Nuevo respaldo a la jueza Beatriz Biedma. La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado en un auto hecho público hoy el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra las imputaciones del hermano de Pedro Sánchez y de los otro ocho investigados -entre ellos el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo– por malversación en el caso del presunto trato de favor a David Sánchez Pérez-Castejón en el concurso en el que la Diputación de Badajoz le otorgó la plaza en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la institución pacense.
El recurso de la Fiscalía señala que, aunque la declaración de los investigados es una garantía fundamental del derecho de defensa, «se entiende que el investigado debe saber ab initio la naturaleza y la causa de la acción ejercitada contra él y de los hechos que se atribuyen». La magistrada Beatriz Biedma había continuado sus investigaciones y consideraba, tras los correos incautados por la Guardia Civil en las dependencias de la Diputación a los implicados en el caso, que se apreciaban «indicios racionales de criminalidad» en un auto firmado el 27 de noviembre que ha dado origen a las pruebas testificales de las últimas semanas, que continuará el próximo 7 de febrero al ampliar las diligencias la propia jueza. La Audiencia recuerda que las defensas no presentaron recurso propio a la resolución de la jueza, aunque algunas sí se adhirieron al del Ministerio Público mientras ratifica que las partes han estado informadas en todo momento del proceso, se les ha dado traslado de las actuaciones y no habido «actuación sorpresiva alguna» por lo que no se puede hablar de «indefensión material a los investigados», como sostenía la Fiscalía.
Sin embargo, el Ministerio Público consideraba que la jueza no había «detallado» las causas de la imputación ni «concretado» los delitos y recurrió a la Audiencia, que ha avalado a la jueza cordobesa para que siga con la instrucción del caso, pese a que el Ministerio Fiscal buscaba la revocación del auto de imputación a fin de «determinar los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados». En esta línea, consideraba que «se desconocen los indicios existentes en la conducta de dichas personas una vez elaborado un exhaustivo informe por la Agencia Tributaria (AEAT), haber incautado correos electrónicos y emitido informe por la UCO». Además, añade que «en el suplico se solicitaba el archivo de las actuaciones por no concurrir indicio delictivo alguno».
En cambio, la Audiencia Provincial señala que es «una diligencia imprescindible y sin cuya práctica no puede continuar el procedimiento hasta el juicio» la declaración del investigado, como ha resuelto de forma reciente el Tribunal Supremo y sostiene que la declaración del investigado tiene una doble naturaleza: «Es una diligencia de investigación, pero de otro es una garantía de derecho de defensa». Además, aclara que nadie puede ser acusado sin haber sido oído por el Juez de Instrucción con anterioridad a la conclusión de las diligencias previas, «garantía que ha de realizarse en este proceso penal como consecuencia de la supresión del auto de procesamiento y que se plasma en la necesidad de que no pueda clausurarse una instrucción (a salvo, claro está, de que el juez adopte una resolución de archivo o sobreseimiento) al menos sin haber puesto al juez en conocimiento del imputado el hecho punible objeto de las diligencias previas».
Finalmente, señala que, a la vista del estado actual de las actuaciones del caso, se observa que las declaraciones de los imputados identificados en el auto recurrido se han practicado ya, «lo que entendemos no produce de forma sobrevenida la pérdida de objeto del recurso». De esta manera, avala que la parte instructora, es de decir, la jueza «ya advertía al tiempo de tramitar este recurso que el mismo no tiene efectos suspensivos y, en consecuencia, se han practicado las mismas».
SÍ DESCRITOS
Sobre que las imputaciones no están lo suficientemente concretas, según la Fiscalía, la resolución de la Audiencia Provincial destaca que en este momento de la instrucción «sólo precisa una relación suficiente de hechos punibles para evitar acusaciones sorpresivas, pero no puede ni debe sustituir la labor delimitadora de las acusaciones en sus escritos de calificación provisional». Y añade: «El auto (de la magistrada) entendía pues que se describían los hechos, el cargo ocupado por cada uno de los investigados y su participación en el puesto de trabajo y posterior modificación», es decir, cuando David Sánchez Pérez-Castejón pasó a finales de 2022 de ser coordinador de las actividades de los conservatorios a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, a lo que se suma el atestado de la UCO «en que se recogen las conclusiones y existe un anexo para cada uno de los investigados, analizando los correos más relevantes», por lo que -añade- que todas las partes ha tenido «conocimiento del mismo».
Como conclusión, la Audiencia destaca que el segundo auto de la jueza «explicita suficientemente la imputación de cada persona, cumpliendo el estándar de motivación exigible para el tipo de resolución cuestionada, sin causarle, en definitiva, indefensión material alguna a ninguno de los investigados que han sido identificados ya que tuvieron cumplida información de la intervención de los correos electrónicos corporativos acordada en las piezas separadas, contando con la posibilidad de personación anterior a la toma de declaración programada para el presente mes de enero».
Por todo ello, «procede desestimar el recurso formado y confirmar la resolución recurrida en los términos indicados», destaca la Audiencia Provincial, por lo que queda desestimado el recurso de apelación subsidiario interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de imputación de la jueza Beatriz Biedma, emitido el 27 de noviembre, además de hacer saber que contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno. Al recurso de la Fiscalía se había adherido la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón.
