Gran parte del debate sobre el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares va de quién paga el almacenamiento y la gestión de los residuos altamente radioactivos que generan. La legislación europea es clara: “Los costes gestión del combustible gastado y los residuos […] corren a cargo de quienes los generaron”, explica una carta firmada por la vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía, Dan Jorgensen, dirigida a las presidentas de las comunidades de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y Extremadura, María Guardiola. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS / Cinco Días, se precisa que “cualquier coste adicional relacionado con la prolongación segura de la vida útil de las centrales nucleares, recae en los propios productores de energía”. No hay margen a la duda: pagan las compañías eléctricas, que en España son Iberdrola, Endesa y Naturgy.
Las presidentas de Madrid y Extremadura, ambas del Partido Popular, enviaron una carta a Bruselas el 7 de abril en el que criticaban abiertamente el cierre programado de las centrales nucleares en España, el calendario arrancará con la desconexión del primer reactor de Almaraz (Cáceres) en 2027 y concluirá con Trillo (Guadalajara) en 2035. Básicamente, en su misiva, las baronesas populares venían a pedirle a la Comisión Europea que presionara al Gobierno español para que modificara sus planes y que este fijara “un marco fiscal equilibrado […], que respalde la viabilidad [de las plantas atómicas] y elimine la desproporcionada carga tributaria que soportan actualmente”, escriben las presidentas populares a lo largo de tres páginas a las que ha tenido acceso este diario.
La respuesta llegó el 25 de abril, tres días antes del gran apagón en la península Ibérica. En apenas un par de folios, Jorgensen y Ribera empiezan recordando a Díaz Ayuso y Guardiola que la composición del mix energético es una competencia estatal, como dejan claro los tratados de la Unión. Más adelante los responsables europeos pasan a explicarles que si un Gobierno traslada el coste de la gestión de los residuos radioactivos o las inversiones que necesitan las centrales para alargar su vida útil “a los recursos públicos constituiría ayudas de Estado bajo las normas de la Unión Europea […], lo que supone una ventaja económica para los productores de energía nuclear que no reciben sus competidores”.
La lectura de estas palabras es clara, para Bruselas respaldar con dinero público —bien sea con subvenciones directas o con rebajas de impuestos— el alargamiento de la vida útil de las centrales atómicas que producen electricidad sería lo mismo que ayudarles a ser más competitivas que las instalaciones que la producen con renovables o fósiles. Eso no quiere decir que sea ilegal y no pueda corregirse. No obstante, esto sí que requiere la aprobación de los servicios de Competencia de la Comisión Europea, que ahora dirige precisamente Teresa Ribera. “En ese caso, cualquier mecanismo de compensación requeriría una notificación previa y la aprobación explícita de la Comisión Europea […] para asegurar que es necesario, apropiado, proporcionado y no distorsiona la competencia o afecta al mercado interior”, zanja la carta del comisario danés y la vicepresidenta española, ambos socialdemócratas.
Pasar el filtro al que hacen referencia en Bruselas, no es sencillo. Esto pudo verse claramente con la excepción ibérica aprobada hace tres años. Para que saliera adelante no hizo falta cambios legales en las normas comunitarias, pero sí tuvo que darse una clara señal política desde el Consejo Europeo por unanimidad de los 27 líderes de todos los Estados miembros y después hubo una ardua negociación entre Lisboa, Madrid y Bruselas. Esta circunstancia solo fue posible entonces por la crisis energética que vivía la UE tras la invasión de Ucrania por Rusia y la situación real de isla energética que es la península por la falta de interconexiones.
La carta que enviaron las dos presidentas autonómicas conservadoras no era más que otra muestra de la alianza que mantienen desde hace tiempo en favor de la energía nuclear. Por ejemplo, el pasado febrero ambas dirigentes se reunieron en Mérida y acusaron el Gobierno central de mantener una política energética ideologizada.
La madrileña fiel a su estilo, acusó entonces de “cinismo” al Ejecutivo de Pedro Sánchez por una campaña “trasnochada y sin rigor” para cerrar las centrales. Guardiola, por su parte, apuntó que “Almaraz no se puede cerrar, no porque lo digamos nosotras, sino porque así lo dicen los criterios técnicos, científicos y los criterios medioambientales. Pero ni Almaraz, ni Cofrentes (Valencia), ni Ascó (Tarragona), ni Trillo, ni Vandellòs (Tarragona)”, apuntó en referencia a las centrales todavía en activo en España. La extremeña, además, se mostró dispuesta, según apuntaba entonces El Periódico de Extremadura, a ayudar fiscalmente a las empresas propietarias de las centrales (Naturgy, Iberdrola y Endesa) si también lo hacía el Gobierno central. Y, de hecho, este argumento vuelve a aparecer en la carta enviada por las dos presidentas autonómicas a Bruselas. Extremadura cobra una tasa a la central de Almaraz por la que recauda unos 85 millones de euros al año.
Esto último resulta clave en el debate sobre la energía nuclear, puesto que corresponde a “los productores”, como recuerda la carta de Ribera y Jorgensen, hacerse cargo del coste del alargamiento de la vida útil de las centrales. Esto en España los pagan las eléctricas con una tasa a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA), de titularidad pública. La tasa aumentó hace ahora un año en un 30% básicamente porque España no tiene un almacén temporal centralizado (conocido por sus siglas, ATC) desde que en 2018 se desestimó la opción de construir uno en Villar de Cañas (Cuenca) y ninguna comunidad autónoma respondió afirmativamente a la pregunta del Ejecutivo central sobre si tenía interés en acoger estas instalaciones, tampoco Madrid o Extremadura.
Ahora la solución pasa por crear siete centros de tratamientos hasta que se construya el almacén geológico profundo que está contemplado en el plan general de residuos radioactivos. En él se hace el cálculo de cuánto cuesta la conservación y gestión de esta basura nuclear altamente tóxica: “Unos costes futuros de 20.220 millones de euros”.
