El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá declarar este miércoles como imputado por un delito de revelación de secretos ante el magistrado de la Sala Penal del Tribunal SupremoÁngel Hurtado por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, un día antes, mañana, otra Sala del Alto Tribunal, la Tercera o de lo Contencioso-Administrativo, se reunirá para deliberar sobre el recurso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó contra su nombramiento por considerarlo inidóneo para el cargo, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no le otorgara su plácet en un informe preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno. La pretensión de los magistrados, según indican fuentes jurídicas a EL MUNDO, es adelantar el fallo si se logra finalizar la deliberación a lo largo de la mañana. Así García Ortiz sabrá si acude al día siguiente a su declaración como imputado con el puesto anulado o no.
En el escrito de conclusiones que ha presentado el fiscal general como respuesta al recurso contra su designación, García Ortiz acusa a la APIF, un colectivo muy crítico con sus polémicas actuaciones, de buscar «publicidad» a través de este procedimiento judicial y recurrir a argumentos «más que jurídicos de pura y simple propaganda».
Según consta en el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, la defensa del fiscal general del Estado, ejercida por el letrado José María de Castro Llorente, sostiene que «da igual que haya o no base para impugnar un nombramiento del Gobierno, lo que se pretende al interponer el recurso contra el real decreto que acuerda nombrar al fiscal general del Estado es que se inicie un proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses cuestionado y que la asociación demandante obtenga publicidad por medio de este procedimiento que, según parece, no tiene por otros cauces y socavar al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo indirecto».
Asimismo, el abogado de García Ortiz afirma que la APIF, en su escrito de conclusiones, «no deja de verter de modo tendencioso motivaciones subjetivas de marcado carácter político, ajenas al procedimiento contencioso-administrativo, con evidente ánimo de menoscabar la honorabilidad del fiscal general del Estado». Es más, el demandado acusa a esta asociación de fiscales de basar su recurso en «meras opiniones subjetivas», en «suspicacias interpretativas» y «en una oculta intención subjetiva contra el fiscal general del Estado».
En su demanda, la APIF destacó que, después de que el Supremo determinara que hubo «desviación de poder» en la conducta de Álvaro García Ortiz cuando ascendió a fiscal de la máxima categoría a su predecesora, Dolores Delgado, en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, y tras el informe desfavorable del CGPJ, su nombramiento era «a todas luces» no razonable «en un Estado democrático de Derecho».
Según informan fuentes jurídicas el ponente de la futura sentencia es el magistrado José Luis Requero. Es menester recordar que el fiscal general recusó sin éxito a los jueces de Alto Tribunal, en una actuación de nuevo sin precedentes en democracia.
Por otro lado, este próximo miércoles el fiscal general tendrá que acudir al Supremo, en esta ocasión, por primera vez en su vida para declarar como imputado al ser el principal investigado en la filtración de datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En este procedimiento, García Ortiz está siendo defendido por el abogado del Estado, José Ignacio Ocio Martínez de la Puente. Como imputado, la ley otorga al fiscal general la posibilidad de declarar o acogerse a su derecho constitucional a no hacerlo. Asimismo, no tendrá obligación legal alguna de decir la verdad.
La histórica imagen que previsiblemente se producirá este miércoles preocupa a la inmensa mayoría de los 2.700 fiscales que integran el Ministerio Público en nuestro país, quienes ven «abochornados» la situación y se muestran críticos con la actitud de su máximo responsable que ha decidido aferrarse al cargo, deshacerse de pruebas clave durante la instrucción y está «anteponiendo los intereses del Gobierno a la institución en todo momento».
Por último, el Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse esta semana sobre el recurso de amparo interpuesto por Delgado contra la anulación de su ascenso como fiscal de Sala. Contra la sentencia donde se determinó que el fiscal general incurrió en «desviación de poder». La propuesta de la ponente, la magistrada conservadora Concepción Espejel, es de desestimación de la demanda pero la decisión dependerá de lo que acuerden la mayoría de magistrados progresistas liderados por el presidente Cándido Conde-Pumpido.
