La Junta de Andalucía ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto que regula el registro único para pisos que se alquilan por temporada y que, aunque está en vigor desde enero de este año, se espera que realmente entre en funcionamiento a partir del mes de julio. El Ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno considera que las comunidades autónomas son las únicas competentes en materia de turismo y vivienda. Y considera que, en este caso, es a la administración regional a la que le corresponde gestionar el arrendamiento de temporada y controlar el flujo de datos que se intercambien en la Ventanilla Única, que también recoge la normativa estatal impulsada por el Ministerio de Vivienda.
El Gobierno de España decidió aprobar el Real Decreto 1312/2024, para garantizar un mejor y mayor control de los alquileres de temporada y los pisos turísticos y evitar el fraude en este tipo de alojamientos, para cumplir, así, con la exigencia europea y ante la falta de consenso evidenciada tras distintas reuniones con las comunidades autónomas. En esa norma, además del registro para unificar toda la oferta existente en el país, se incluye una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, la pasarela con la que se comunicarán la Administración y las plataformas donde se anuncian estos pisos. Con este mecanismo se impedirá que entren en el mercado aquellas viviendas que no cuenten con la licencia pertinente o que no se ajusten a lo que dice la ley.
A poco más de un mes de que empiece a funcionar este sistema unificado, la Junta ha interpuesto un recurso alegando que deben ser las comunidades las “destinatarias de toda la información facilitada por los interesados a la ventanilla única” y que sean ellas, y no el Gobierno central, las que “establezcan los mecanismos de intercambio de los datos adecuados para ese fin, sin que resulte exigible la firma de convenio adicional con los registros de la propiedad”, según indican fuentes de la Consejería de Turismo y Deporte. También reclaman que sean las administraciones regionales las que dicten las resoluciones para eliminar o inhabilitar los anuncios vinculados a establecimientos no autorizados, y que la ventanilla única digital sea solo “un mero cauce de transmisión con las plataformas digitales”.
Desde la Junta también se pide que se garantice al INE y a los institutos de estadística autonómicos el acceso a los datos de esa ventanilla única por el “enorme interés público de tales datos en materias de competencia exclusiva, como vivienda, turismo, urbanismo y ordenación del territorio”. El Ejecutivo de Moreno también urge al Gobierno a que convoque a todas las comunidades para exponerles los avances del grupo de trabajo para la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto a la vivienda, tal y como se recoge el en reglamento contra el que se ha presentado el recurso.
La presentación de este recurso supone un nuevo enfrentamiento entre la Junta y el Ministerio de Vivienda. Ambas administraciones han chocado a cuenta de la aplicación de la ley estatal de vivienda —de la que el reglamento que regula el registro único es un desarrollo— en las cuestiones relacionadas con la determinación de zonas tensionadas para intervenir en el mercado de alquiler o blindar la vivienda de protección oficial para que no se puedan ofertar como vivienda libre antes de 30 años o en quién aporta los fondos para la construcción de VPO en la comunidad.
