El mar de contradicciones en el que navega la Unión Europea se refleja con crudeza también en el apartado fiscal. Más de la mitad (el 56%) de los Estados miembros utilizan mecanismos y lagunas legales que hacen la vista gorda ante prácticas de elusión tributaria, facilitando la protección de evasores de impuestos de fuera de la región. Así lo pone de relieve el último Índice de Secreto Financiero 2025 de la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), publicado este martes. La organización pone el foco en el doble rasero de algunos países y denuncia que esta permisividad socava la transparencia en materia tributaria y mina la democracia, ya que reduce la capacidad de los Estados para financiar los servicios públicos y fomenta la corrupción.
El secreto financiero es un concepto acuñado por el organismo en cuestión. Alude al conjunto de prácticas, normas y estructuras legales que permiten ocultar la identidad real de los propietarios de activos, así como el origen y destino del dinero, dificultando la supervisión por parte de las autoridades fiscales o judiciales. Se manifiesta a través de cuentas bancarias opacas, uso de sociedades pantalla, falta de registros públicos sobre los beneficiarios reales y la negativa a intercambiar información fiscal con otros países. Estas condiciones son aprovechadas para evadir impuestos, lavar dinero, esconder fortunas o financiar actividades ilícitas. A partir de aquí, lo que hace la Red para la Justicia Fiscal es medir el grado en que los estados contribuyen a la opacidad global.
La conclusión es que el conjunto de los países europeos contribuye a engordar el secreto financiero. Aunque existe cooperación fiscal interna, la realidad es que muchos de los socios bloquean la información de puertas hacia fuera, negando asistencia y herramientas a terceros países que buscan recuperar impuestos evadidos y ocultos en jurisdicciones europeas.
“La mayoría de los estados de la UE están actuando deliberadamente de forma menos transparente y menos cooperativa hacia los países de menores ingresos, a veces anulando por completo los instrumentos internacionales que ratificaron en el pasado”, detalla la red. Mientras que no practican esta opacidad entre sí y se ayudan regularmente para lidiar con los defraudadores propios, “utilizan una puerta trasera olvidada en el derecho internacional para proteger a los evasores fiscales de países no pertenecientes a la UE”, añade.
Por ello, la Red para la Justicia Fiscal explica que los países comunitarios siguen el estilo de Jekyll y Hyde, en referencia a la novela de Robert Louis Stevenson, en la que un mismo personaje encarna dos personalidades opuestas. Y denuncia la doble cara o hipocresía estructural: algunos países de la UE son líderes en transparencia financiera sobre el papel, pero impulsores del secreto financiero en la práctica. De hecho, el 21% de estas prácticas a nivel mundial tiene ya origen europeo.
La red pone en negro sobre blanco los países que más colaboran con estas prácticas. A nivel mundial, la lista la encabeza Estados Unidos, con un peso del 5,6% en el Índice de Secreto Financiero y casi una cuarta parte de la oferta global de servicios financieros offshore. Le siguen Suiza (3,9%), Singapur (3,4%) y Hong Kong (3,1%). En quinto puesto mundial está Luxemburgo (2,3%), apenas por encima de Alemania (2,1%) y Países Bajos (2%). España se encuentra en el trigesimocuarto lugar, con una participación del 0,96% y un 0,9% de la oferta global de servicios financieros extraterritoriales.
Tras años de cierto avance en cooperación fiscal internacional, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha tenido un efecto inmediato: una ruptura con el enfoque multilateral, debilitando la colaboración global contra la evasión fiscal. Estados Unidos, lamenta la organización, ha vuelto a posicionarse como el principal proveedor de secreto financiero del mundo, superando a jurisdicciones tradicionalmente opacas como Suiza, y socavando los esfuerzos de transparencia liderados por organizaciones internacionales.
En este escenario de retroceso, “la esperanza de avanzar hacia un sistema fiscal global más justo se había trasladado a las negociaciones impulsadas por la ONU”, donde se debatía la creación de una convención internacional sobre cooperación fiscal. Sin embargo, el informe denuncia que nueve países siguen oponiéndose al convenio: Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Canadá, Reino Unido, Israel, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. “Los países de la UE, actuando como bloque, pasaron de una posición de oposición a la abstención en 2024″.
