PP, Vox y Junts sumaron sus votos el pasado miércoles para derogar el decreto que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de las rebajas en el precio del transporte público y la extensión de las ayudas por la dana y el volcán de La Palma, entre otras medidas. Los motivos de su no son bien distintos. El PP se justificó poniendo el foco en lo que figura en la disposición adicional segunda del texto: «La propiedad del inmueble [el palacete que hoy alberga la sede del Instituto Cervantes en París] quedará atribuida al PNV». Vox, por su parte, dijo oponerse porque el decreto incluía la concesión de una subvención de 4,5 millones a Ceuta para asistir a menores migrantes, y Junts aludió a lo que recoge el texto en materia de desahucios.
A esas tres cláusulas se agarraron cada uno de los partidos para justificar su negativa, pero el texto reúne muchas más. No es la primera vez que esto sucede, pues la figura del decreto ómnibus es un recurso legislativo que acostumbran a utilizar gobiernos de uno y otro signo para, sobre una medida que genera consenso, introducir iniciativas menores que, de otra forma, tendrían difícil salir adelante. En esta ocasión, el asunto nuclear era la revalorización de pensiones -ningún partido se opone- y, el añadido, una veintena de prórrogas normativas y más de 40 reformas legislativas.
SEGURIDAD SOCIAL
El decreto ómnibus recogía una subida del 2,8% en las pensiones contributivas para paliar el efecto de la inflación. Pero, además, sobre esta materia, el texto incluía medidas como la extensión -de seis meses a dos años- del periodo durante el cual las personas que han estado en ERTE pueden acogerse a beneficios en la cotización a la Seguridad Social. También renovaba las ayudas a empresas que se concedieron por la guerra de Ucrania -para evitar los despidos- y modificaba el régimen de cotización para el sector pesquero. Y, a falta de Presupuestos, prorrogaba el salario mínimo.
«ESCUDO SOCIAL»
El decreto recogía varias disposiciones económicas destinadas a proteger a los más vulnerables. Además de extender hasta final de año las rebajas en la factura eléctrica -lo que se conoce como el bono social- y de mantener la prohibición de cortar el suministro a quienes no pueden pagarlo, facilitaba la concesión de suelo público para construir vivienda social o a precios asequibles. Asimismo, extendía la suspensión de los desahucios a personas vulnerables y, tras un acuerdo con Podemos, incluía ahora además a los okupas, algo en lo que no está de acuerdo Junts.
IMPUESTOS
En el texto que decayó el miércoles en el Congreso también había prórrogas y reformas tributarias. Primero, se elevaba de 1.500 a 2.500 euros el límite de ingresos procedentes de segundos y restantes pagadores a partir del cual es obligatorio presentar la Renta. A la vez, se renovaban las deducciones en el IRPF a quienes acometan en su casa obras para reducir la demanda energética y a quienes compren un coche eléctrico. Además, se retrasaba hasta el 1 de abril la entrada en vigor del tributo sobre los cigarrillos electrónicos y se introducían modificaciones para ajustar la transición en el gravamen a la banca, que ha pasado a ser permanente. No figuraba en el decreto la prórroga de la reducción del IVA sobre los alimentos básicos, un argumento que también esgrime el PP.
A FALTA DE PRESUPUESTOS
Varias de las disposiciones del texto hacen referencia a medidas que se deben introducir por esta vía al no haberse aprobado los Presupuestos para 2025 -la revalorización de pensiones es una de ellas-. Por ejemplo, quedaban recogidos en el texto el reajuste en las entregas a cuenta de las CCAA y entidades locales y la actualización de la base máxima de cotización a la Seguridad Social. También se anula la autorización, que figura en la prórroga presupuestaria, de conceder financiación no reembolsable con arreglo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), pues se prevé que su saldo sea «cero».
TRANSPORTE
El fin de los descuentos en el transporte público urbano y de la gratuidad del tren se produce porque dichas prórrogas formaban parte del decreto ómnibus que decayó. En materia de transporte, se incluía también la concesión de ayudas para la adquisición de ciclos de pedaleo asistido y bicicletas eléctricas para sillas de ruedas, así como subvenciones a los servicios públicos de préstamo de bicicletas. Además, se establecía la gratuidad del transporte público terrestre en Baleares y Canarias.
DE VALENCIA A LA PALMA, Y CEUTA
El decreto ómnibus recogía varias medidas de apoyo a los afectados por la dana: extensión del plazo para solicitar ayudas, ampliación del marco geográfico que delimita qué agricultores pueden beneficiarse de los subsidios, y autorización para que la Generalitat se endeude para financiar la reconstrucción. Igualmente, el texto prorrogaba los ERTE derivados del volcán de La Palma y el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social a los afectados por la erupción. Asimismo, introducía una cláusula para que los agricultores de la zona que aún no pueden trabajar en sus fincas puedan solicitar la suspensión durante seis meses de las obligaciones de pago por préstamos que hubieran adquirido. Todo ello queda anulado después de que el decreto íntegro decayera. También queda paralizada la subvención de 4,5 millones de euros al gobierno ceutí para financiar la acogida de menores inmigrantes.
PLAN REGENERACIÓN
Por último, la disposición final segunda del decreto ómnibus incluía la aprobación de medidas recogidas en el plan de regeneración democrática impulsado por el Gobierno. Así, conforme a lo dispuesto en un Reglamento europeo, actualizaba la legislación española en aras de promover una «mayor calidad del debate público», estableciendo los principios básicos que deben cumplir los prestadores de información. El decreto también atribuía al Ministerio de Memoria Democrática la instrucción de los procedimientos de compensación a los partidos políticos por bienes incautados durante la Guerra Civil.
EL CAJÓN DE SASTRE: DEL PALACETE A LAS FINALES DE FÚTBOL Y LOS ARTISTAS
Fuera del ámbito económico, el palacete parisino cuya propiedad se cedía al PNV -por ser antigua sede del Gobierno vasco en el exilio- es la medida que más repercusión ha tenido. Pero el decreto ómnibus recoge otras iniciativas sobre materias de toda clase.
Por ejemplo, el texto introducía beneficios tributarios para impulsar que San Mamés (Bilbao) fuera la sede de la final de Champions femenina en 2024 y de la final de Europa League masculina en 2025. Así, se declaraba exentas del pago del Impuesto de Sociedades a las empresas organizadoras y a los equipos participantes, en lo relativo a las rentas que obtuvieran durante la celebración de los encuentros.
Por otro lado, el decreto ómnibus establecía que los artistas de arte sacro pasarían a formar parte del grupo 861 en el Impuesto sobre Actividades Económicas, a fin de «otorgar mayor seguridad jurídica a la clasificación de la actividad realizada por dichos artistas».
Y, entre disposiciones sobre Memoria y servicios de información, el texto que decayó el miércoles en el Congreso también ampliaba el plazo durante el que Correos continuaría como operador designado para prestar el Servicio Postal Universal.
