El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, gozó ayer de las prerrogativas que lleva aparejadas su cargo al declarar como imputado en el Tribunal Supremo. Llegó las 09.50 horas a la sede del Alto Tribunal en su coche oficial y fue recibido por el fiscal jefe de la Sección Penal del Alto Tribunal, Javier Huete, siguiendo éste la costumbre de cortesía de salir a recibir al máximo representante del Ministerio Público.
Tras decir un escueto «buenos días», García Ortiz accedió al edificio por la puerta noble del antiguo Palacio de las Salesas, reservada para las autoridades, entre algunos gritos de «sinvergüenza» o «ya te ha dicho Sánchez lo que tienes que decir». Ya en la Sala de aforados del Supremo, ubicada en la planta baja del tribunal, en concreto, en la antigua zona de la Audiencia territorial, optó también por hacer uso de su facultad de sentarse en estrados, es decir, en la zona lateral habitualmente reservada a los fiscales y abogados, y no frente al tribunal, como sucede habitualmente con los investigados. Además, para su declaración como imputado, eligió llevar puesta una corbata con la balanza de la Justicia, sin duda, escogida por su simbología y significación.
Ya en su cara a cara con el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, García Ortiz optó por no responder a las preguntas del instructor que le investiga por un delito de revelación de secretos presuntamente cometido a través de la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general acusó al juez de estar actuando de manera «predeterminada». «Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad», llegó a afirmar.
Además, Álvaro García Ortiz -primer fiscal general imputado en democracia- argumentó que había sufrido una «invasión de sus derechos fundamentales» durante la entrada y registro que ordenó Hurtado en su despacho el pasado día 30 de octubre. El fiscal general dijo que consideraba que esa diligencia, practicada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es nula. También abundó en que «jamás» se pudo imaginar una entrada y registro en el despacho de un fiscal general.
Por otro lado, el investigado reprochó al juez Hurtado que haya denegado la práctica de las últimas diligencias que había solicitado su defensa, es decir, la Abogacía del Estado, y justificó su negativa de responderle dado que todavía hay otras diligencias cursadas pendientes de resultado, por ejemplo, las relativas al borrado de su móvil.
La estrategia de defensa de García Ortiz fue secundada por la representante del Ministerio Público, la teniente fiscal del Alto Tribunal Ángeles Sánchez Conde, número dos del imputado. La fiscal no planteó ninguna pregunta al fiscal general porque defendió que el origen de la mayor parte de los indicios recabados en este procedimiento se sitúa en una entrada y registro «ilegal» y que, además, hay una «conexión de antijuricidad» pendiente de ser resuelta por la Sala de Apelaciones del Supremo.
La actitud ayer del fiscal general ante el juez del Supremo recibió un alud de críticas en el seno del Ministerio Fiscal. Los reproches a García Ortiz se centran en que siendo un cargo institucional, que representa a toda la carrera fiscal, y que encontrándose entre las funciones del Ministerio Fiscal el deber de «velar por la independencia de los tribunales», su máximo representante no puede abrazar una estrategia de defensa que pase por «deslegitimar» al Poder Judicial. «Se ha colocado fuera del Estado de Derecho, instalándose en el lawfare de Sánchez», lamentan fuentes fiscales en conversación con EL MUNDO. «Con esa posición, ha cuestionado la legitimidad del Tribunal Supremo siendo el fiscal general del Estado. Ha sido un espectáculo bochornoso», critica otro veterano fiscal del Alto Tribunal. «El fiscal general del Estado no puede actuar así porque arrastra a la institución», redundan estas fuentes.
La imputación del fiscal general , en una causa que con claras connotaciones políticas -en el auto de su citación, el juez Hurtado señaló que el correo de la confesión del novio de Ayuso tuvo «salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno»-, junto al hecho de que García Ortiz haya decidido permanecer en el cargo pese a estar siendo investigado, han tensionado hasta el extremo al Ministerio Público en los últimos meses.
«Ha tratado de deslegitimar al mismo Tribunal Supremo que 24 horas antes por unanimidad no le anuló el nombramiento. Increíble», recalcan fuentes fiscales, en referencia al auto dictado el pasado martes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde se desestimó en términos rotundos el recurso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) interpuso contra la designación de García Ortiz como fiscal general.
«No puede utilizar la misma técnica procesal de los narcotraficantes, destruyendo móviles y respondiendo sólo a su abogado siendo el fiscal general del Estado. Como imputado puede, como fiscal general, no», agregan otras fuentes fiscales. De igual manera, estas fuentes subrayan que el hecho de que no haya querido responder al juez Hurtado «refuerza los indicios que hay en su contra» ya que «ha perdido la oportunidad de dar una explicación verosímil de lo sucedido» ante el Tribunal Supremo.
Durante la hora y 25 minutos que se prolongó su comparecencia, el fiscal general negó haber filtrado el correo de la confesión del empresario Alberto González Amador a medios próximos al Gobierno o al propio Ejecutivo, puso en tela de juicio el testimonio que proporcionó en sede judicial la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y aseguró que en los últimos años ha cambiado seis veces de teléfono móvil, siendo la última una semana después de que el TS abriera causa penal contra él.
Por su parte, la mayoría de los 2700 fiscales que integran el Ministerio Público en nuestro país considera que García Ortiz debe dimitir. Creen que, tanto si es culpable como inocente, no debería estar haciendo pasar por este amargo trance a la institución que debe velar por el cumplimiento de la legalidad.
