidos. Si sumamos la exposición directa y la indirecta a Estados Unidos, España está significativamente menos expuesta que otras economías como Alemania o algunos países de Europa del Este. Hay que dejar esto claro. En cuanto a las cifras, cuando se analizan las diferentes herramientas que tenemos para evaluar los efectos de los aranceles, en promedio, un arancel del 10% de Estados Unidos implica un 0,1 % menos de PIB en España. Ahora bien, hay que decir que hay mucha incertidumbre al respecto y, en particular, puede haber no linealidades, lo que significa que podría ser que aranceles más elevados tuvieran un efecto desproporcionadamente mayor. Pensemos, por ejemplo, en la repercusión de los aranceles más elevados en los precios. Los exportadores europeos probablemente puedan absorber a través de los márgenes locales pequeños aumentos de los aranceles, pero los aranceles más elevados son más difíciles de absorber. Esa es una fuente de incertidumbre. La otra fuente de incertidumbre es que unos aranceles más elevados pueden perturbar las cadenas de suministro, lo que podría suponer costes adicionales para la economía española. Y en tercer lugar, quizá lo más importante, la incertidumbre en torno a los aranceles en sí mismos, que ha sido muy alta en los últimos meses, también es perjudicial para la actividad económica, porque lleva a las empresas a adoptar una actitud cautelosa, especialmente en los sectores exportadores.
P. ¿Qué opina de las medidas adoptadas por el Gobierno español?
R. Puede tener sentido ayudar a las empresas que se han visto gravemente afectadas por una crisis imprevista a adaptarse a ella. Por ejemplo, reasignar sus exportaciones y actividades a nuevos mercados o áreas más prometedoras. Se podría dejar en manos del mercado, pero podría ocurrir que no todas las empresas tuvieran pleno acceso al crédito para poder adaptarse. Y también puede haber un coste de ajuste, porque no es tan fácil de la noche a la mañana exportar a China, por ejemplo, lo que se exportaba a Estados Unidos. Así que puede tener sentido, pero pensamos que este apoyo del Gobierno debería seguir estando dirigido a las empresas más afectadas que necesitan ajustarse y debería ser temporal, porque algunos de estos aranceles probablemente vayan a quedarse, y por lo tanto debería haber un ajuste permanente. No se puede tener un apoyo permanente.
P. Ustedes recomiendan acelerar la consolidación fiscal.
R. Sin más acciones de política económica, proyectamos que el déficit fiscal se reducirá solamente un punto porcentual, por el aumento de las cotizaciones a la seguridad social que están entrando en vigor y la no deflactación de la tarifa del IRPF. El Gobierno pretende reducir el déficit durante los próximos cinco años dos puntos porcentuales. Esos son los planes del Gobierno, así que para conseguir su propio objetivo, nuestra estimación es que el Gobierno tendrá que introducir medidas adicionales equivalentes al 1% del PIB. Encima de eso, lo que nosotros defendemos es que sería oportuno consolidar en tres puntos, lo que supondría dos más de lo que ocurriría de forma natural, y uno más del objetivo del Gobierno. ¿Por qué recomendamos esto? Simplemente porque cualquier política fiscal debe equilibrar dos objetivos: la estabilización económica a corto plazo y la sostenibilidad de la deuda, manteniendo el riesgo soberano bajo. Durante la crisis financiera mundial, es evidente que la economía se encontraba en una situación terrible. Hoy en día no es así. España se ha convertido en uno de los países europeos que más crece. Se está beneficiando de los fondos europeos Next Generation y del relajamiento de la política monetaria del BCE. Por tanto, es un buen momento para reducir los riesgos de endeudamiento soberano que aún existen. La deuda ha ido disminuyendo, pero sigue a un nivel alto y las presiones de gasto a largo plazo en España están entre las más altas de Europa. Los aumentos previstos en el gasto relacionado con las pensiones y la sanidad se sitúan entre el 4% y el 5% del PIB hasta 2050. Teniendo todo esto en cuenta, creo que ahora es realmente un buen momento para consolidar más rápidamente.
P. Recomiendan subir tipos básicos del IVA y suprimir el impuesto a la banca. No sé si esa sería una política muy popular.
R. No compararía ambos. El impuesto a la banca aporta en torno al 0,2% del PIB. No puedes alcanzar los objetivos de consolidación que el propio Gobierno pretende con ese impuesto. Por el contrario, el IVA en España destaca realmente en comparación con otros países europeos por su gran número de exenciones y la gran heterogeneidad de los tipos aplicados a los bienes y servicios. Y así, si se armonizan los tipos, se podría recaudar potencialmente alrededor del 1,5% del PIB, lo que ya se acerca bastante al ajuste total que recomendamos para cinco años. Por supuesto, esto acarrearía problemas de distribución de la renta. Por eso creemos que parte de ese desplazamiento adicional que se obtendría al aumentar el IVA debería utilizarse para compensar a los más vulnerables. En particular, una forma de hacerlo sería utilizar algo por lo que llevamos tiempo abogando y que se ha pasado por alto, que es considerar la introducción de un nuevo crédito fiscal al trabajo en España, que ayudaría a los trabajadores con ingresos más bajos a acceder a puestos de trabajo y a aumentar sus ingresos. Es algo que ha tenido mucho éxito en muchos otros países europeos y economías avanzadas, y es algo para lo que un aumento del IVA podría generar suficiente margen fiscal. Así que, básicamente, se podría aumentar el IVA sin aumentar la desigualdad de rentas, siempre que se tomen otras medidas adecuadas.
P. Ustedes insisten en la fragmentación política como riesgo. ¿Es un mayor problema la incertidumbre que implica o tener que prorrogar los presupuestos?
R. En realidad, hay que decir que, en España, la dificultad para construir una mayoría política en el Parlamento es menos problemática que en otros países, porque hay algunos elementos, como la prórroga automática del presupuesto, que garantizan que, por ejemplo, la mayoría política no descarrile el proceso de ejecución del presupuesto. Eso es realmente positivo. Dicho esto, nuestra preocupación con respecto a la fragmentación política interna se refiere a lo que podría ocurrir en un escenario adverso que justificara, por ejemplo, una mayor consolidación fiscal. Por ejemplo, si surgiera un riesgo de deuda soberana en Europa, aunque se origine en otro lugar, pero se extendiera a España. Eso justificaría tranquilizar a los mercados con una consolidación más rápida y el problema de la fragmentación política interna es que dificultaría el logro de esta consolidación más rápida, precisamente porque sería difícil lograr una mayoría que la apoye. Así que, en este momento, no creo que sea un problema muy importante en España, el presupuesto ya se ha prorrogado y las cosas van bien, pero en un escenario adverso, en caso de que ocurriera algo negativo a la economía española, como un choque externo, podría convertirse en una preocupación, y por eso seguimos considerándolo uno de los riesgos que nos preocupan.
P. ¿Qué impacto tendrá el aumento del gasto en defensa?
R. Para este año, debería ser bastante reducido, porque en realidad se va a acomodar en su mayor parte a través del margen presupuestario, como ha explicado el Gobierno. Por lo tanto, no creemos que tenga un impacto significativo. En el informe, decimos que podría aumentar el déficit en torno al 0,2 % del PIB y se trata, por tanto, de un efecto fiscal reducido y el efecto sobre el crecimiento también será pequeño. Lo que sí sería más significativo es que este aumento del gasto en defensa se hiciera aún mayor en el futuro y permanente en el presupuesto.
P. El informe dice que la senda de gasto de las comunidades autónomas debería diferenciarse en función de la situación fiscal, lo que tiene connotaciones políticas.
R. Sin duda, eso supone un reto político. Somos muy conscientes de las dificultades de este debate. Evidentemente, no nos corresponde a nosotros adoptar una postura sobre cuál debe ser el grado de autonomía frente al grado de distribución y redistribución en el sistema fiscal español. Pero lo que nosotros creemos, y lo que es realmente importante, es que, en cualquier caso, esto vaya acompañado de una fuerte disciplina fiscal. Y, en particular, ahora existe una oportunidad real, con la adopción del nuevo marco de la UE, para llevar a cabo una revisión de la regla fiscal nacional y alinearla mejor con el marco fiscal de la UE. En concreto, el objetivo principal podría ser la misma definición de crecimiento del gasto neto que figura en el marco actual, lo que ayudará al Gobierno y a España a cumplir sus compromisos europeos. Y al igual que en el marco fiscal de la Unión Europea, que diferencia los objetivos por países, en el caso de España, los objetivos podrían diferenciarse por comunidades autónomas en función de su situación macroeconómica y perspectivas. En concreto, unas perspectivas de mayor crecimiento suelen justificar un objetivo de gasto neto más elevado, mientras que una mayor deuda significa que el objetivo de gasto neto debería ser menor. Todas estas consideraciones pueden tenerse en cuenta y diferenciar los objetivos por comunidades autónomas para garantizar que todas ellas mantengan la sostenibilidad fiscal.
P. En particular, se está debatiendo en estos momentos la posibilidad de dar un tratamiento específico y singular a la financiación de Cataluña. ¿Qué opina de ello?
R. Como decía, hay un aspecto político en esa elección sobre cuánto se debe distribuir entre las comunidades autónomas y qué grado de autonomía se les debe otorgar. Nosotros no tenemos opinión sobre eso, pero lo que tenemos claro es que esto debe ir acompañado de disciplina fiscal. Y, en particular, cualquier reducción de la deuda de las comunidades autónomas que está en manos del Gobierno central debería ir acompañada de un rediseño y una aplicación más estricta de las reglas fiscales nacionales. Eso incluye el caso de Cataluña y de cualquier otra comunidad autónoma.
P. En relación a la opa del BBVA al Sabadell, el informe dice que se debe prestar atención al efecto sobre la competencia y la estabilidad financiera. Ustedes dicen que las condiciones impuestas por las autoridades de competencia podrían mitigar esos problemas, así que entiendo que considera que en ese plano la solución es adecuada. Y en cuanto a la estabilidad financiera, el BCE ha dado su visto bueno. ¿Está de acuerdo con la Comisión Europea en que con eso debería ser suficiente?
R. Hay un aspecto procedimental sobre el que no tenemos una opinión, sobre cuál debería ser el proceso. Sobre lo que tenemos una opinión, es sobre cuál debería ser el enfoque para decidir si la fusión debe llevarse a cabo. El criterio principal en función del cual se debe decidir si una fusión debe salir adelante o no es el de competencia. Una fusión puede suponer una ganancia de eficiencia y eso es un punto a favor que debería llevar a aceptarla, pero conlleva una pérdida de competencia, y eso es un punto en contra para el consumidor en ese sentido. Y deben valorarse las dos y tomar la decisión correcta. Ese es el aspecto de la competencia. Ahora bien, en la banca hay un factor adicional, que es la estabilidad financiera. Es la diferencia entre la banca y, digamos, el sector del automóvil. Hay que tener en cuenta la estabilidad financiera. Lo que estamos diciendo es que la decisión final que pretende tomar el Gobierno debe basarse en estos dos criterios. Eso es todo lo que tenemos que decir al respecto.
P. De las recomendaciones que hace para España, ¿cuál destacaría más?
R. El rendimiento económico español ha sido muy sólido en cuanto al crecimiento del PIB, pero si nos fijamos en el PIB per cápita, el aumento de la renta per cápita es sin duda más modesto, por lo que el nivel de vida en España ha mejorado, pero de forma más discreta. Eso se debe a que el crecimiento de la productividad se mantiene débil. Por lo tanto, lo que realmente nos gustaría es que se hiciera más hincapié en los objetivos de productividad. Cuando se analiza en particular las razones por las cuales el crecimiento de la productividad se ha mantenido bastante débil, se ve que las principales empresas españolas que cotizan en Bolsa invierten seis veces menos en I+D que las principales empresas que cotizan en Bolsa en el resto de Europa. Y si nos fijamos en las empresas jóvenes y de alto crecimiento, las empresas súper dinámicas, estas representan tres veces menos del empleo total que el mismo grupo de empresas en el resto de Europa. Así que hay un dinamismo empresarial débil en España, y creemos que se debería prestar mucha más atención a esto en el debate político y en los planes de política económica. El Gobierno está tomando medidas muy acertadas como el Régimen 20 para construir el mercado único español. Irónicamente, se habla mucho del mercado único de la UE para bienes y servicios, pero la propia España ni siquiera tiene un mercado único integrado para bienes y servicios. Hay muchas barreras al comercio entre regiones, así que es necesario abordar esta cuestión para que las empresas jóvenes que he mencionado antes puedan crecer mucho más rápido y convertirse en grandes empresas. Creemos que este debería ser un debate mucho más habitual en España y debería ser un tema en el que se centrara más la política.
