Ni son ricos de familia, ni provienen mayoritariamente de sagas de juristas ni existe dato global alguno que permita enmarcar a los jueces de nuestro país en el espectro de la derecha puesto que el 42% de la carrera judicial no está asociada (no pertenece a algún colectivo judicial de los 5.416 jueces que hay en activo según los datos del Consejo General del Poder Judicial sólo el 58%).
La nueva promoción de jueces, la número 73, recibirá hoy en Barcelona sus despachos en un acto solemne presidido por el Rey Felipe VI. De los 137 integrantes nóveles de la Carrera Judicial, 92 son mujeres y 45 hombres, es decir, el 67% del total es mujer, consolidándose una tendencia que se inició en el año 1997. Asimismo, la edad media del nuevo juez es de 30 años, habiendo empleado cinco años y dos meses en preparar la oposición, según los datos facilitados por el órgano de gobierno de los jueces.
Además, las encuestas realizadas a estos miembros de la judicatura ponen de relieve que, más allá de leyendas urbanas, la mayoría no tiene familiares (hasta el segundo grado de consanguinidad) que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.
De hecho, siete de cada diez nuevos jueces no cuentan con ningún jurista entre sus allegados y solamente el 5,84% tiene a un juez o magistrado dentro de su familia, mientras que el 22,63% restante procede de entornos familiares en los que hay otros profesionales jurídicos, sobre todo abogados.
Asimismo, tampoco es cierto que la inmensa mayoría de los jueces procedan de familias ricas o de clase alta si se analizan los últimos datos respecto de la nueva promoción de jueces así como las anteriores a la misma. De hecho, de los nuevos 137 jueces, el 34,3% procede de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores. En otro 27% de los casos sólo uno de los dos -el padre o la madre- posee título universitario y en el 38% restante son ambos los que tienen estudios superiores.
No obstante, con mayor o menor esfuerzo de sus familias, el 94,89% ha contado con el soporte económico de sus padres durante los años de la oposición mientras un 5,84% ha disfrutado de una beca (el Gobierno presentó el pasado martes el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se contempla un sistema de becas para opositores por una cuantía equivalente al salario mínimo durante cuatro años).
Los datos recopilados por el CGPJ también analizan las razones por las que estos hombres y mujeres decidieron dedicar parte de su juventud a opositar e ingresar en la Carrera Judicial.
El 80% lo hizo porque le gustaba el derecho, el 69% por la función de los jueces de garante de los derechos fundamentales, el 68% por la independencia e imparcialidad de su función, el 65% porque la Administración de Justicia es un servicio público al que deben contribuir y el 55% para colaborar en la lucha contra la delincuencia.
Asimismo, el estudio del CGPJ también realiza un análisis territorial en nuestro país sobre la procedencia de los nuevos jueces. Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que más jueces aporta (34), seguida de la Comunidad de Madrid (21), la Comunidad Valenciana (12), Castilla y León (9), Cataluña y Galicia (8), Aragón y Murcia (7), Asturias y el País Vasco (6), Castilla-La Mancha y Extremadura (5), Cantabria (3), Baleares y Canarias (2) y Navarra y La Rioja (una cada una).
Por otro lado, la radiografía de los jueces noveles refleja que la jurisdicción penal, incluyendo especialidades de violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria, es la más atractiva para ellos. Seis de cada diez eligen este orden cuando se les pregunta por el área en el que les gustaría ejercer en el futuro su profesión. En segundo lugar aparece la jurisdicción civil, incluyendo familia y mercantil, con un 31,4% de preferencias, seguida de la jurisdicción social y, por último, la de lo contencioso administrativo.
Por último, se da la circunstancia que de los 137 integrantes de la promoción que hoy recibirá sus despachos en la Ciudad Condal, un total de 62 han obtenido destino como titulares de un órgano judicial. Sin embargo, más de la mitad, los 75 restantes, ante la ausencia de vacantes suficientes, serán nombrados jueces en expectativa de destino.
