La estrategia de Pedro Sánchez de dilatar los tiempos a la hora de reaccionar al decreto caído para desgastar al PP por el descontento social está desesperando a sus aliados. No la comparten en absoluto. Y así se lo están trasladando en privado y en público al Gobierno en las conversaciones informales que se están dando en los últimos días. Los nervios por la ausencia de una respuesta que arroje certidumbres o de un plan B que disipe las dudas han provocado que en las últimas horas el tono de los socios del Ejecutivo se haya transformado. Lo que antes eran críticas dirigidas al PP, ahora son llamamientos con aspavientos al PSOE para que mueva ficha.
Ese nuevo tono de los aliados se conjuga con el verbo «exigir» y se acompaña con un «cuanto antes» o un «inmediato» para marcar los deberes y los tiempos al PSOE. El primero en meter esa presión está siendo Sumar, que se expresó ayer de una manera contundente y clara sobre la situación. El socio minoritario del Gobierno asiste con preocupación a las consecuencias sociales y al miedo creciente en sectores vulnerables de la población por la suerte que correrán las pensiones, las bonificaciones al transporte público, las ayudas por la dana o la paralización de los desahucios.
Tras días contemporizando, la fuerza política que lidera Yolanda Díaz dijo ayer basta a la estrategia socialista de dilatar los plazos y sacó un comunicado muy explícito para hacer reaccionar al PSOE. Desautorizó, así, la idea de esperar y dejar que la crisis erosione al PP por su voto en contra al decreto ómnibus. «La gente no puede esperar, el Gobierno no puede esperar. En la espera y la desesperanza sólo avanzan las fuerzas reaccionarias y la extrema derecha», señaló en la nota.
La respuesta de Sumar fue anunciar que va a plantear en el seno del Gobierno «que los decretos vuelvan al Congreso cuanto antes». «No podemos perder un minuto», advirtió.
La crítica a la jugada del PSOE de esperar encontró el siguiente argumento de réplica: «Esto no va de la política ni de los partidos, va de llegar a fin de mes, de jubilaciones dignas, de luchar contra la desigualdad. Nada es más importante». De este modo, se conjuró para hacer «todos los esfuerzos» que estén en su mano para desde el Gobierno y desde el Congreso «para garantizar que las medidas salgan adelante y para cuidar la mayoría de la investidura».
No es habitual que Sumar haga este tipo de comunicados. Pero la crisis desatada aprieta y ver al Gobierno sin ofrecer una alternativa genera un coste. Por ejemplo con el tema de la dana. Compromís reclama al Gobierno la máxima celeridad con ayudas a las víctimas que estaban en el decreto ómnibus y que han decaído. «Los valencianos estamos pagando el pato de una derecha carroñera que busca acabar con el Gobierno a toda costa y de un PSOE más preocupado en sus mayorías que en que las ayudas lleguen donde tienen que llegar», señaló la diputada Àgueda Micó. Hay, pues, una culpabilización del PSOE en esa mirada.
También la hizo Podemos de una manera incisiva. «No hay tiempo que perder dejando ‘que la gente se dé cuenta de lo mala que es la derecha’. Esa es la estrategia que parece que está intentando el Gobierno y es nefasta», sentenció la secretaria general, Ione Belarra, en el segundo pronunciamiento en dos días sobre esto.
Los morados exigen al PSOE que «con carácter inmediato» apruebe de nuevo el real decreto de escudo social al «completo». «Porque es lo que acordó con nosotras», ahondó Belarra, que alude que ahí están medidas pactadas y que se tienen que cumplir y que se prometió hacer así.
