El primer Pleno de la Asamblea de Extremadura ratificó el laberinto político en el que se encuentra la política extremeña tras la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos de este año. Tras fracasar las conversaciones del gobierno regional del PP primero con Vox y luego con el PSOE para sacar adelante las cuentas -que han sido prorrogadas-, la sesión de hoy era la primera prueba de fuego para comprobar si había algún margen para recomponer las alianzas. Y no lo hubo. La propuesta del partido de Abascal para derogar la Ley de Memoria Histórica en esta comunidad de 2019 y sustituirla por la Ley de Concordia no salió adelante. El PP había presentado con anterioridad una enmienda a la totalidad de la misma y con la ayuda de la abstención del PSOE y Unidas Podemos no salió adelante.
Los populares habían votado con anterioridad en contra de sendas enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura, que se han votado con anterioridad en cumplimiento del orden de debate de las mismas. Se necesita una mayoría absoluta de votos para cambiar la normativa o modificarla.
Esta normativa era uno de los puntos de acuerdos que habían firmado los populares y Vox para que, después de las elecciones autonómicas, María Guardiola fuera investida presidenta. Pero la salida del partido de Abascal, como en el resto de comunidades, el pasado verano dinamitó ya todos los acuerdos entre estas dos formaciones, a lo que hay que sumar la falta de acuerdo para sumar los Presupuestos.
Así las cosas, y con un escenario ahora lleno de incertidumbre sobre el futuro del gobierno regional, Guardiola prevé aprobar cada normativa con apoyos puntuales según la temática y también a través de los decretos. La presidenta regional no ha estado presente en el pleno por motivos personales.
El diputado de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha destacado en su intervención que la «construcción de la memoria histórica es una estafa desde el primer momento, construida a base de subvenciones» y ha especificado que la ley de memoria histórica extremeña «reinventa la historia y tergiversa vilmente el periodo de la Guerra Civil».
Sin embargo, el diputado del PP Laureano León ha explicado que a su partido no le gusta la «simplista» y «revisionista» propuesta de Vox, pero tampoco la actual ley socialista, a la que el PP votó en contra, si bien ha asegurado que el gobierno de María Guardiola desarrolla en cumplimiento de la legislación vigente: «No nos gusta la ley de memoria histórica, igual que no nos gusta la propuesta de Vox, pero la cumplimos», ha señalado León, por «respeto» a una norma en vigor.
El punto de mayor tensión se ha vivido entre el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha dicho que los diputados de la formación de extrema derecha son «indignos» de estar en el parlamento cuando les ha afeado compartir la propuesta de Donald Trump de crear «campos de concentración» para inmigrantes.
EL «ROJERÍO» Y LA «NUEVA IZQUIERDA»
En defensa de su propuesta de ley, Sánchez Ocaña-Vara ha subrayado que las leyes de memoria dejan un «balance de división, desacuerdo y enfrentamiento», pues esta legislación establece una «verdad única» que genera una «inmensa confrontación» porque se basan en la «falsificación histórica, en la imposición de un relato ficticio, relegando al olvido gran parte de una realidad histórica vivida por tantos otros».
Así, ha asegurado que la pretensión de su formación es «acabar con la misma España como nación», ha asegurado, porque la historia sirve para legitimarse y también como «cortina de humo frente a las corruptelas políticas del bipartidismo». «¿Quién iba a decirnos que hoy, 50 años después de la muerte de Franco, iba a estar más vivo que nunca?», se ha preguntado.
Por el contrario, Vox dice «sí a la tolerancia, al respeto y a la libertad para desterrar el revisionismo rencoroso y derrotero», en definitiva, a una concordia «entendida como armonía, consenso, fraternidad o paz» tanto para «el rojerío clásico y extremo» como para «la nueva izquierda».
«Para todos», ha remachado, pues pretende «el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos o sociales desde el año 31 hasta el año 1978» con independencia, ha remarcado, de su condición ideológica, religiosa o social.
EL PSOE, CONTRA LA «AMNESIA» DE VOX
Por su parte, el socialista José María Vergeles ha señalado que la propuesta de Vox pretende «una amnesia en una parte importante de la sociedad española», motivo por el que les ha animado a retirarla porque «atenta contra los derechos humanos», es «frentista» y «revisionista».
Para Vergeles, esta «amnesia» que pretende Vox con esta «ridícula» propuesta de ley beneficia a «unos pocos que siguen defendiendo una patria de cartón-piedra» que sacan rédito del «enfrentamiento entre españoles».
Asimismo, ha señalado que con este ejercicio de «minusvalorar la memoria histórica y democrática», lo que pretenden no solo quieren eliminar la actual ley, sino que quieren «derogar la dignidad», acabando asimismo con el «reconocimiento especial» a las mujeres, a los represaliados por su orientación sexual o los bebés robados.
«PROPAGANDA DE LA IMPUNIDAD»
En la misma línea, la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha señalado la propuesta de ley pretende servir de «justificación política al golpe de Estado del 36» desde el «olvido público» de los hechos sucedidos en la guerra civil y la dictadura.
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