La Comisión Nacional del Mercado de Valores quiere reforzar la vigilancia sobre los depósitos bancarios estructurados que se comercializan entre los pequeños inversores. Se trata de vehículos con una remuneración superior a la de los depósitos a plazo fijo pero que no está garantizada. Un retorno que suele además estar vinculado a la evolución de un determinado índice bursátil, a la cotización de una o varias empresas o a otro subyacente como el petróleo, por lo que estos depósitos suelen tener la consideración de carácter complejo y cuenten con un elevado nivel de riesgo.
El supervisor presidido por Carlos San Basilio ha modificado la normativa de advertencias al inversor para incluir este tipo de vehículos entre aquellos como bonos, obligaciones o cédulas, sobre las que las entidades deben advertir expresamente en el contrato que firma el pequeño inversor si existe una “diferencia significativa respecto a la estimación del valor actual y el precio o importe en efectivo”. Una circunstancia que podría derivar en posibles pérdidas para el cliente, o ausencia de rentabilidad transcurrido el plazo del depósito. Desde la CNMV inciden además en que al incorporar habitualmente una estructura que dificulta al cliente la comprensión de los riesgos en que incurre sobre el rendimiento o el coste de salida del producto antes del vencimiento del mismo, suelen ser considerados complejos. Según el semáforo del riesgo, una herramienta que permite conocer los distintos niveles de riesgo de los productos financieros en función de colores y una escala numérica sencilla, algunos de los últimos depósitos estructurados comercializados tenían escala 2 de 7.
Los productos estructurados vivieron sus años de esplendor en España entre los pequeños ahorradores coincidiendo con la salida de la crisis financiera derivada de la quiebra de Lehman Brothers y unos tipos de interés que en la zona euro llegaron a situarse en el 0,05% hace ya diez años, pero que en la actualidad prácticamente han desaparecido de los escaparates bancarios. Entre las entidades que ofrecen estos vehículos está CaixaBank, que ofrece deuda estructurada a un año entre sus clientes de alto poder adquisitivo, esto es, que disponen de fortunas de más de un millón de euros, y que tienen contratada con la entidad alguno de sus servicios de asesoramiento independiente y que pagan, según los últimos comercializados, hasta un 4% —llegaron a pagar un 8,5% cuando los tipos de interés del Banco Central Europeo se situaban en el 4%—.
En la actualidad, solo EBN Banco ofrece un depósito ligado a una nota estructurada dirigido a pequeños ahorradores que tengan una cuota de valores con la entidad, que tiene una inversión mínima de 20.000 euros, la mitad para cada vehículo. En concreto, hasta finales de mes ofrece un depósito a un año al 3,25% que está ligado a una nota estructurada con vencimiento en 2028 y que ofrece un cupón de hasta el 4,08%. La parte estructurada está ligada a la evolución en Bolsa de las acciones Amadeus y Acciona y garantiza el 100% del capital invertido, si bien podría llegar a no recibir cupón alguno si ambas cotizadas no incrementan su valor en Bolsa durante este tiempo.
Esta advertencia deberá reflejarse también en la operativa sobre renta fija en la que el banco actúe como intermediario ante el cliente de un vehículo de un tercero, como en el caso de que ejerza por cuenta propia, dado que según explica el supervisor con este cambio se busca “conseguir una adecuada protección del inversor, ya que, de otro modo, se generaría un arbitraje regulatorio y una injustificada desprotección del cliente minorista”.
Servicios de criptoactivos
La CNMV, además, ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una circular que define qué información deberán reportar al supervisor las entidades que ofrezcan servicios de criptoactivos que afectará tanto a los nuevos proveedores de servicios de criptoactivos como a las empresas de servicios de inversión y gestoras de fondos que ofrezcan tal actividad. Los nuevos proveedores de servicios de criptoactivos deberán remitir al organismo sus cuentas anuales auditadas y el informe de protección de activos de los clientes cuando se les requiera, al ser firmas reguladas por la CNMV desde enero tras la entrada en vigor de la directiva europea MICA.
Al mismo tiempo, el supervisor ha homogeneizado la información que las empresas de asesoramiento financiero (EAF) y las empresas de asesoramiento nacionales (EAFN) deben reportar al del resto de las firmas de servicios de inversión. La figura del EAFN está en vigor desde enero de 2024, creada para permitir a los pequeños asesores financieros operar con menores requisitos que el resto de las firmas de asesoramiento a cambio de solo poder operar en territorio nacional y evitar que aquellos brókers personas físicas o jurídicas tuvieran que elevar su capital social a 75.000 euros. En la actualidad en el registro de la CNMV hay 53 EAFN, como Capitalia Familiar o las firmas de Araceli de Frutos, Emérito Quintana o Nextep Asesores Financieros, de Víctor Alvargonzález. Son firmas que no pueden asesorar sobre derivados cotizados ni sobre criptoactivos.
Desde el sector reconocen que el cambio implicará un aumento en la cantidad de información que tendrán que remitir al supervisor las EAF y las EAFN jurídicas y apuntan que “es una piedra más en el camino” después de que en los últimos meses hayan tenido que trabajar en la entrada en vigor de DORA. Un reglamento de resiliencia operativa digital vigente desde enero, que busca la ciberresiliencia de todas las entidades financieras, incluidos los pequeños asesores financieros y los proveedores criptos. Cierto es, apuntan, que aunque deben cumplir en todo momento con la ley de blanqueo de capitales, la CNMV ha eximido finalmente a las EAF que carecen de agentes y a las EAFN de reportar sobre ello.
