El Gobierno ha pisado el acelerador y su plan para que el Estado condone parte de la deuda autonómica va cogiendo ritmo y forma. Dos semanas después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diera luz verde a la propuesta de quita parcial del Ejecutivo —con la negativa unánime de los territorios del PP, que se fueron de la reunión incluso antes de que llegara a debatirse la quita—, el Ministerio de Hacienda ha enviado una carta a cada una de las autonomías de régimen común para acordar fechas y coordinar con ellas la primera reunión destinada a explorar los detalles y el alcance de la medida. Eso no impide que las autonomías que no quieran acogerse a la propuesta la rechacen en el caso de que prospere —la tiene que aprobar el Congreso—, pues la condonación es voluntaria y no obligatoria.
“Con el objeto de que podamos avanzar en el análisis de la situación de la cartera de deuda y otras cuestiones específicas que afectan a cada comunidad autónoma relativa a la medida de asunción de deuda, vamos a mantener reuniones bilaterales a nivel técnico”, rezan las misivas que han recibido las comunidades. “Esta reunión es necesaria para asegurar que el diseño definitivo de la medida, con carácter general, y en particular en relación con vuestra comunidad autónoma, se realice de forma óptima”, añaden.
Aunque las comunidades gobernadas por el PP, que son la mayoría —11 de 15—, han manifestado su rechazo a la condonación, no se espera un plantón en esas primeras reuniones técnicas. El recelo de los barones populares se debe sobre todo a la forma en la que ha visto la luz la propuesta de quita, que nace de un acuerdo entre ERC y el PSOE para Cataluña ampliable al resto de comunidades de régimen común.
El objetivo del departamento que dirige María Jesús Montero es cerrar reuniones bilaterales de carácter técnico entre el ministerio y las comunidades para analizar la posición financiera de cada una de ellas, pues la situación de endeudamiento es muy heterogénea: hay algunas con pasivos muy elevados, otras que tienen el grueso de su deuda con el Estado y otras que dependen más de inversores privados. Para calendarizar estos encuentros, Hacienda propone que tengan lugar entre la semana del 24 de marzo y la del 28 de abril y sugiere a los territorios seguir el orden de aprobación de los respectivos estatutos de autonomía. Primero le tocaría a Cataluña, después a Galicia, luego a Andalucía… Así hasta llegar a Castilla y León.
También es muy distinto el importe a condonar. En total, el perdón de la deuda superaría los 83.000 millones, con Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.104), Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (8.644) como los territorios más beneficiados en términos absolutos. Si se calcula la quita sobre el volumen total de pasivo de cada comunidad, con datos de la deuda del Banco de España del tercer trimestre de 2024, Canarias sería la más favorecida, pues se le condonaría la mitad de su agujero. Si la corrección se calcula sobre los habitantes ajustados, los mayores importes los recibirían la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia —los territorios peor tratados por el sistema de financiación— y Cataluña, con unos 2.284 euros por cabeza.
Ley orgánica
Mientras se producen las reuniones, el Gobierno deberá estar pendiente del itinerario legislativo en el Congreso, ya que la quita requiere aprobarse por ley orgánica. Si la propuesta superara el examen de las Cortes, Hacienda tendría que volver a reunirse con las comunidades para que los convenios se hicieran efectivos o, en su caso, se rechazaran.
La propuesta de condonación, anunciada el 24 de febrero por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, dos días antes de que se reuniera con las comunidades autónomas en el CPFF —y adelantada por el presidente de ERC, Oriol Junqueras—, contempla que el Estado asuma, a través de un cambio de titularidad y de forma progresiva, un 25% de los más de 333.000 millones de euros de deuda de las comunidades, independientemente de que tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) u otros mecanismos de financiación extraordinarios del Estado.
