En plena batalla entre Miguel Tellado y Aitor Esteban, el PNV sorprendió ayer al PP con un comunicado en el que asegura que el palacete de la Avenida Marceau, en París, está «ya» en sus «manos» y es de su propiedad, a pesar de que el real decreto-ley por el cual se traspasaba no fue convalidado por el Congreso. Es decir, los nacionalistas ya lo han inscrito bajo su titularidad en el registro de la propiedad, durante el mes que ha estado en vigor la norma, y eso ya sería irrevocable.
El Gobierno y el PNV lo sabían. Eran perfectamente conscientes de que el edificio se lo podrían quedar los nacionalistas aunque el Congreso tumbase -como así ha sido- el decreto ómnibus en el que se incluía este traspaso. Fuentes de Moncloa lo celebran y consideran que era «lo normal» devolverle el palacete a los nacionalistas, porque fueron ellos los que impulsaron su compra.
El Gobierno de Pedro Sánchez, arguyendo informes internos confidenciales, le dio luz verde a esta reivindicación histórica de los jeltzales a pesar de que en 2003 el Tribunal Supremo desestimó el recurso del PNV contra el Gobierno de Aznar, que estipuló que dicho partido no podía reclamar el inmueble por su «falta de acreditación de la titularidad».
Es decir, porque, a ojos de aquel Ejecutivo del PP, los nacionalistas vascos no habían conseguido probar del todo que se compró con los donativos de sus afiliados americanos en 1936, y porque «de los documentos aportados se destaca más bien la vinculación de dicha entidad con el Gobierno vasco», y no con el partido.
La disposición adicional segunda de ese decreto-ley que habilitaba la cesión del edificio aseguraba que dicho traspaso se produciría al entrar en vigor la norma tras su publicación en el BOE, y no al convalidarse posteriormente en el Congreso: «Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la propiedad del inmueble de titularidad de la Administración General del Estado sito en París, Avenue Marceau, número 11, quedará atribuida al Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en atención a la vinculación histórica del edificio con este partido».
Además, el decreto incluía una acotación: que su entrada en vigor -cosa que ocurrió el 25 de diciembre de 2024, un día después de publicarse en el BOE- ya constituía «el título traslativo del inmueble en virtud del cual se podrá hacer constar la transferencia en cualesquiera registros públicos». Esto último ha hecho el PNV.
«La no convalidación de un decreto-ley produce la inmediata cesación de sus efectos y su derogación, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia. La transmisión ya ha sido establecida en la ley (ope legis), y es un acto que ya se ha perfeccionado (completado)», explicaron fuentes del PNV en su comunicado. «Ope legis» significa «por estar así establecido en la ley». Y que ya se haya «completado» el traspaso significa que la formación nacionalista ya lo ha inscrito a su nombre en el registro público de París.
El traspaso del palacete de 1.309 metros cuadrados que fue sede del Gobierno vasco en el exilio, y que el PNV lleva décadas reclamando, abre para los nacionalistas vascos una operación económica histórica, que le puede reportar un enriquecimiento de más de 15 millones de euros. Y, muy probablemente, de más de 20, ya que la horquilla de tres tasaciones realizadas para este diario por empresas francesas llega hasta los 25 millones.
Antes de conocer que el PNV ya había registrado el inmueble, el PP aseguró que no podía apoyar un decreto que contenía ese «regalo». Después, la noticia sorprendió en el PP y el PNV celebró «que, pese a las infundadas resistencias, se haga justicia y el edificio, incautado por la Gestapo y ocupado por el franquismo, esté en manos de su legítimo dueño».
