El Tribunal de Cuentas de la UE advierte de que el Fondo de Recuperación adolece de falta de calidad en sus datos y también de información sobre costes reales. “La información se basa en costes estimados o valores unitarios más que en costes reales, y la Comisión [Europea] solo lleva a cabo controles básicos de verosimilitud”, explican los auditores en el informe publicado este martes sobre el fondo como una aportación al debate sobre el próximo presupuesto de la Unión, que está elaborándose actualmente. Según este órgano de control, esa carencia dificulta mucho la evaluación de un programa extraordinario que se aprobó con un tipo de gestión inusual en las instituciones europeas.
El Fondo de Recuperación fue una herramienta extraordinaria para reanimar la economía, principalmente de los países más castigados en la pandemia, como España e Italia, que ascendió finalmente a 650.000 millones de euros a invertir antes del 31 de agosto de 2026. Para agilizar su gestión, se adoptó el sistema de entregar el dinero en función de los resultados y no de los costes, que es más habitual pero suele requerir bastante esfuerzo burocrático. “Sin embargo, una financiación no vinculada a los costes no convierte en sí misma al MRR en un instrumento basado en el rendimiento. Consideramos que el MRR [Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, nombre oficial] no es un instrumento basado en el rendimiento, ya que se centra en los avances en la ejecución y no en el rendimiento”, señalan los auditores.
Tanto el informe de este órgano de control presupuestario, con sede en Luxemburgo, como sus autores en la comparecencia ante la prensa, han puesto mucho énfasis en los datos como una necesidad para poder evaluar el desempeño de las inversiones del fondo. “¿Cómo hacer el cálculo sin datos de coste? ¿Cómo saber el impacto?“, se ha preguntado Jorg K. Petrovic, coautor del análisis.
“Los responsables políticos de la UE deben extraer lecciones del MRR y no permitir ningún instrumento similar en el futuro sin disponer de información sobre los costes reales, los perceptores finales y una respuesta clara a la pregunta de qué obtienen los ciudadanos realmente por su dinero”, abunda la otra redactora del documento, Ivana Maletic.
Ante estas conclusiones, el informe contiene una serie de recomendaciones que pretenden formar parte del debate que está teniendo lugar en este momento sobre el nuevo marco presupuestario plurianual de la Unión Europea, cuyo primer proyecto la Comisión presentará el próximo verano. De ahí que incluya consejos “para futuros instrumentos [financieros] basados en el rendimiento” de lo invertido. Uno de ellos es que “la orientación al rendimiento no consista simplemente en especificar las condiciones de pago, como los hitos y objetivos, sino que incluya todos los elementos necesarios para evaluar la eficacia y la eficiencia, incluida la información sobre los costes reales”.
Además de estas advertencias, el Tribunal de Cuentas destaca que pese a las modificaciones que han hecho para agilizar las peticiones de pagos por los Estados miembros y los desembolsos “la ejecución se enfrenta a retrasos”. “La mayor parte de las medidas del MRR deben finalizar a más tardar en agosto de 2026, cuando concluya el período de ejecución del MRR. Esto puede complicarse aún más por el hecho de que las fases posteriores de la ejecución, y en particular la finalización de una medida, suelen presentar mayores dificultades que las anteriores”, abundan.
Los auditores se hacen eco en su documento del aumento de costes en la financiación del Fondo de Recuperación. Para pagarlo, los 27 decidieron emitir deuda. “La Comisión estableció con rapidez y de manera satisfactoria un mecanismo para recaudar fondos”, reconocen. El precio de esas emisiones de bonos europeos fue bajo al principio porque la política monetaria expansiva destinada a luchar contra la crisis que provocó la pandemia abarató mucho los tipos de interés. Pero el escenario cambió radicalmente cuando empezaron a subir los precios del gas y Rusia invadió Ucrania. Aquello provocó una crisis inflacionaria que acabó por forzar al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. Eso acabó por encarecer la deuda y, por extensión, el coste de financiación del Fondo. Y eso, como subrayan en el Tribunal de Cuentas, “ejercerá presión sobre los futuros presupuestos de la UE, y la financiación mediante empréstitos genera riesgos adicionales”. “Los empréstitos de NextGenerationEU pueden duplicarse con creces hasta 2026, mientras que el reembolso de estos fondos se ha aplazado a futuros marcos financieros plurianuales”, inciden.
Un detalle llamativo que destacan desde Luxemburgo es qué pasará en el futuro con las reformas que los Estados miembros han desplegado para recibir el dinero del fondo. “El Reglamento establece que las medidas correctoras por las revocaciones solo pueden llevarse a cabo hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que la Comisión abonará las últimas solicitudes de pago. El Reglamento no especifica las consecuencias de una posible revocación posterior a la evaluación de la solicitud de pago final”, explican. Es decir, no hay manera legal de que Bruselas pida a las capitales el retorno del dinero si el Gobierno o el Parlamento revoca lo hecho.
