La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que el Gobierno peca de “optimismo” en su valoración sobre la salud del sistema de pensiones. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, ha publicado este lunes un estudio titulado Sobre la aplicación de la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI); algunas dudas metodológicas, una semana después de que la Airef difundiese su primer y esperado examen tras la reforma del sistema. En él, la autoridad fiscal indica que no es necesario un ajuste, pero a la vez alerta que la sostenibilidad ha empeorado con un gasto que subirá en 3,4 puntos de PIB hasta 2050, cuatro décimas más de lo que calculaba hace tres años. De la Fuente dice coincidir con la Airef en las “dudas bien fundadas sobre la situación financiera del sistema de pensiones” y expresa sus objeciones ante “la forma en que se ha aplicado la cláusula de cierre del MEI”. Esto es el ajuste automático que exigía Bruselas para aceptar la reforma y cuya activación depende del mencionado examen de la Airef.
Este instrumento se pone en marcha, como recuerda De la Fuente, “si el gasto medio previsto en pensiones públicas supera la suma del 15% del PIB y el exceso de ingresos extra por encima del 1,7% del PIB generado por las nuevas medidas de ingreso, trabajando en todos los casos con promedios sobre el período 2022-2050″. El examen de la Airef evita la cláusula de cierre, pero Fedea pone objeciones a la forma en que se han proyectado los escenarios: “El procedimiento adoptado es incorrecto porque permite incluir ingresos adicionales provenientes de transferencias del Estado no destinadas a prestaciones no contributivas, aplica una corrección al alza a las proyecciones de PIB del Informe de Envejecimiento (que elabora la Comisión Europea) desde 2024 en adelante que podría ser excesivamente optimista y parte de una condición de sostenibilidad muy discutible que genera una especie de ilusión monetaria al no tener en cuenta la evolución de los ingresos del sistema”.
La Seguridad Social suele contraponer a este posicionamiento que otros países también nutren sus sistemas de pensiones de transferencias, no solo de cotizaciones. “El diagnóstico principal es que no son necesarias medidas adicionales en materia de pensiones, la sostenibilidad hoy está garantizada y todos los datos que podían ir bien han ido incluso mejor, así que miramos al futuro con optimismo. Vamos en el buen camino, y además hay indicadores y datos que son una muestra de ello”, dijo la ministra Elma Saiz tras la publicación del informe de la Airef. “Técnicamente y por los pelos, el sistema de pensiones ha superado con éxito su primer examen, con lo que la norma no obliga a activar ajustes adicionales por el momento, pero que esto no garantiza ni mucho menos la sostenibilidad del sistema, que muestra síntomas claros de creciente estrés financiero”, opina De la Fuente.
Fedea, un centro de análisis en cuyo patronato se encuentran algunas de las mayores compañías del Ibex 35, cuestiona con especial intensidad “la inclusión indiscriminada de incrementos en las transferencias del Estado no destinadas a financiar prestaciones no contributivas entre los ingresos adicionales atribuidos a la reforma”. De la Fuente considera que “esto puede desvirtuar la condición de sostenibilidad porque permite reducir el gasto neto a base de contabilizar nuevos ingresos que realmente no son tales desde el punto de vista de las cuentas públicas consolidadas, desplazando artificialmente el déficit del sistema de pensiones a las cuentas de la Administración General del Estado”. Continúa indicando que “aunque la Airef se ha mostrado reacia a utilizar este mecanismo de maquillaje contable, las tres décimas de punto de PIB de transferencias que ha terminado incorporando a regañadientes son suficientes para transformar el suspenso en un aprobado”. Subraya que “la condición de sostenibilidad” se cumple por solo una décima, según los cálculos de la autoridad fiscal.
Fuentes de Seguridad Social, una vez conocido el informe de la Airef, opinaron que las estimaciones que contiene sobre alguna de las medidas de recaudación, como las del sistema de cotizaciones de los autónomos o del mercado de trabajo, han sido muy prudentes. Es decir, consideran que los resultados de las medidas de ingresos adicionales del sistema serán mucho más elevados que los que el organismo ha considerado.
“En conclusión, el procedimiento de evaluación de la sostenibilidad que impone el Decreto 100/2025 [el que permite incluir las transferencias en el examen] es muy discutible y no sólo por la no exclusión de las transferencias”, agrega De la Fuente. “No cabe duda de que los datos reales que se vayan conociendo sobre la evolución del PIB y del gasto en pensiones (y también sobre los ingresos del sistema) han de incorporarse a los cálculos, pero no está claro que esto deba traducirse necesariamente en una actualización automática de las proyecciones futuras del Informe de Envejecimiento, y menos aún que el ajuste tenga que hacerse de la forma específica que se propone, que presenta diversos problemas dependiendo del origen de las sorpresas de PIB por las que se pretende corregir”, finaliza.
