Marine Le Pen, líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), ha sido declarada este lunes culpable de malversación de fondos públicos, con una pena “necesaria” de inhabilitación política. La condena, que le impide presentarse a cargos públicos, podría recurrirse. Pero el tribunal ha decidido que se cumpla de manera inmediata sin esperar la resolución de dicha apelación. Se trata del peor escenario posible para la líder del RN, que abandonó la sala de forma airada sin terminar de escuchar la condena. Aún no está claro si ese escenario le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Dependerá de los años por los que quede finalmente inhabilitada y de lo que tarde en resolverse el recurso que previsiblemente presentará Le Pen contra la decisión.
Pasadas las 10 de la mañana, en la sala 2.01 del Tribunal Correccional de París, la misma que ha frecuentado durante las nueve semanas del proceso con otros 24 miembros de su partido imputados por el mismo asunto, Le Pen tomó asiento en la primera fila del banquillo de los acusados. Desde ahí, la líder del RN ha escuchado la sentencia que la ha declarado culpable a ella y a ocho eurodiputados de su formación política en el caso por un desvío de fondos europeos originalmente destinados a pagar asesores en Bruselas. La presidenta del tribunal continúa a esta hora desgranando las motivaciones y el tipo de condena, que conllevará seguro la imposibilidad de Le Pen de ser elegida para cargos públicos. El resto de acusados y compañeros de partido de la líder del RN permaneció en la sala mientras ella se encontraba ya en la sede del partido.
Le Pen estuvo arropada en la sala por los miembros más cercanos del clan, también imputados en la misma causa. A su izquierda, su mejor amiga y excuñada, Catherine Griset. A la derecha, el vicepresidente del partido, alcalde de Perpiñán y excompañero sentimental, Louis Aliot, condenado a 18 meses de cárcel (seis en firme) y tres años de inhabilitación, aunque sin ejecución inmediata. “El desafío supera el marco de la sala de este tribunal. Esto se va a demorar algo, va a haber que dar algunas explicaciones”, advirtió al comienzo la presidenta del tribunal, admitiendo la dimensión de las consecuencias de la condena, anticipando ya la magnitud de las condenas.
El veredicto del tribunal señala que, aunque no haya habido un “enriquecimiento personal”, el delito se produjo para beneficio del “confort de los dirigentes del partido”. El tribunal considera que el daño total es de 4,1 millones de euros y, en el caso de Le Pen, la cuantía de su malversación ascendería a 474.000 euros. Sobre la existencia de un “sistema” que organiza el desvío de fondos públicos, el tribunal considera que “realmente no ha tenido dudas” a la vista de los elementos de la investigación. Un sistema, señala la sentencia, en cuyo “corazón se encontraba Marine Le Pen desde 2009″. “Marine lo sabe”, señalaba uno de los correos electrónicos intervenidos.
El caso colea desde hace 10 años. Pero la Fiscalía solicitó en noviembre penas de inhabilitación contra Le Pen y los otros 24 acusados —miembros del partido, exeurodiputados y antiguos asistentes parlamentarios— “moduladas” según las responsabilidades. La acusación pedía también cinco años de prisión, de los cuales dos serían en firme —aunque con posibilidad de ajuste— y cinco años de inhabilitación para la jefa de los diputados del RN, además de una multa de 300.000 euros. “Su único objetivo es impedirme ser la candidata de mi grupo en las elecciones presidenciales [de 2027]. Hay que estar sordo y ciego para no verlo”, lamentó en su momento Le Pen, pese a que ella misma votó la ley que permitiría su inhabilitación.
El denominado escándalo de empleos ficticios fue, supuestamente, una acción dirigida por la cúpula del partido de Le Pen para utilizar la financiación que recibía de Bruselas entre 2004 y 2016, un periodo en el que el partido tenía mucha más presencia en Europa ―y, por tanto, subvenciones― que en Francia, para funciones fuera de su perímetro legal. Una práctica, en mayor o medida explotada y demostrada, extendida a otros partidos en Francia, como el del actual primer ministro, François Bayrou, La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon o, en España, la formación Podemos. El entonces presidente de la Eurocámara, el socialista alemán Martin Schulz, presentó una denuncia en 2015 que desembocó en casi 10 años de investigación y acabó en el juicio.
Bruselas elevó entonces a 6,8 millones de euros —aunque el tribunal lo haya ahora rebajado sensiblemente— el montante del que se benefició el RN a través de un “sistema fraudulento de desvío de fondos” que, fundamentalmente, destinaba el dinero para pagar asistentes en el Parlamento Europeo a asuntos domésticos de la formación en Francia. Durante sus alegatos, según publicó el diario Le Monde, los dos fiscales describieron, uno tras otro, la estructura de un “sistema” consistente en contratar “falsos” asistentes parlamentarios europeos que, en realidad, trabajaban para el partido.
Los acusados eran sospechosos, según los magistrados franceses que llevaron a cabo la instrucción desde finales de 2016, de haber puesto en marcha “de manera concertada y deliberada” durante ese periodo un “sistema de malversación” de los 21.000 euros mensuales asignados por la UE a cada eurodiputado para remunerar a sus asistentes parlamentarios. Estos últimos habrían trabajado todo o parte de su tiempo para el RN, permitiendo así al partido un ahorro considerable en salarios.
En 2014, tras la elección de una veintena de eurodiputados del FN, el tesorero del partido Wallerand de Saint-Just escribió: “Solo podremos salir adelante si logramos ahorrar significativamente a través del Parlamento Europeo”, recordó la fiscal, mencionando correos electrónicos —”no todos, ya que son demasiados”— que hablan de “montajes financieros” y de “traslados” de determinados asistentes a ciertos diputados en función de la disponibilidad de los fondos. En un mensaje se lee: “Uno u otro, tú puedes elegir”.
La cuestión puede terminar en los despachos del Consejo Constitucional, presidido por el fiel macronista Richard Ferrand, cuyo nombramiento fue avalado por el Parlamento hace mes y medio por tan solo un voto y con la abstención del partido de Le Pen, que muchos interpretan como un favor que acarreará contrapartidas. Este organismo no ha sentado aún jurisprudencia sobre la aplicación provisional de una pena de inhabilitación para un cargo nacional, aunque sí lo avaló el pasado viernes para un cargo municipal en un caso de un concejal de Mayotte.
