El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley para reformar aspectos clave de la carrera judicial que ha sido recibido con críticas por la mayoría de sus miembros. El texto modifica aspectos como el sistema de oposición para las plazas de juez y fiscal, la votación de las salas de Gobierno y la composición de la Comisión de Ética.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó la reforma como «la adaptación al siglo XXI» de la norma de 1985 que regula el Poder Judicial, mientras que la presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, la calificó de «barbaridad».
«Me parece gravísimo, porque la carrera ya es plural», dice Del Barco. «Otra cosa es que les moleste la independencia. A la carrera judicial opositan todos los estamentos menos los ricos, que no se preparan oposiciones. Con la reforma, el Gobierno se entromete en la carrera para que queden jueces con carné».
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, segunda en representatividad, estiman que la propuesta «constata la desconfianza que el poder ejecutivo tiene respecto de los jueces». Su presidente, Sergio Oliva, ve puntos positivos , pero también «muchas sombras». Su asociación «se opone a cualquier sistema de acceso a la carrera que pudiera cuestionar los criterios de igualdad, mérito y capacidad».
El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, estima que el Gobierno busca en algunos aspectos resolver «problemas que no existen». Por ejemplo, el de la supuesta falta de diversidad en el acceso a la carrera: «Se acaban de conocer los datos de la nueva promoción de jueces que revelan que esa diversidad existe».
OPOSICIÓN
La principal novedad es que se incorpora un examen escrito, tras el de tipo test y el oral que existen actualmente para ser juez o fiscal. Se busca que sea «menos memorístico». La APM y el FJI coinciden en que es «innecesario» porque la práctica ya se aprende en la Escuela Judicial. ¿Se quiere mejorar?: «que refuercen la Escuela».
CUARTO TURNO
Bolaños quiere que se cumpla la ley de 1985 y que una cuarta parte de los nuevos jueces llegue por el llamado cuarto turno, reservado a juristas con experiencia. Hoy suponen solo un 10% de los puestos. Cuando salgan nuevas plazas, deberá incluirse ese porcentaje en la convocatoria. Las asociaciones no ponen objeción.
REGULARIZACIÓN
Hay casi un millar de jueces sustitutos que se pretende incorporar definitivamente. Las asociaciones lo cuestionan duramente, recordando que ya pueden acceder por oposición o por el cuarto turno. Francisco de Vitoria duda de la constitucionalidad de esa vía.
COMISIÓN ÉTICA
La forman hoy siete jueces y el Gobierno propone que sean cinco jueces y cuatro catedráticos nombrados por las Cortes. «Estamos pidiendo despolitizar la Justicia y ahora vuelven a meter a las Cortes», lamenta la presidenta de la APM por una propuesta que por igual motivo el Foro considera «cínica». Hoy el papel de la comisión es simbólico, pero desde ambas asociaciones se teme que en un paso ulterior se le otorguen facultades sancionadoras y que sirva para «amordazar» a los jueces.
SALAS DE GOBIERNO
Se modifica el sistema de elección de las Salas de Gobierno, que son las que regulan el funcionamiento diario de los tribunales y cuyos miembros son votados por los propios jueces. La APM cree que el cambio de sistema de votación busca restarle representación y favorecer a la minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia, más afín al Gobierno.
ASOCIACIONES
«El texto propone que «en ningún caso» las asociaciones judiciales puedan «aceptar o recibir aportaciones, contraprestaciones o donaciones privadas para su constitución, funcionamiento interno o para las actividades que desarrollen». La APM precisa que la mayoría de sus ingresos provienen de las cuotas de asociados o de fondos públicos y lo que se recibe por esta vía se emplea en organizar cursos.
BECAS Y CENTRO PÚBLICOS
Por este apartado quiso arrancar Bolaños su presentación. «Blindar las becas», dijo, «para que todos puedan prepararse bien con independencia de la renta de su familia». El proyecto es que los opositores a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia puedan recibir durante cuatro años el salario mínimo interprofesional.
Bolaños añadió que el centro de Estudios Jurídicos se reconvertirá «en un centro público de oposiciones». Eso levanta el temor en el FJI de que se busque «ideologizar» a los candidatos. La reforma establece que los magistrados que quieran ejercer de preparadores de opositores deberán obtener la compatibilidad y constar en un registro público.
TRAMITACIÓN
El anteproyecto de reforma de la carrera judicial -y en menor medida, fiscal- recoge propuestas que ya se encontraban en un texto de Sumar del pasado junio, si bien suavizando su alcance. Por el tipo de tramitación elegida, el texto deberá ser consultado por las asociaciones concernidas y se someterá a informes del Consejo General del Poder Judicial, el consejo Fiscal y el Consejo de Estado.
