Nuevo episodio en el embrollo político de Corea del Sur. El primer ministro, Han Duck-soo, ha sido restituido este lunes como presidente en funciones, después de que el Tribunal Constitucional haya considerado nula su destitución. Han reemplazó en el cargo al presidente, Yoon Suk-yeol, cuando este cayó en una moción de destitución parlamentaria por haber tratado de imponer la ley marcial en el país, desatando una de las mayores crisis institucionales de las últimas décadas. El fallo del Constitucional eleva unos grados la temperatura política a la espera de que esta misma instancia decida sobre la verdadera cuestión relevante: si restituye o no a Yoon en el cargo.
Han fue un fugaz sustituto. A finales de diciembre, apenas dos semanas después de que asumiera el cargo ―que le correspondía como segunda autoridad del Estado tras la caída de Yoon―, la Asamblea Nacional votó su destitución entre acusaciones de “cómplice” y de “insurrección” por negarse a aprobar el nombramiento de nuevos magistrados para el Constitucional. Este órgano es central en la tormenta política, ya que le corresponde decidir sobre la restitución o no de Yoon, del mismo modo que acaba de deliberar ahora sobre la de Han.
Durante este paréntesis ha estado ejerciendo como presidente interino el ministro de finanzas, Choi Sang-mok. Las idas y venidas son el reflejo de hasta qué punto el país asiático, un aliado militar clave de Estados Unidos en la región, lleva sumido en una confusa polarización política desde el pasado 3 de diciembre, cuando Yoon declaró la ley marcial de emergencia, acusando a la oposición de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. Los soldados ocuparon calles e instituciones del país durante unas horas, hasta que el hemiciclo logró revertir la medida en una votación de urgencia.
Tras la decisión de este lunes, Han ha retomado las funciones presidenciales de inmediato. “Agradezco al Tribunal Constitucional su sabia decisión”, ha dicho, según la agencia surcoreana Yonhap. “Empezaré por ocuparme primero de los asuntos urgentes”. Además de afrontar la incertidumbre arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, Corea del Sur se enfrenta en estos momentos a unos incendios forestales que han dejado ya cuatro muertos, seis heridos y unas 1.500 evacuados en el sureste del país.
El conservador Yoon, que sigue siendo el jefe del Estado, está suspendido de funciones mientras el mismo tribunal delibera sobre su caso. El fallo podría llegar esta semana, anticipan analistas citados en los medios locales. Si el Constitucional convalida su destitución, se deberían celebrar elecciones presidenciales en 60 días. De no ser así, sería, igual que Han, restituido en el cargo.
Lee Jae-myung, jefe del opositor Partido Demócrata, la primera fuerza parlamentaria, ha hecho un llamamiento al Constitucional para que tome rápidamente una decisión sobre Yoon: “El continuo retraso del tribunal en pronunciarse está alimentando la preocupación y el conflicto”, ha declarado Lee, a quien los sondeos de opinión sugieren como vencedor en unas eventuales elecciones.
Además del juicio político, Yoon se enfrenta a un proceso penal en el que está acusado de liderar una insurrección. Por este caso, que podría acarrear la cadena perpetua, ha estado detenido desde mediados de enero a principios de marzo.
Muchos tenían la vista puesta en la deliberación sobre Han, por si daba alguna pista sobre el esperado fallo de Yoon, pero el tribunal no se ha adentrado en cuestiones sobre la legalidad o no de la ley marcial. Cinco de los ocho magistrados han votado a favor del regreso de Han al cargo de presidente interino, y uno en contra; otros dos han expresado que la destitución debería considerarse inválida desde un inicio, ya que la Asamblea Nacional la aprobó sin la mayoría requerida de dos tercios.
El órgano ha rechazado que Han fuera cómplice de la imposición de la ley marcial. Sí ha dictaminado que el retraso de Han en los nombramientos de los magistrados del Constitucional nominados por el Parlamento vulneró la Constitución y algunas leyes, pero ha considerado que no ha sido lo suficientemente grave como para iniciar un proceso de destitución.
