Los trabajadores más productivos de las multinacionales españolas se encuentran en las filiales que tienen diseminadas en países como Luxemburgo, Malta, Irlanda, Estonia o Países Bajos. Según los últimos datos del Informe país por país, publicado recientemente por la Agencia Tributaria con información correspondiente al ejercicio 2022, en estas jurisdicciones se registran cifras que llaman poderosamente la atención: cada empleado genera un rendimiento que, de media, supera los 1,4 millones de euros anuales, lo que casi cuadriplica la media global de 410.000 euros. En el caso de Luxemburgo la cantidad es mucho más abultada, por encima de los 2 millones, un 65% más que un ejercicio antes. Son cifras muy alejadas de los niveles que se registran en vecinos como Francia, Italia o Alemania, donde el indicador oscila entre los 344.000 y los 470.000 euros. También, de las que se anotan en España, con una productividad media de 520.000 euros.
El contraste es tan marcado que obliga a matizar el concepto de productividad que ofrece el Country by Country Report o CbC, por sus siglas en inglés. No se trata de medir cuánto valor económico real genera un trabajador mediante su desempeño profesional, sino de una ratio estadística que se ve directamente afectada por decisiones de carácter fiscal y contable. Es decir, no es que los empleados en Luxemburgo o Malta sean más productivos porque trabajen más y mejor que el resto, sino que la proporción entre los beneficios que obtienen las empresas allí y el volumen de sus plantillas es más favorable. Esto puede suceder simplemente por el efecto de una fiscalidad más baja. Pero también porque algunas empresas concentren allí una parte de sus beneficios globales, lo que distorsiona los datos finales. Esto último es lo que se conoce como maniobras BEPS (desviar beneficios a territorios de baja tributación para pagar menos impuestos), contra las que están intentando luchar organismos como la OCDE.
En ese supuesto, esas multinacionales españolas, al igual que las de otros países, estarían utilizando las filiales en estos territorios de baja fiscalidad para mejorar la eficiencia de su arquitectura tributaria, desviando a ellas tanto pérdidas como beneficios de otras partes del mundo. Suelen tener poco personal porque no son centros productivos, pero mueven mucho dinero, lo que explica el elevado rendimiento per cápita de los centros ubicados en estas jurisdicciones.
El CbC es una declaración informativa que están obligados a presentar los grandes grupos de España —y del resto de los países de la OCDE—, aquellos que facturan a partir de 750 millones de euros al año entre todas las entidades. Las 142 multinacionales españolas informaron de unas ganancias de 97.895 millones de euros en 2022 y de una factura en el impuesto de sociedades de 19.685 millones. Pero también aportaron los datos complementarios de su actividad y sus filiales, dando cuenta de la cifra de negocio, de sus trabajadores, de los beneficios que han obtenido antes de impuestos y de la cantidad que pagan en cada uno de los territorios. Por eso, a partir de la estadística se pueden ver las distorsiones entre unos territorios y otros.
Las jurisdicciones de baja fiscalidad, además de tener un rendimiento por empleado que cuadriplica o quintuplica la media global, suelen tener muy pocos trabajadores. Por ejemplo, a nivel mundial, el número medio de profesionales por filial era en 2022 de 192 (en España son 265), pero bajó a 55 en Irlanda, a 30 en Países Bajos, a 13 en Malta y a 8 en Luxemburgo. El caso más paradigmático es el de Estonia, con un solo empleado por filial.
También aparecen diferencias importantes cuando se analiza la rentabilidad por trabajador, que es la proporción entre los ingresos y el resultado antes del pago de impuestos. A nivel global, el indicador llegó a una media de 31.000 euros por empleado —unos 28.000 euros en España—, pero se disparó hasta superar los 180.000 euros en Malta, los 190.000 euros en Países Bajos, los 195.000 euros en Estonia y el millón de euros en Luxemburgo.
Beneficios “desproporcionadamente altos”
Organismos como la OCDE llevan años alertando de las prácticas BEPS. En sus informes anuales sobre impuestos corporativos, el club que agrupa a las economías avanzadas suele recordar que los datos de productividad por empleado deben leerse siempre con cautela, ya que no reflejan necesariamente el desempeño real del trabajo, sino más bien una combinación de factores contables y fiscales. “En muchas jurisdicciones de baja tributación, las filiales de multinacionales registran beneficios desproporcionadamente altos con plantillas mínimas, lo que dispara artificialmente las ratios por empleado”, explicó el organismo en la última edición del informe, de 2024.
Las cifras, corrobora, no son una prueba del rendimiento profesional, sino una manifestación de estrategias fiscales agresivas por las que las empresas reubican beneficios hacia territorios con impuestos más bajos. La OCDE suele señalar a los territorios con tipos del impuesto de sociedades bajos y a aquellos países o regiones que son polos de inversión extranjera. Para el organismo, jurisdicciones como Malta, Luxemburgo o Países Bajos (así como territorios como Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas o Islas Caimán, entre otros) suelen cumplir con estos atributos.
Para combatir estas prácticas, la OCDE ha impulsado una reforma fiscal internacional basada en dos pilares. El primero busca reasignar parte de los beneficios de las grandes multinacionales a los países donde realmente generan su actividad económica, y no solo donde declaran fiscalmente sus ingresos. El segundo, por su parte, establece un impuesto mínimo global del 15% para los grupos empresariales con ingresos superiores a 750 millones de euros, con el objetivo de limitar la competencia fiscal entre países y evitar la deslocalización de las ganancias.
