El jefe de neurología del hospital Aguas Vivas, un centro especializado en daño neurológico ubicado en Alzira (Valencia), declaró en el juicio que se puso «en alerta» al ver «el trajín de familiares» que había en torno a la habitación de María Teresa Marqués. La viuda de Luis Gozalbo -prestigioso abogado; primer jefe de los servicios jurídicos de Banesto-, había sufrido tres accidentes cerebrovasculares en poco más de un mes -agosto, 2012- y se encontraba en «estado vegetativo». Sufría «un deterioro cognitivo gravísimo», según diagnosticó el citado especialista.
Sin hijos ni sobrinos carnales, se le calculaba una fortuna de 12 millones de euros y no había hecho testamento. «Había mucha gente pululando», declararía el jefe de neurología en el juicio, quien, por consejo de un amigo juez, acudiría a la Fiscalía para informar de la situación en la que se encontraba la mujer, de 80 años.
El 24 de agosto de 2012, postrada en la cama del hospital, había firmado mediante huella dactilar un testamento y el especialista consideraba que no estaba capacitada para ello. Ante el tribunal dijo que no le había pasado algo parecido en 30 años de profesión, que la testadora tenía una mínima conexión con el medio y puso el ejemplo práctico de que no podría resolver un problema de matemáticas de un niño de seis años. «¿Cómo va a firmar esta señora eso?», pensó.
Entre quienes visitaban a la convaleciente estaban tres sobrinos de su marido y cuatro patronos de la Fundación Gozalbo-Marqués, que María Teresa había creado cuatro meses antes de sufrir el primer ictus para ayudar a los más desfavorecidos. Los siete fueron beneficiarios de 650.000 euros cada uno, según figuraba en el testamento, que se abrió tras el fallecimiento de la testadora el 13 de mayo de 2013.
O el capellán de la de la clínica de Madrid donde estuvo ingresado su marido antes de su muerte en 2011 y otro patrón de la fundación, a quienes legó 325.000 euros. A cuatro ahijados, una de ellos la hija de sus caseros, le correspondieron 6.000 euros y 3.000 a otros dos hijos de los guardeses, entonces menores de edad. El resto de los 12 millones de euros, 6.899.125.97 exactamente, fueron a parar a las arcas de la Fundación Gozalbo-Marqués.
Entre quienes acudieron al hospital Aguas Vivas para interesarse por el estado de María Teresa estaba también un primo lejano, catedrático de matemáticas, que fue quien puso en marcha la maquinaria judicial. El resto de familiares, declaró, le pusieron dificultades para verla.
Unos días después de la firma del testamento -el 29 de agosto de 2012, cree- lo denunció ante la Fiscalía. ¿Su motivación? «Contesta que, por un lado, no se había tratado bien a la prima para intentar recuperarla y que en aquellos actos iban a desposeerla de su patrimonio y, por tanto, que quedaría desvalida», recoge la sentencia su respuesta.
Declaró también que en el momento de la denuncia ignoraba que había una recompensa del 10% de la herencia por poner en conocimiento de la Administración el fallecimiento de una persona que no deja testamento y que puede, por tanto, ser reclamado para las arcas públicas, lo que se conoce como una herencia ab intestato. Una vez informado de ello, dijo, sopesaba pedir ese 10%.
Falsedad de documento público
El juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial de Valencia, arrancó el 16 de octubre pasado. En el banquillo de los acusados se sentaba la notaria que otorgó el testamento, a la que se acusaba de un delito continuado de falsedad de documento público, por el que el Ministerio Fiscal pedía cinco años de cárcel.
El fallo, hecho público ahora y ante el que cabe recurso de apelación al Tribunal Supremo,condena a la funcionaria pública, inhabilitándola durante cinco meses y multándola 2.200 euros. Los beneficiarios del testamento, dice la resolución, deben devolver lo recibido y, en caso de que los bienes hayan sido enajenados o no pudieran ser restituidos, la notaria y su compañía aseguradora deberán responder por ellos.
«La encausada, por tanto, con una absoluta falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, incumplió gravemente su obligación profesional de cerciorarse de la capacidad» de María Teresa Marqués, concluye la sentencia. «No adoptó las mínimas cautelas, consistentes en la consulta con los profesionales sanitarios y ejecución de mecanismos adecuados de comprobación» de la «capacidad de la otorgante con carácter previo a la firma de los documentos a la vista de su situación médica».
María Teresa Marqués, «una persona culta y con un carácter y una educación muy comprometida con la sociedad y las personas más desprotegidas», según la semblanza que de ella hace la fundación, nació en Gandía (Valencia) en 1932. Se casó con Luis Gozalbo Jornet, originario de Xátiva (Valencia), quien, tras «una infancia austera y difícil», estudió Derecho y se convirtió en «el primer jefe de los servicios jurídicos de inspección de Banesto».
El matrimonio, sin hijos, «siempre tuvo en mente crear una fundación social» pero él falleció en marzo de 2011 sin ponerla en marcha. Puesto que no dejó testamento, la viuda heredó todo el patrimonio y acabó alumbrando la fundación en marzo de 2012. Solo cuatro meses después sufrió el primer ictus sin tener dispuestas sus últimas voluntades.
La clave del juicio era determinar si María Teresa estaba capacitada o no para testar cuando lo hizo. La notaria, con despacho en la localidad de Carcaixent, declaró que unos dos meses antes de sufrir el ictus recibió una llamada de María Teresa en la que le anunció que quería hacer testamento. Que a finales de junio de 2012, la mujer acudió a su despacho para darle instrucciones y que ella tomó unas «notas básicas».
La sentencia siembra dudas sobre el encuentro, que se habría producido con máxima discreción. María Teresa no conducía y ninguno de los allegados y empleados a los que se preguntó la llevó al despacho. ¿Quién lo hizo?
Ya con María Teresa ingresada, un concuñado -relató en el juicio la notaria-, la llamó para decirle que preparara el testamento para firmarlo. Se trataba del esposo de la hermana de Luis Gozalbo, quien no está entre los beneficiarios del testamento pero sí sus tres hijos, con 650.000 euros cada uno.
Firma mediante huella dactilar
La notaria, que remarcó que sólo cobró 50 euros por el trámite, acudió con el documento al hospital y, aunque no habló con ningún médico, valoró la capacidad de María Teresa, explicó, formulándole preguntas a las que ella respondió con gestos: «No hablaba, movía la mano, la apretaba, los ojos, movía la cabeza».
La firma se produjo mediante huella dactilar: «Le acercó el papel, le enseñó la almohadilla, se aseguró que cogía bien la tinta y apretó el dedo», recoge la sentencia el relato de la notaria sobre cómo se rubricó el documento. El concuñado y una amiga íntima de María Teresa hicieron de testigos.
Todos los que desfilaron ante el tribunal, mayoritariamente los beneficiarios, declararon a favor de la legalidad del testamento. Dijeron que, pese a su estado, María Teresa entendía y se hacía entender y que, antes de sufrir el ictus, les había dicho que estaba preparando sus últimas voluntades.
«Estaba en tratos para el testamento», dijo su amiga. «Ella la entendía, en cuanto entraba ella, le salían las lágrimas y le cogía de la mano, y se hacía entender. Le apretaba la mano y algún sonido, ella le entendía perfectamente, aunque sea difícil explicarlo», se transcribe en el fallo judicial parte de su declaración. TTodos coincidieron también en el apego de María Teresa a la fundación y en que quería que la mayor parte de su legado fuera para ella.
El tribunal sin embargo dio más peso al testimonio cualificado de los médicos que la trataron, quienes aseguraban que su estado era incompatible con el entendimiento y la firma de un testamento. Si se cierra así el caso -cabe recurso ante el Supremo- la Generalitat Valenciana, que se personó en el proceso judicial, podrá reclamar la millonaria herencia.
