Participación voluntaria a las mutualidades y progresiva incorporación de los nuevos funcionarios al sistema público de salud. Estas son algunas de las conclusiones para el medio plazo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado este lunes tras su análisis del mutualismo administrativo como Muface, que lleva meses en el ojo del huracán ante la dificultad para encontrar aseguradoras que prestaran el servicio al precio ofrecido por el Gobierno.
“A medio plazo proponemos dos medidas”, ha dicho la presidenta del organismo, Cristina Herrero. En primer lugar, “transformar la actual adscripción obligatoria a un régimen voluntario”, consultando previamente a los beneficiarios. Ahora mismo, los funcionarios están obligados a participar al sistema mutualista y a elegir entre asistencia pública y privada; aunque opten por la primera, siguen formando parte del mutualismo y se mantiene tanto la aportación del Estado como la del funcionario vía cotización. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros”, ha incidido la economista.
En segundo lugar, la Airef recomienda una “progresiva incorporación de los nuevos mutualistas” al sistema nacional de salud, una sugerencia también avalada por las preferencias de los beneficiarios: hay colectivos numerosos de funcionarios, como el docente, que eligen mayoritariamente la provisión pública. “No proponemos una incorporación inmediata. Es necesario un refuerzo previo del sistema nacional de salud y habría que evaluar los determinantes de la lista de espera”, ha matizado Herrero.
En el escenario actual, solo el 24% de los mutualistas elige el sistema nacional de salud, pero el porcentaje aumenta hasta el 70% en caso de patologías extremas y severas, como tratamientos oncológicos o diálisis. Muchos de los nuevos funcionarios, además, optan en bloque por la pública.
Los resultados presentados este lunes forman parte de la primera fase de análisis de gasto público —conocida en jerga técnica como Spending Review— para el periodo 2022-2026 que ha realizado la Airef. Las partidas a evaluar han sido la asistencia sanitaria al mutualismo administrativo y los instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas reforzados con los fondos del Plan de Recuperación que la UE ha puesto en marcha para reforzar las economías de sus socios tras la pandemia. El organismo, por mandato, se encarga de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas de forma independiente y de realizar las evaluaciones que le encargue el Gobierno sobre gastos públicos.
La incorporación de los nuevos funcionarios al sistema público de salud supone una “propuesta estructural”, de medio plazo, que “mejoraría la eficiencia del sistema”. También traería beneficios un pasar a un régimen voluntario. “Si un funcionario renuncia a la mutualidad no se produciría ni la aportación del Estado ni la cotización”, ha desgranado Herrero.
Mientras tanto, en el corto plazo, ya se pueden adoptar medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia del mutualismo. En primer lugar, el organismo recomienda mejorar la información sanitaria de los mutualistas, optimizar el gasto farmacéutico —los precios de adquisición de medicamentos son mayores en comparación con la pública—, por ejemplo promoviendo los genéricos y biosimilares, así como mejorar la coordinación entre aseguradoras y el sistema nacional de salud.
Sistema deficitario
El organismo independiente presenta su estudio después de culebrón que se ha alargado durante meses en el que parecía que ninguna empresa estuviese dispuesta a participar en el convenio de Muface 2025-2027 por ser deficitario. La oferta que el Gobierno había lanzado el pasado octubre se quedó desierta, pues las aseguradoras sanitarias que habían participado en el anterior convenio (2021-2024), Adeslas, Asisa y DKV, alegaron que presentar el servicio les había supuesto en términos agregados unos números rojos cercanos a los 600 millones de euros. Así que, de no mejorar la oferta, los beneficiarios del sistema, entre ellos policías, profesores o carteros, perderían la prestación y serían integrados en la sanidad pública con un impacto sobre las prestaciones y las listas de espera.
Ante la resistencia de las aseguradoras y las presiones de los sindicatos para que se mantuviera el sistema mutualista —que a la vez cuenta con un amplio abanico de detractores, a partir del mismo Ministerio de Sanidad, liderado por Sumar—, el Gobierno empezó una negociación llena de sobresaltos. Elevó la prima para las empresas, lanzó una ulterior licitación y amplío los plazos para presentar las ofertas. Finalmente, después de que el Consejo de Ministros elevara el presupuesto del contrato hasta los 4.808,5 millones de euros, 1.276 millones más que el actual, con un aumento acumulado de la prima media ponderada al final del periodo del 41,2%, Adeslas y Asisa —no DKV— han dado su brazo a torcer y se han presentado a la licitación.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es un organismo público que depende del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública y que desde la década de los setenta presta atención sanitaria y social concertada a los funcionarios. El Gobierno contrata a aseguradoras privadas para que ofrezcan prestaciones sanitarias a un colectivo que ronda el millón y medio de personas, entre empleados públicos y sus familiares. Estos pagan una cuota mensual que solo cubre una parte de la factura, pues el resto corre a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado.
Además de Muface existe Isfas, una mutualidad exclusiva para militares y guardias civiles, y Mugeju, para jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia. (Mugeju). La primera atiende a cerca de medio millón de personas y también cubrirán este contrato Adeslas y Asisa para los tres próximo años por un contrato de 1.200 millones de euros; la segunda, que cuenta además con la participación de Nueva Mutua Sanitaria además de las dos empresas antes mencionada, dará cobertura entre 2025 y 2026 por 175 millones de euros.
