El “mago de las finanzas” de Líbano ha caído en desgracia. También en su propio país, donde se le creía intocable. Tras años de reconocimientos internacionales, Riad Salameh, el supuesto arquitecto de la estabilidad financiera que Líbano disfrutó durante décadas (considerada entonces milagrosa, pero sostenida por una estafa piramidal) se encuentra detenido en Beirut con un futuro judicial poco halagüeño. El gobernador del Banco Central durante 30 años, hasta 2023, está acusado de malversar centenares de millones de euros y de adquirir con fondos ilícitos propiedades de lujo en las principales capitales occidentales. El entramado que beneficiaba a su entorno es objeto de investigaciones en una decena de países. Las autoridades libanesas, que están personadas en algunas de estas causas, se plantean ahora reclamar una compensación que podría alcanzar los 1.000 millones de dólares, según fuentes judiciales. El avance de los casos en el extranjero amenaza con destapar las malas prácticas de toda una generación de líderes que dejaron como legado el hundimiento de Líbano en lo que el Banco Mundial ha definido como una de las crisis económicas más graves desde mediados del siglo XIX.
Las investigaciones alrededor de la familia del gobernador empezaron en suelo europeo en 2020, en lo que se conocería como caso Forry. Este proceso, con investigaciones abiertas por todo el mundo, indaga el modo en el que Salameh y su hermano presuntamente desviaron más de 300 millones de dólares desde el Banco Central hacia el extranjero a partir de 2002. Años en los que acumulaba premios por parte de líderes como el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy. En Líbano, las investigaciones por el caso Forry se estancaron poco después de empezar en 2023.
En septiembre de 2024, Salameh fue arrestado en su país por un caso de malversación aún importante, pero menor. Ver al poderoso exgobernador del Banco Central en manos policiales sorprendió a los libaneses, que lo seguían considerando intocable dentro de sus fronteras, pese a las múltiples sospechas de delitos financieros. Para ese entonces, ya acumulaba órdenes de arresto internacional; y Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá lo habían sancionado.
Era otro Salameh el que sonreía en las fotografías desde que el entonces primer ministro, Rafic Hariri, lo nombrase gobernador del Banco Central al terminar la guerra civil, en 1990. Habían trabajado juntos en el ámbito privado. Los sucesivos gobiernos renovaron el mandato, haciéndolo de los más longevos del planeta entre sus homólogos. A Salameh, originario de una familia cristiana maronita, se le consideró durante décadas un mago de las finanzas, por la resiliencia de la economía nacional durante períodos de conflicto y caos político. Ni el asesinato del propio Hariri, ni la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá, ni el conflicto en la vecina Siria desde 2011 y su flujo de refugiados, alteraron el cambio fijo entre la moneda local y el dólar. Lo sostuvo de manera artificial ―y a la postre, con consecuencias nefastas― en un país sin apenas industria ni exportaciones.
El secreto consistía en que, desde 2013, coincidiendo con el declive en la llegada de capitales a Líbano, Salameh ayudó a construir una estafa piramidal internacional, según las acusaciones en los tribunales. El sistema bancario libanés ―donde no se hacen preguntas incómodas― empezó a ofrecer intereses altos a los depositarios. Los intereses no se generaban mediante exportaciones o inversiones, sino con la llegada de nuevos clientes. Jad Chaaban, doctor en Economía y profesor en el Instituto de Estudios Graduados de Doha, que ha analizado la relación entre los poderes político y financiero en Líbano, asegura que la rueda sostenía el valor de la libra ante el dólar, financiaba el Gobierno mediante préstamos y permitía que unos y otros se llevaran su parte. A veces, apunta, el beneficio anual entre este y otros apaños acordados por los principales actores del país equivalía al 20% del Producto Interior Bruto (PIB): “Supervisaba un sistema que dejó un agujero de más de 40.000 millones de dólares”, resume.
El verdadero legado del gobernador y de la generación de dirigentes libaneses que lo acompañaron durante lustros cristalizó a partir de 2019, cuando la bola de nieve dejó de girar. Coincidió con una oleada de protestas sin precedentes que acusaba el conjunto de la clase política de corrupción. En solo unos meses, los bancos restringieron el acceso a los capitales, el desempleo se disparó y la libra perdió buena parte de su valor, tras 22 años con un tipo de cambio fijo respecto al dólar. Los sueldos de la mayoría de la población pasaron a equivaler a unas decenas de dólares y se desató el caos. Los policías no veían por qué perseguir malhechores a cambio de virtualmente nada, y a los profesores no les llegaba para pagar la gasolina y acudir a los colegios. Muchos libaneses señalaron enseguida a Salameh como uno de los responsables de la caída en picado de sus condiciones de vida.
Las primeras acusaciones contra el gobernador llegaron desde Suiza, donde tenía fortunas en distintas entidades bancarias. Algunas están ahora bajo sospecha. La organización de investigación suiza Public Eye ha difundido este marzo que el banco HSBC recibió transferencias dudosas provenientes del Banco Central libanés durante una década. Según Public Eye, informes internos de HSBC catalogaron las transacciones de dudosas, pero el banco suizo ignoró las alertas y no denunció los movimientos a las autoridades anticorrupción del país hasta agosto de 2020, cuando la frustración contra Salameh se expresaba en las calles de Líbano.
Un incidente en junio de 2021, con el país en la bancarrota y la población ansiosa de dólares ante el batacazo de la moneda nacional, reflejó el abismo entre el entonces gobernador y sus conciudadanos. A su llegada a bordo de un jet privado al aeropuerto francés de Le Bourget, los operarios le encontraron el equivalente a casi 100.000 euros en metálico no declarados. El gobernador respondió que había olvidado que los llevaba encima, según registros policiales a los que accedió el diario Financial Times.
Las revelaciones suizas impulsaron los esfuerzos de Accountability Now, fundación que trabaja contra la impunidad de las élites libanesas y ha presentado denuncias en múltiples países europeos. “Es como las muñecas rusas”, asegura una de sus abogadas que sigue el caso, Zena Wakim. “Cuando levantas una, aparece otra. A medida que los procesos avanzan, la información aparece casi por accidente”, explica.
La abogada enmarca al exgobernador del Banco Central en un ecosistema. Por eso, en Francia (cuya justicia emitió en 2023 una orden de arresto internacional tras no acudir a una vista judicial) Salameh es sospechoso de “asociación de malhechores”, una figura legal que define una agrupación constituida para perpetrar delitos castigados con al menos cinco años de cárcel. “Sin esta asociación, este fraude masivo no podría haber sucedido”, señala a este periódico. La insistencia de las investigaciones en Europa, dice, ha hecho que los líderes libaneses cambien de estrategia. Ahora, “que se está abriendo la caja de pandora”, prefieren iniciar procesos que puedan controlar dentro del sistema judicial nacional y que reducen la autoridad de los tribunales europeos para juzgarlos.
Las autoridades nacionales, personadas ahora en los casos en Francia o Suiza, podrían reclamar la recuperación de activos. Jean Tannous, exfiscal que dirigió una investigación contra el gobernador pausada en 2021 por injerencias políticas, los cifró al diario The National hasta en 1.000 millones de dólares. “Personarse en las investigaciones extranjeras es una estrategia para controlar el dinero y traerlo de vuelta a Líbano. Les permite revisar qué sucede en los procedimientos”, señala Wakim.
