Los socios vascos del Gobierno no quieren ni una detención más, ni un encarcelamiento más de miembros de ETA. Y así se lo han recordado a sus interlocutores en el Partido Socialista y en el Gobierno en las últimas semanas tras detectar indicios de que las causas abiertas contra dirigentes de ETA en la Audiencia Nacional pueden llevar a prisión a algunos de ellos.
Desde EH Bildu y su entorno (el PNV está en la misma línea pero deja que sea la izquierda abertzale la que presione) recuerdan al partido de Pedro Sánchez que el compromiso era acercar a todos los etarras a prisiones del País Vasco y Navarra. El segundo escalón es la cesión de la gestión carcelaria de estos internos a la administración vasca para así ir gestionando -como ya está siendo- las excarcelaciones de los terroristas de ETA.
Por último, el acuerdo político incluiría la no detención de miembros de ETA y, mucho menos, nuevos encarcelamientos.
Así las cosas, según informan fuentes cercanas a la Audiencia Nacional, la negociación y los acuerdos se pueden enfrentar en breve a un panorama rupturista. En esta instancia judicial, hay varios sumarios donde ya están imputados jefes de la organización terrorista ETA. Y, según estas fuentes, el más avanzado es el que implica a seis jefes de la organización terrorista en el cuadro de mando que ordenó el atentado contra el líder del Partido Popular de San Sebastián Gregorio Ordóñez hace ahora 30 años. El juez tiene imputados a seis de ellos.
También hay otros sumarios donde se investiga a estos jefes de ETA: el del edil del PP Miguel Ángel Blanco y el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola son dos de ellos.
En ellos aparecen investigados todos los jefes de ETA de la época en que se perpetraron las acciones. Tres de ellos, aunque fueran condenados como los que dieron la orden, no volverían a prisión ya que han cumplido el máximo establecido por ley. Además de ser condenados por pertenencia a banda armada, tuvieron que cumplir otras condenas ya relacionadas con actos terroristas concretos.
Pero hay tres de los más destacados etarras que solo han cumplido por pertenencia a banda armada. Ello supone que podrían ser condenados por atentados e, indefectiblemente, entrar en prisión. Se trata de tres de las figuras más representativas de ETA: José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, Mikel Albizu, Mikel Antza, e Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Ninguno de ellos ha entrado en prisión por asesinatos.
Ahora, tras admitirse en la Audiencia la tesis de la ‘autoría mediata’, es decir, que un comando no perpetraría un atentado de gran calado (Ordóñez, Miguel Ángel Blanco…) sin el visto bueno o las órdenes directas de sus jefes, el péndulo de la prisión pende de nuevo sobre ellos.
Pero, políticamente, tanto desde las filas de EH Bildu como desde las del propio PSOE se entiende que sería un retroceso en lo que ambos coincidieron en denominar la «resolución del conflicto».
Ahora la patata está «muy caliente», explican estas fuentes, que consideran que las instrucciones están muy avanzadas e influir o condicionar ahora a los jueces «está muy complicado». Desde el Gobierno se movieron muchos para hacer «gestiones» con la Fiscalía. También colocaron a un representante del Ministerio Público menos firme con el tema penitenciario de los etarras que el anterior, Carlos Bautista, quien recientemente decidió abandonar la Audiencia Nacional.
El nuevo fiscal, Carlos García Berro, incluso en escritos se ha posicionado en la misma línea que los abogados de los terroristas. Hasta el punto de que su informe en el caso de Miguel Ángel Blanco, en defensa de la prescripción, fue en la misma línea que las defensas de los jefes de ETA pero mucho más elaborado y prolijo en sentencias del Supremo, del Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y con este movimiento fiscal, tiene más sentido, para poder cumplir con los compromisos con la izquierda abertzale, la eliminación de las acusaciones populares en los casos de corrupción y también de terrorismo, como plantea abiertamente el Ejecutivo. Esto afectaría a las asociaciones de víctimas, personadas como acusaciones populares, auténticas potenciadoras y dinamizadoras de las actuaciones contra los jefes de ETA. Con la reforma, prácticamente todo quedaría en manos de la fiscalía, que actualmente está en la línea de archivar los pleitos.
Pero, aún así, la rueda de este tribunal ha seguido girando y acorralando a los jefes de ETA. En el caso de Gregorio Ordóñez, el juez Francisco de Jorge ha decidido ampliar la instrucción contra los jefes de ETA otros seis meses y ha citado a declarar a Valentín Lasarte, uno de los condenados por el crimen del dirigente popular.
En el caso del asesinato del edil del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, la Audiencia rechazó inicialmente el recurso de las defensas contra su procesamiento que, después, la sección cuarta, con el informe del fiscal García Berro a favor de la prescripción se lo estimó y declaró el sobreseimiento libre por prescripción pendiente aún de un recurso de casación.
En el caso del atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, el que fuera instructor de la causa Manuel García Castellón tuvo que abandonar su puesto tras procesar a dos jefes de ETA y pendientes de que sean procesados otros dos, ya que quedó pendiente de su entrega temporal. En el sumario sobre el atentado en el que murió Silvia Martínez, una niña de seis años, está procesado Mikel Antza.
Otro de los movimientos políticos que está en fase de estudio es modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial para que el juez de vigilancia penitenciaria dependa exclusivamente del País Vasco y deje de estar en manos de la Audiencia Nacional. Así, las concesiones de la libertad condicional a los presos de ETA estaría ya solo en manos del País Vasco.
