“Todo lo que es moda, pasa de moda” dijo Gabrielle Coco Chanel.Todo pasa, pero todo vuelve. En la economía, vuelve el debate sobre el papel del Estado en un sistema capitalista sin contrapesos. El rearme de Europa, los intereses que envuelven la transición energética y la presión sobre las infraestructuras replantean el papel del Estado y sus participaciones en empresas estratégicas; especialmente en sectores como la energía, la Defensa, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó en esa dirección hace año y medio. Habían comenzado los movimientos significativos de empresas con participación pública. Según explicó, la entrada (10%) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Telefónica —un cuarto de siglo después de su completa privatización— formaba parte de una estrategia de más largo alcance. Tras Telefónica, Indra (28% SEPI) y Redeia (20% SEPI) acordaron la compraventa de la compañía de satélites Hispasat; Navantia (100% pública) cerró la compra de astilleros en Reino Unido y Correos anunció que solicitará una licencia al Banco de España para operar una Entidad de Dinero Electrónico (EDE) y proporcionar los servicios básicos de un banco. Algo se mueve. No todo pasa.
La herramienta multiusos del Estado en el sector empresarial es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un holding adscrito al Ministerio de Hacienda, creado en 1995 como sucesor del Instituto Nacional de Industria (INI). “Un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno” precisan fuentes de la entidad. La SEPI gestiona las participaciones empresariales del Estado con criterios de rentabilidad económica y de servicio público. SEPI agrupa 14 empresas participadas mayoritariamente, incluyendo Correos, Tragsa, Navantia, Agencia EFE, Mercasa y Sepides. Además, mantiene participaciones minoritarias en otras diez compañías, como Telefónica, Indra, Enagás, Airbus y Redeia. Un cogollo empresarial estratégico. A cierre de 2023, el grupo empleaba a más de 85.000 personas. Correos lidera en empleo con 50.220 trabajadores, seguido por Tragsa (23.164) y Navantia (4.742). Es un mundo venido a menos. A mediados de la década de los noventa las empresas publicas incluidas en la Agencia Industrial del Estado (AIE), el grupo Teneo y el grupo Patrimonio tenían en plantilla a casi 300.000 trabajadores, según detallan Germá Bel y Anton Costas (La privatización y sus motivaciones en España: de intrumento a política).
En 2023, la SEPI obtuvo un beneficio neto de 10 millones, un 76% menos que en 2022. A pesar de la caída, 2023 fue el tercer año consecutivo con resultados positivos. La mochila anterior contenía siete ejercicios de números rojos. En el último ejercicio cerrado, la cifra de negocio alcanzó un récord de 5.908 millones, con un aumento del 12,5% respecto al año anterior. Los ingresos provinieron principalmente de Correos (36%), Tragsa (29%) y Navantia (24%). Eso sí, más de la mitad de las principales empresas del grupo registraron pérdidas operativas, hasta sumar un déficit conjunto de 341 millones. Un reflejo de costes laborales elevados y una operativa rígida.
Nuevos tiempos requieren nuevas herramientas. Hace menos de un año, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido entonces por José Luis Escrivá —actual gobernador del Banco de España— constituyó otro ente público, la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT). Su función: gestionar y coordinar las inversiones públicas en ámbitos de innovación tecnológica; sus armas: fondos como PERTE Chip, Next Tech y Spain Audiovisual Hub. SEPI y SETT son instrumentos para afrontar una realidad preocupante: “El déficit de inversión español” sostiene la Fundación de las Cajas de Ahorros en sus análisis “procede del sector privado y del débil multiplicador de la inversión pública sobre la privada”.
Fuentes del Ministerio de Hacienda, al que está adscrito la SEPI, el organismo que preside desde hace cuatro años la ingeniera de caminos Belén Gualda, detallan hacia dónde apunta la brújula: “Actuar en línea con la necesidad de una mayor autonomía estratégica y resiliencia del tejido productivo, sobre todo en sectores esenciales y críticos, tal y como demanda la Comisión europea en un contexto internacional con tantas incertidumbres”. “Si el objetivo es lograr mayor seguridad y mayor competitividad en las economías, no hay más remedio que darle más peso al sector público en la gestión económica; de otra manera no se puede conseguir” asegura Rafael Myro, catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. “Creo que el Gobierno tiene muy claro que debe tener mayor presencia” añade Myro, “no un dominio sobre las empresas, sino una mayor presencia [en la economía]; para asegurar la buena marcha de esas empresas, mantener su seguridad, evitar que las compre quien no es amigo y, además, participar en sus directrices”.
Los informes encargados por la Comisión Europea a los exprimeros ministros italianos Enrico Letta, Mucho más que un mercado y Mario Draghi, Informe sobre el futuro de la competitividad europea alimentan ese debate sobre el papel del Estado y el sector público. El informe Letta propone la creación de una entidad europea que canalice las inversiones hacia sectores estratégicos y sugiere acciones en áreas como la economía circular, la contratación pública y las capacidades administrativas. El Informe Draghi sobre competitividad propone dos soluciones complementarias: la puesta en marcha de una política económica mancomunada con estímulos a la inversión pública, y la profundización del mercado único.
La fundación de las cajas Funcas (Papeles de Economía, Retos pendientes del sector público español) asegura que “existe un nuevo consenso sobre la necesidad de complementar la globalización con instrumentos que garanticen la autonomía estratégica y que nos permitan responder a acuciantes desafíos planetarios como el cambio climático. Todo ello ha reforzado el papel de sector público y ha compensado con creces el vector de revisión a la baja y de recorte de cometidos defendida por pensadores y políticos de orientación liberal en el último medio siglo”.
En la línea de Funcas, Andrés Villena, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense cree que “algo se mueve”. “Privatizamos [en España] muy rápido; se decía y se creía firmemente que el Estado era mal empresario y peor banquero. Se deshizo todo y se fue más allá de modelos como el francés, donde el Estado mantiene posiciones significativas del 10%, 15% o 20% en el sector empresarial”. “¿Y ahora qué ?” se pregunta Villena “ estamos en un escenario que todavía no sabemos si es postneoliberal, donde el modelo chino parece cada vez más atractivo y parece que en algunos aspectos, con muchas limitaciones, se está dando marcha atrás [al rechazo de la intervención pública] por el incremento de riesgos”.
El economista José Carlos Díez (Lua Fund) recuerda que el plan de China —Made in China 2025— para convertirse en una gran potencia industrial y tecnológica se diseñó hace una década. En el caso de España y la acción de Gobierno, Díez se hace preguntas. “¿Alguien ha presentado un plan? ¿Está por escrito o se actúa caso a caso?”. En su opinión, no hay un plan definido. Y debería haberlo. “Sería útil” sostiene el economista “una estrategia de apoyo en política industrial a través del Ministerio de Industria o de la SEPI para empresas industriales con potencial de alto crecimiento, vinculados a sectores tecnológicos pujantes”. Y sin perder de vista el pasado. “La experiencia reciente” ha escrito Ignacio Muro (Economistas frente a la crisis) “ha demostrado que nuestro modelo de empresa pública es especialmente débil en cuanto a la defensa de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los intereses partidistas del gobierno de turno”. Dicho queda.
