La decisión de no ajustar el impuesto sobre la renta a la inflación tendrá un papel destacado en la estrategia fiscal del Gobierno hasta, al menos, el año 2031. Así lo constata la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su último Informe de seguimiento del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028, presentado este miércoles. En el documento, el organismo que preside Cristina Herrero estima que esta estrategia aportará, de media, alrededor 1.800 millones de euros adicionales cada ejercicio.
La no deflactación del IRPF actúa como una medida discrecional de ingresos, según la Autoridad Fiscal, que permite reforzar la senda de consolidación comprometida ante Bruselas. De hecho, si la Comisión Europea no hubiera aceptado la falta de actualización como una política de incremento de ingresos, España tendría que haber presentado medidas adicionales o haber recortado su proyección de gasto público.
Al no actualizar los tramos del impuesto con el índice de precios al consumo, los incrementos salariales derivados de la inflación elevan automáticamente la recaudación sin que aumente la capacidad adquisitiva real de los contribuyentes. Según las previsiones de la Airef, en 2024 fueron 1.900 millones recaudados por Hacienda a través de esta vía. Este año serán 1.800 millones (el 0,11% del PIB, aproximadamente)y en 2026 la cifra caerá levemente, hasta los 1.700 millones de euros. Desde 2027 a 2031, Hacienda ingresará de nuevo 1.800 millones por ejercicio. Son más de 14.000 millones a lo largo del periodo. A ello se le suman cerca de 10.000 millones adicionales entre 2021 y 2024, según cálculos recientes de Funcas.
La falta de deflactación —un efecto conocido como progresividad en frío— figura de forma velada en el Informe de progreso anual, remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado 30 de abril. En él se reconocen unos “ingresos resultantes de una estructura inalterada del IRPF”. La Autoridad Fiscal, por su parte, señala que se trata de una medida discrecional de ingresos que “modula el perfil del crecimiento del gasto neto”.
La no deflactación del IRPF en el tramo estatal del impuesto ha sido motivo de disputa entre el Gobierno, por un lado, y la oposición y las comunidades autónomas del PP, por el otro. Al debate también han entrado diferentes organismos especializados y expertos del ámbito académico, que por lo general piden actualizar el gravamen con el IPC.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, se ha negado en los últimos años a utilizar esta fórmula, explicando que beneficiaría de forma desproporcionada a las rentas más altas, que están en los tramos superiores del impuesto y se beneficiarían de las rebajas en los peldaños inferiores. Por eso, el Ejecutivo ha defendido hasta la fecha otras fórmulas focalizadas en las rentas bajas, como la ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo. Esta medida, según sus cálculos, permite que un contribuyente con un salario bruto de 20.000 euros pague actualmente un 24% menos en concepto de IRPF en comparación con lo que abonaba en 2018.
La Airef identifica otras medidas discrecionales de ingresos que contribuyen al ajuste fiscal comprometido con Bruselas. En 2025, destacan especialmente las relacionadas con el impuesto de sociedades, con un impacto estimado de 0,11 puntos del PIB, tras varias reformas adoptadas a finales de 2024 para, entre otros asuntos, revertir los efectos de varias sentencias judiciales contrarias a los intereses del Estado. El IVA también registra un crecimiento relevante, con una aportación de 0,14 puntos del PIB, mientras que los impuestos especiales tienen un peso más limitado o incluso negativo. Por ejemplo, en 2026, la Airef identifica una medida en favor de las comunidades autónomas: el traspaso de la recaudación del impuesto sobre los márgenes bancarios, por un importe de unos 1.600 millones.
En el compendio de medidas también se incluye el crecimiento de las cotizaciones sociales, con una aportación de 0,17 puntos del PIB en 2025. Este aumento está ligado a la evolución positiva del mercado laboral y a los efectos derivados de la reforma del sistema de pensiones, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la Cotización Adicional de Solidaridad.
El plan busca una contención del crecimiento del gasto primario neto —establecida en el 3,4% anual durante el periodo— como vía para sanear progresivamente las cuentas públicas. Las medidas de ingresos actúan como un complemento necesario para sostener esta senda sin recurrir a recortes adicionales. Según la Airef, el conjunto de estas medidas alcanza en 2025 un impacto total de 0,6 puntos del PIB, con el objetivo de cerrar el ejercicio con un déficit del 2,5% si se cumple el crecimiento previsto del gasto y no hay desvíos imprevistos. En este punto, la Autoridad Fiscal cree que habrá que prestar especial atención al gran aumento de la inversión en defensa que prevé el Ejecutivo en el corto plazo, la cual tendrá un “impacto claro” en el déficit, el gasto y la deuda.
