Madrid (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin dar su visto a la operación de compra del BBVA sobre el Banco Sabadell, ya que la Sala de Competencia continúa reunida sin que haya aprobado su resolución, según han informado este miércoles a EFE fuentes próximas al proceso.
Tras varios meses de análisis, de testar en el mercado compromisos ya adquiridos por el BBVA y de haber recibido las alegaciones presentadas por el Sabadell, la CNMC tiene todo preparado para aprobar su dictamen y despejar el camino para que la operación avance.
Sin embargo, el pasado lunes la Sala de Competencia tuvo que suspender la reunión que mantenía con el objetivo de aprobar su resolución por el apagón eléctrico que afectó a buena parte de España.
Este miércoles, esta misma sala volvía a reunirse desde primera hora de la mañana y pasadas las 15.30 horas siguen trabajando sin que se haya tomado aun una decisión.
Dictamen
Desde hace semanas la intención de la CNMC era aprobar el dictamen antes de que acabara abril, a pesar de la complejidad de la operación, aunque siempre cabía la posibilidad de que la decisión se retrasara si surgía cualquier imprevisto.
No obstante, el visto bueno de Competencia es inminente y como la institución que preside Cani Fernández subordinará la operación al cumplimiento de compromisos o condiciones, la resolución no será firme ni pondrá fin a la vía administrativa hasta que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, resuelva no elevarla al Consejo de Ministros.
Dada la oposición del Gobierno a la operación desde un primer momento, se da por descontado que el titular de Economía decidirá elevar la cuestión al Consejo de Ministros en el plazo de quince días que recoge la norma.
A partir de ese momento, el calendario da un mes para que el Consejo de Ministros decida si confirma la resolución dictada por la CNMC o se inclina por autorizar la concentración con nuevas condiciones.
La Ley de Defensa de la Competencia de 2007 deja claro que estas condiciones deberán estar debidamente motivadas en razones del interés general distintas de la defensa de la competencia, como la seguridad nacional, la protección del medioambiente o la promoción de la innovación, por ejemplo.
No existe precedentes en los que el Gobierno haya endurecido las condiciones de compra de una fusión.
