Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea calcula que la deuda pública española bajará de aquí a 2027 para luego volver a subir hasta el 112 % del PIB en 2035, aunque sigue viendo «riesgos» a medio y largo plazo sobre todo por el envejecimiento de la población.
El informe sobre la sostenibilidad de la deuda publicado por el Ejecutivo comunitario prevé que la ratio descienda un punto este año, hasta el 101,3 % del PIB, y siga bajando «ligeramente» hasta el 100,8 % del PIB en 2027, para volver a subir después progresivamente hasta el 112 % en 2035.
Esta evolución es más favorable que la que preveía en su análisis del año pasado, en el que estimaba que en 2034 (último año cubierto entonces) la deuda se situaría en el 118,4 %, casi nueve puntos por encima del 109,5 % que calcula ahora para ese ejercicio.
A corto plazo la Comisión ve un riesgo «bajo» para las finanzas públicas españolas ya que, si bien las necesidades de financiación seguirán siendo altas, de en torno al 16 % del PIB en 2025-2026, la percepción de los mercados financieros sobre el riesgo de los bonos soberanos es que tienen grado de inversión, señala el documento.
España, entre los países europeos, con riesgos altos a medio plazo
A medio plazo, sin embargo, evalúa este riesgo como «alto» y señala que el aumento del ratio de deuda estará «parcialmente» motivado por el déficit estructural del 0,6 % del PIB en 2025, que es «bajo comparado con las cifras del pasado».
«Además, el gasto ligado al envejecimiento aumentará, pesando sobre las finanzas públicas», añade el informe, que detalla que las necesidades de financiación aumentarán en la década cubierta por las proyecciones hasta aproximadamente el 20 % del PIB en 2035.
España forma así parte del grupo de once países – con Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Hungría, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Finlandia – con riesgos altos a medio plazo, según el análisis de Bruselas, que advierte de que los países con las ratio de deuda más altas, entre los que se encuentra España, «podrían exponerse a desafíos de liquidez».
A largo plazo, la Comisión ve un riesgo «medio» para la sostenibilidad de la deuda pública española y explica que estos emanan sobre todo del «previsto aumento de los costes ligados al envejecimiento y de las posiciones iniciales desfavorables de los niveles de déficit y deuda».
El informe advierte además de que estos riesgos podrían aumentar si se da un contexto de tipos de interés más altos, dado el elevado nivel de la deuda pública española (102,3 % al cierre de 2024, según el informe), pero también hay factores que los mitigarían.
Es el caso de la prolongación de los vencimientos de la deuda en los últimos años, las fuentes de financiación «relativamente estables» con una «base de inversores amplia y bien diversificada» y la larga proporción de deuda denominada en euros.
«Además, la ‘cláusula de cierre’ introducida en la reforma de las pensiones de 2023, si se implementa totalmente, contribuiría a abordar las lagunas emergentes para la sostenibilidad fiscal relacionadas con el gasto público en pensiones», añade la Comisión.
Esta cláusula obligaría a tomar medidas adicionales, entre ellas una subida automática de cotizaciones, si se constata un desfase entre los ingresos y los gastos del sistema de pensiones.
El Ejecutivo comunitario precisa que este análisis no tiene en cuenta los compromisos adoptados por los Estados dentro de los planes fiscales a medio plazo que remitieron a Bruselas conforme a las nuevas reglas fiscales, que fijan una senda de saneamiento de sus finanzas, sino solo las medidas legisladas para 2025. A partir de 2026, parte de la base de que no hay un cambio de políticas.
