Gabriela Bravo dejó temporalmente la carrera fiscal para incorporarse a la política de la mano del ex presidente de la Generalitat Ximo Puig, que la fichó para su Gobierno. La retirada de Puig tras perder las elecciones de 2023, sin embargo, no impidió que Bravo fuera aupada a la Vicepresidencia Segunda de las Cortes Valencianas, un puesto del que ha dimitido este martes con su renuncia al escaño por el PSPV-PSOE.
Según ha adelantado la Ser y ha confirmado este diario, con este paso a un lado Bravo abandona definitivamente la política para volver a ejercer como fiscal. De hecho, ha presentado este martes por registro de entrada en las Cortes su carta de renuncia: «Ha sido un honor formar parte de la casa de todos los valencianos y valencianas, el fundamento de nuestro autogobierno y el pilar de la política útil», traslada a la presidente del parlamento autonómico, Llanos Massó.
«Después de una década en política, me marcho agradecida. Ahora, regreso al Ministerio Fiscal, donde, como siempre, defenderé el interés general y los derechos de los más vulnerables. Con el compromiso intacto de seguir luchando por los valores democráticos», ha expuesto en una carta que ha publicado en sus redes sociales.
La que fuera consejera de Justicia, Interior y Administración Pública con los gobiernos del Botànic (2015-2023) ha comunicado de esta manera que cierra «una etapa ilusionante que se inició hace casi diez años». Además, ha expuesto que la decisión nace de «la profunda convicción» de que su «compromiso con la sociedad valenciana» será «más útil desde otro ámbito al que también me debo: la justicia».
Bravo, que en todo caso siempre mantuvo su condición de independiente, se destacó por mantener los pulsos más tensos con el socio de gobierno de Puig, Compromís. Fue de las primeras en enfrentarse a la ex vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, cuando le enseñó la puerta de salida tras su imputación, con la ya famosa frase de «aporta o aparta».
Pero estuvo también en el centro de las críticas de la oposición que en la anterior legislatura ejerció el PP, pues como consejera de Justicia tenía entre sus competencias la de Emergencias. Fue la artífice de la Unidad Valenciana de Emergencias, una especie de UME para centralizar todos los efectivos. Sin tener tiempo de iniciar su andadura, fue derogada por el PP de Carlos Mazón tras su llegada al poder con el argumento de que era un «chiringuito».
Y a ella apuntaron todas las miradas con el accidente del tren de Bejís, que se adentró en un incendio al no advertir Emergencias de la Generalitat del peligro.
