Francia libra una guerra contra el narcotráfico que va camino de convertirse en un enfrentamiento directo entre el Estado y las principales bandas organizadas que controlan este negocio. Hace dos semanas, durante tres noches consecutivas, una decena de cárceles francesas fueron objeto de ataques desde el exterior. Hubo lanzamiento de cócteles molotov, ráfagas de disparos con kaláshnikov y quema de vehículos oficiales. En algunos casos, en los vehículos calcinados había unas siglas a modo de firma: DDPF (Defensa de los Derechos de los Prisioneros Franceses). Francia, que se dispone a poner en marcha una serie de medidas para combatir estas organizaciones, se tomó muy en serio las amenazas y este viernes, tras una investigación de la Fiscalía Antiterrorista, que se retira ahora del caso, han sido puestos a disposición judicial 21 detenidos.
“Las investigaciones han permitido situar claramente estas acciones dentro del crimen organizado a gran escala”, subraya la Fiscalía Antiterrorista en un comunicado conjunto con la Jurisdicción Nacional contra la Criminalidad Organizada (JUNALCO). “Entre los implicados” figura “quien sería el creador de la primera cuenta de Telegram titulada DDPF” y que sería “cercano a la DZ Mafia”, añaden.
El comunicado señala directamente a la DZ Mafia, una organización dedicada al narcotráfico surgida en Marsella en 2023 como resultado de la fusión de muchas otras pequeñas bandas. La DZ es hoy casi hegemónica en la provincia de Bouches-du-Rhône y se expande de forma horizontal ya por el resto del país, explotando también sus lazos internacionales con organizaciones como la Mocro Maffia en Países Bajos.
La DZ, en una insólita demostración de fuerza y pérdida de complejos, grabó un vídeo el pasado octubre donde se desmarcaban de un asesinato cometido en Marsella y reivindicaban su capacidad para cometer otros delitos de forma más profesional. “El chico de 14 años asesinado, así como la utilización de un taxi para cometer un crimen, no tienen nada que ver con nuestros métodos. Tenemos suficientes hombres, vehículos y medios para actuar si nos vemos obligados. Esperamos que la verdad sea restablecida”, explicaba un hombre con la voz manipulada.
El lunes pasado fueron detenidas 30 personas, entre ellas cuatro menores, durante una amplia redada en toda Francia. La pista política o de colectivos de defensa de los presos —en Francia hay 186 establecimientos penitenciarios, con capacidad para 62.000 presos, pero la cifra de detenidos en marzo superaba los 80.000— se evaporó rápido. “Al término de esta operación, no parece que estas acciones coordinadas formen parte de una empresa terrorista cuyo objetivo sea cometer delitos únicamente con el fin de perturbar gravemente el orden público mediante la intimidación o el terror”, explican la Fiscalía Antiterrorista y la JUNALCO. “No se ha podido identificar ninguna ideología radical violenta ni injerencia extranjera, a pesar de que las pistas fueron plenamente exploradas”, continúan.
“En cambio, las investigaciones han permitido situar claramente estas acciones dentro de la gran criminalidad organizada”, según el comunicado, que apunta implícitamente al desafío de estas organizaciones al plan de aislar a sus miembros en cárceles de alta seguridad y aplicarles una legislación especial, tal y como comenzó a hacerse en Italia con la Cosa Nostra a finales de los años ochenta
La instrucción judicial, abierta este viernes por asociación delictiva destinada a preparar crímenes y delitos, se refiere a esas 15 acciones llevadas a cabo contra prisiones y funcionarios penitenciarios desde el 13 de abril. Ese día, en Agen, apareció por primera vez el grafiti “DDPF” cerca de siete coches incendiados en el estacionamiento de la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria. Siguieron una serie de incendios de vehículos de personal penitenciario en diferentes puntos de Francia, lanzamientos de fuegos artificiales tipo mortero contra prisiones e incluso disparos de kaláshnikov, como ocurrió en Toulon.
La investigación también abarca el ataque con fusiles y el lanzamiento de dos cócteles molotov el 21 de abril contra una urbanización en Villefontaine (Isère), donde residen agentes penitenciarios, cerca de la prisión de Saint Quentin-Fallavier. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, atribuyó desde el principio estos ataques a la criminalidad organizada, mientras que el Parlamento aprobó definitivamente este martes un proyecto de ley destinado a reforzar la lucha contra los narcotraficantes.
