El Ministerio de Hacienda renunciará a 2.000 millones de euros en recaudación cada año para fomentar la capitalización de las empresas y la creación y mantenimiento de empleo. Así lo ha comunicado el Gobierno a la Comisión Europea en el informe de seguimiento del plan fiscal estructural, remitido a Bruselas a primera hora de la noche del miércoles. El documento recoge las grandes cifras macroeconómicas y fiscales, pero también otros detalles. El Ejecutivo hace un compendio de las medidas tributarias aprobadas durante los últimos meses y avanza que, por el lado del alza de los ingresos, los nuevos gravámenes engordarán los recursos en unos 8.000 millones al año. Sin embargo, admite que otras modificaciones, como los incentivos fiscales en el impuesto de sociedades, recortarán parte de ese aumento, por lo que el incremento neto se situará en torno a los 6.000 millones.
Según la información entregada a las autoridades comunitarias, la piedra angular de la reforma en el impuesto de sociedades es el fortalecimiento de la reserva de capitalización, por lo que las empresas podrán minorar su base imponible si incrementan sus fondos propios. El Gobierno, al aprobar el cambio para que entrase a funcionar en 2024, subrayó que el instrumento no solo buscaba mejorar la salud financiera de las compañías, sino también corregir un desequilibrio estructural para empezar a dar un tratamiento fiscal más favorable a la financiación propia de las compañías.
En el informe remitido a Bruselas, que firman los Ministerios de Economía y Hacienda, el Gobierno explica que el coste recaudatorio de la medida habría ascendido a 500 millones de euros en el primer ejercicio de aplicación, pero alcanzará los 2.000 millones cuando se complete el despliegue total.
Además de la reserva de capitalización, el plan pretende potenciar la eficacia del incentivo fiscal al beneficiar a entidades “que logran incrementar su plantilla media total respecto de la del ejercicio anterior”, siempre que “dicho incremento se mantenga durante tres años”, señala el documento. El Gobierno, de hecho, confía en rebajar la tasa de paro por debajo del 10% a partir de 2026. La medida también reduce el tipo de gravamen aplicable a las microempresas y a las entidades de reducida dimensión de forma progresiva en el tiempo.
El resto de las medidas anunciadas a Bruselas conllevan un incremento de los ingresos. El Gobierno menciona el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, extendido hasta que se efectúe la reforma del sistema de financiación autonómico, con una recaudación de 623 millones al año. También, los nuevos gravámenes sobre la banca, con al menos 1.700 millones por ejercicio, y sobre los cigarrillos electrónicos, con otros 500 millones. En el IRPF, el incremento de los tipos a las rentas del capital y la inversión supondrá 400 millones más para Hacienda.
Las grandes cifras, sin embargo, vienen de la mano del impuesto sobre sociedades. La tributación mínima del 15% engordará los ingresos en 600 millones al año, mientras que la introducción del impuesto mínimo complementario aportará otros 2.200 millones. Además, la limitación a las empresas para usar sus bases imponibles negativas, junto con la restauración de las medidas aprobadas en 2016 y anuladas el pasado año por el Tribunal Constitucional, supondrán un incremento de otros 1.900 millones.
Todo ello, junto con el dinamismo económico que prevé el Gobierno en el corto plazo ―una subida del PIB del 2,6% en 2025 y del 2,2% en 2026―, permitirá a Hacienda seguir aumentando la recaudación, como ha venido haciendo en los últimos años. El documento señala que en 2025 se prevé “una moderada ralentización” de los ingresos. Pese a ello, el crecimiento anual seguirá siendo notable, del 6%. Esta evolución se explica “por el impacto neto de medidas tributarias, que este año será positivo debido a la reversión completa de las rebajas impositivas, a la ausencia de sentencias desfavorables y a la adopción de medidas normativas” como las que afectan al IRPF o al impuesto de sociedades. Todo ello llevará a que el peso de los ingresos sobre el PIB ascienda al 41,3%, lo que permitirá rebajar el déficit público en ese año al 2,5% del PIB.
Más inversión en vivienda
El documento que han elaborado Economía y Hacienda explica que España, por su baja exposición a los flujos comerciales transatlánticos, sorteará con bastante facilidad la guerra arancelaria declarada por Estados Unidos, que tan solo restará una décima de PIB al crecimiento de 2025. De hecho, esa décima se verá compensada por la fortaleza de la demanda interna, tanto del consumo privado como de la inversión. En este punto, el Gobierno explica que la elevada capacidad financiera de los hogares y la necesidad de mayor construcción de vivienda impulsarán, respectivamente, las dos rúbricas.
El crecimiento del consumo privado en los últimos años, reconoce el texto, se ha visto restringido por el intenso incremento de la tasa de ahorro de los hogares, que llegó a máximos históricos en 2024 si se quita de la ecuación el año de la pandemia. El escenario macroeconómico proyecta un cambio de ciclo y una normalización de la tasa de ahorro de los hogares hacia niveles más moderados, impulsando el crecimiento del consumo a lo largo del horizonte de previsión.
Por el otro lado, “la inversión se verá impulsada por el necesario incremento en el ritmo de construcción de viviendas”, dado que el desequilibrio acumulado en los últimos años entre crecimiento de la población y nueva oferta de vivienda “tenderá a revertirse”, asegura el Gobierno.
