Ante cada propuesta del Gobierno para subir un poco más el salario mínimo ―ahora en 1.184 euros mensuales en 14 pagas (16.576 euros brutos anuales)― los empresarios tuercen el gesto, y afloran reclamaciones recurrentes e infructuosas, como que una vez fijada la nueva cuantía, esta se traslade también a los distintos contratos que la Administración Pública tiene firmados con diferentes empresas. Esto es, que se actualice el precio de la contrata con cada nueva alza salarial para que las compañías no vean reducidos sus márgenes, lo que se conoce como indexación. Y para dar esa batalla, los empresarios quieren contar con el apoyo del Ministerio de Trabajo, con el que ahora mismo existe una negociación para trasponer la normativa europea de SMI a la legislación española. Algunas fuentes patronales aseguran que están esperando una propuesta del departamento que encabeza Yolanda Díaz, pero en el ministerio enfrían esas expectativas: no confirman ningún compromiso en ese sentido, aunque admiten ser partidarios. Fuentes sindicales al tanto de las conversaciones en el marco de la negociación colectiva indican que no existe ninguna proposición concreta, aunque se muestran favorables.
Frente a la mejora retributiva que suponen las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) para los 2,4 millones de personas que lo cobran, y del efecto rebote sobre las tablas salariales de las compañías, las empresas suelen oponer otras razones. El aumento de los costes que supone para sectores muy intensivos en mano de obra como el agroalimentario y la pérdida de ingresos para aquellas empresas (algunas de ellas pymes) que ofrecen sus servicios al sector público componen el arco argumental que el empresariado coloca al otro lado de la mesa cada vez que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos abordan una nueva subida del suelo salarial.
Junto a esta paleta de alertas también asoman otras, como el hecho de que el Gobierno es el que tiene la potestad única y absoluta de determinar la cuantía del SMI, por lo que no existe negociación colectiva posible en esta materia. O que cuando el Ejecutivo adopta el papel de empleador ―como sucede en el caso de estos contratos de servicios con empresas de limpieza, seguridad o mantenimiento, entre otros―, no aplica las subidas salariales que sí exige al resto de compañías. “Lo importante es qué pasa con muchísimas pequeñas empresas que tienen enganchados sus contratos a la Administración Pública, que te obliga a subir salarios y, sin embargo, no cumple en esa parte para compensar el tema”, denunció el líder de la patronal, Antonio Garamendi, durante los encuentros previos a la anterior subida.
En el Ministerio de Trabajo, pese a haberse mostrado reiteradamente favorables a la indexación, de la misma forma que el sindicato UGT, insisten en que no tienen la última palabra. Y se remiten a las declaraciones que realizó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en el marco de la negociación que aborda la transposición de la Directiva Europea sobre Salarios Mínimos. Según Pérez Rey, en este encuentro solamente se marcó “el perímetro de la negociación” y no se adoptó ninguna “posición material de fondo” sobre ninguna cuestión. “Prefiero guardar discreción sobre lo que vamos a negociar”, remachó el número dos del ministerio.
Más allá de que Trabajo, sindicatos y empresarios remen conjuntamente en la misma dirección, la potestad final para que se apruebe la indexación requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda, que en anteriores situaciones la ha frenado en seco. Consultados al respecto de si podría haber una excepción en esta ocasión, desde el departamento que dirige María Jesús Montero señalan no haber recibido ninguna propuesta en esa dirección.
De salir adelante el reconocimiento, además de satisfacer (en parte) una reivindicación histórica de los empresarios en la materia ―la principal es que se establezcan distintos SMI en función de cada comunidad autónoma―, también supondría un alivio para aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen contratos con grandes corporaciones, según los patronos. Algo que no sucede en la situación actual, y que está elevando la tensión sobre muchas de estas firmas de menor tamaño. Los datos aproximados que manejan tanto la CEOE como los sindicatos estiman que existe una horquilla de entre 300.000 y 500.000 trabajadores en contratos públicos que tienen salarios emparentados directamente con el SMI.
Sin absorciones
La vinculación del suelo salarial con este tipo de contratos cobra especial relevancia en un momento en el que la cifra debe ir alineándose progresivamente con el 60% del salario medio en España, tal y como recoge la Carta Social Europea que el Gobierno ha suscrito. Sindicatos como UGT denuncian que ese objetivo todavía no se ha cumplido. Además, sus partidarios defienden que la indexación cortaría con la práctica que vienen llevando a cabo muchas empresas de absorber los incrementos del SMI ―que ha crecido un 58% desde 2018― en otros conceptos salariales. Y evitaría que muchas de empresas multiservicio (que ofrecen una amplia gama de tareas) mantengan un esquema de competencia basado en la devaluación salarial.
Por otro lado, de asumirse estas subidas por parte del Estado, todos los contratos que mantiene actualmente se encarecerían, incrementando el gasto público y aumentando la partida destinada a la contratación.
