La dependencia tecnológica de la UE se desnudó, entre otros muchos ámbitos, a raíz de la pandemia. Solo en las factorías de automóviles alemanas, la escasez de microchips provocó el desplome de su producción hasta niveles de hace medio siglo. La Comisión reaccionó con la Ley Europea de Chips, un instrumento estratégico para invertir 86.000 millones de euros en fabricar en el continente los procesadores presentes en todos los dispositivos electrónicos. El Tribunal de Cuentas comunitario ha evaluado esta medida tres años después de su aprobación y su conclusión no es muy halagüeña: “Es muy improbable que la UE alcance su objetivo de lograr una cuota del 20% del mercado mundial de microchips para 2030”.
Los chips son procesadores, circuitos integrados electrónicos hechos de materiales semiconductores imprescindibles para el funcionamiento de cualquier aparato, desde la simple aspiradora, el reloj o el televisor hasta el menos sofisticado ordenador o el teléfono móvil de última generación. Carecer de este material significa dejar casi todos los ámbitos de la vida en manos de otros.
Para evitar esta fundamental debilidad estratégica, evidenciada y acrecentada a partir de las sucesivas crisis internacionales, como la última guerra arancelaria, la UE se propuso en 2022 ser capaz de fabricar dos de cada diez chips del mundo en un plazo de ocho años. Pero, aunque los auditores europeos admiten que la Comisión “ha avanzado de manera razonable sobre la ejecución de su estrategia”, hay una enorme brecha entre ambición y realidad. “La UE necesita cuanto antes una dosis de realidad en su estrategia para el sector de los microchips”, advierte Annemie Turtelboom, presidenta de la sala del Tribunal de Cuentas (European Court of Auditors, ECA) que ha elaborado el informe.
Según el trabajo, La estrategia de la UE en el ámbito de los microchips, aunque la UE ha aumentado su producción de microchips, las aspiraciones de alcanzar una cuota de mercado del 20% están muy lejos de lograrse porque otras áreas geográficas, como Asia y Estados Unidos, han reaccionado con más agilidad. Al comenzar la década, el déficit comercial europeo en este mercado ascendía a 20.000 millones y ocupaba una cuota del 9,8%. Cinco años después, con el plan de respuesta ya en marcha y al ritmo actual, el avance previsto será solo del 11,7% en 2030, dos puntos más.
Turtelboom explica una de las razones para este tímido crecimiento, lejano a las expectativas: “Este es un campo que cambia con rapidez, se caracteriza por su intensa competencia geopolítica y, actualmente, estamos lejos del ritmo necesario para cumplir nuestras ambiciones. El objetivo del 20% era básicamente una aspiración. Para conseguirlo, nuestra capacidad de producción tendría que ser cuatro veces mayor en 2030 y estamos muy lejos de lograr esas cifras a la velocidad actual. Europa tiene que competir y la Comisión Europea debería revisar su estrategia a largo plazo para ajustarse a la situación real”.
El auditor Rafal Gorajski coincide. “La aprobación de la ley por parte de la Comisión no es una garantía de que el proyecto tenga éxito”, advierte en el sentido de que no basta con establecer un horizonte para alcanzarlo. En su opinión, falta una “hoja de ruta con la información necesaria para tener una imagen general de la situación y la inversión prevista en los diferentes Estados miembros”.
El dinero está detrás de este ritmo insuficiente. Los 86.000 millones de euros previstos por el plan son insuficientes para las necesidades presupuestarias de los mayores fabricantes mundiales, que prevén inversiones de hasta 405.000 millones de euros en tres años.
En este sentido, la asociación industrial mundial de semiconductores SEMI calcula que el gasto de capital vinculado a la UE hasta 2032 ascenderá a 147 000 millones de euros, un 6% del total mundial previsto (2.162.000 millones). En el mismo sentido, un informe de la tecnológica ASML considera “limitada” la posición inicial de la UE en materia de microchips avanzados y calcula que, alcanzar una cuota del 20% mundial, como ambiciona la Comisión, requeriría un gasto de 251.000 millones de euros de aquí a 2030.
Además, de la cantidad total del plan europeo, la Comisión solo dispone directamente del 5% (4.500 millones de euros) y la mayor parte tiene que venir de aportaciones propias de los Estados miembros y de la industria.
De esta forma, el plan, al igual que otros de la UE, como el de tecnologías cuánticas, el de baterías o el de hidrógeno, se enfrenta al peligro de dispersión y falta de sincronía entre las iniciativas de cada país. “La Comisión no tiene un mandato para coordinar las inversiones nacionales y garantizar que se ajusten a los objetivos de la ley”, advierten los auditores, quienes añade que la norma “no ofrece claridad en cuanto a sus objetivos y supervisión, y es difícil saber si atiende adecuadamente la demanda actual de microchips convencionales en la industria”.
Además, Europa carece de empresas con el músculo de otras compañías como la norteamericana Nvidia o la taiwanesa TSMC. Esta última lidera el mayor proyecto en marcha en Dresde (Alemania), donde construye su primera fábrica europea con la participación, al 30%, de Bosch, Infineon y NXP. Esta asociación forma la European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) y fabricará en 2029 medio millón de chips que, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “no están presentes ni previstos en ninguna otra instalación de toda Europa”.
A esta iniciativa hay que sumar otras como las plantas de la estadounidense Intel en Magdeburg (Alemania), la de GlobalFoundries (también de EE UU) y la europea STMicroelectronics en Francia y la de Broadcom, igualmente norteamericana, en España.
Pero los auditores también advierten de las limitaciones de esta circunstancia: “La industria de microchips de la UE se compone de unas pocas empresas grandes y centradas en proyectos de alto valor, lo que supone una concentración de los fondos”. El problema de esta escasez de iniciativas, de acuerdo con la ECA, es que “si un solo proyecto se cancela, se retrasa o fracasa, las repercusiones pueden ser significativas en todo el sector”.
A estas vulnerabilidades habría que añadir, según la auditoría, “la dependencia de las importaciones de materias primas, el alto coste de la energía [la fabricación de semiconductores consume más electricidad que la industria automovilística y de refino], las inquietudes medioambientales, las tensiones geopolíticas y los controles a la exportación, así como una escasez de mano de obra cualificada”.
En este contexto, la ECA recomienda “un control urgente de la realidad de la estrategia para adoptar y seguir las medidas correctoras necesarias a corto plazo” y preparar una próxima estrategia de semiconductores en función de los resultados de la evaluación de la actual. “No es solo una cuestión económica, es un asunto existencial”, concluye Turtelboom.
