El entusiasmo con el que los dueños de las grandes tecnológicas estadounidenses, entre ellos Mark Zuckerberg (Meta) o Jeff Bezos (Amazon) aplaudieron, como invitados especiales, durante la toma de posesión de Donald Trump hace poco más de cien días, sigue dando réditos. La Administración norteamericana ha redoblado las presiones para que la UE rebaje sus obligaciones a los gigantes digitales. Tras acusar a Bruselas de una “regulación excesiva” a este sector, Washington presiona ahora para rebajar la ley de Inteligencia Artificial (IA) y carga contra el esperado Código de Buenas Prácticas para la Inteligencia Artificial de Propósito General, pese a que este es voluntario.
El código, una minuciosa guía de buenas prácticas que pretende ayudar a las empresas a cumplir mejor con el reglamento y favorece la certificación del buen comportamiento, debería estar finalizado “a más tardar” este viernes 2 de mayo, según se establece en el artículo 56 de la propia Ley de IA. Pero no se conocerá en esa fecha. Su publicación ha sido retrasada sin una fecha concreta, aunque la Comisión asegura que estará listo para la otra gran cita del calendario cuestionada por Washington: el próximo 2 de agosto, cuando entrarán en vigor las normas de gobernanza y las obligaciones relativas a los modelos de uso general (GPAI), como el ChatGPT de OpenAI, la empresa de Sam Altman, otro de los asistentes a la ceremonia de inauguración de Trump.
La representación estadounidense ante la UE envió recientemente una carta a la Comisión Europea cargando contra el código de buenas prácticas. En la misiva, el Gobierno norteamericano acusa a Europa de haber ido demasiado lejos, de meter cosas innecesarias en el código y de aprovechar su elaboración para introducir elementos que no están en la ley en sí, según explica una fuente conocedora del proceso de elaboración del código de buenas prácticas —redactado por actores externos, entre ellos expertos y representantes de las grandes tecnológicas, no por la Comisión— y que ha tenido acceso a la carta.
El Ejecutivo europeo ha confirmado haber recibido la misiva, ante la que recuerda que el código, que estará listo tarde o temprano —en eso, Bruselas es taxativa— “será una herramienta voluntaria para que los proveedores demuestren el cumplimiento de la Ley de AI”. Aquellos que lo firmen podrán beneficiarse, entre otros, de una “reducción de la carga administrativa y de las solicitudes de información, beneficiándose de una mayor confianza por parte de la Oficina de AI”, destaca un portavoz comunitario. Bruselas también insiste en que este código responde precisamente a las demandas del sector, es decir, básicamente las empresas norteamericanas, para tener una mayor claridad y facilitar el cumplimiento de la ley europea. Es lo que pedían las empresas, insisten diversas fuentes. Lo que no quita que desde el otro lado del Atlántico, empezando por la Casa Blanca, se siga haciendo todo lo posible para rebajar la normativa.
Tampoco es una sorpresa: el Gobierno de Trump ha sido muy crítico con la UE en general —el republicano ha llegado a afirmar que el bloque europeo se creó para “joder” a EE UU— y con las regulaciones en torno a las grandes plataformas tecnológicas en particular. No es que la anterior administración demócrata fuera mucho más favorable a la regulación digital europea, pero el equipo de Trump ha ido un paso (o varios) más allá. Se ha visto con las duras reacciones a las multas y sanciones anunciadas en las últimas semanas en torno a los reglamentos digitales, tanto el de mercados (DMA) como el de servicios (DSA). Y el tono se ha endurecido más aún de cara a las líneas de regulación que la UE quiere imponer a la inteligencia artificial —una industria donde hay en juego billones de dólares— y que el Washington de Trump considera una “regulación excesiva”, como dijo el vicepresidente, J.D. Vance, durante la cumbre sobre IA en París en febrero.
La Administración Trump “se asegurará de que los sistemas de IA desarrollados en Estados Unidos estén libres de prejuicios ideológicos”, advirtió también Vance, esgrimiendo una vez más su particular concepción de la libertad de expresión, que difiere de la posición europea, pero que aplauden los gigantes tecnológicos que buscan liberarse de lo que consideran trabas a su negocio en el, pese a todo, interesante mercado europeo.
De hecho, las organizaciones LobbyControl y Corporate Europe Observatory (CEO), que vigilan el intenso cabildeo al que se somete a las instituciones europeas, han revelado esta semana en una investigación lo que Meta dijo a comienzos de año de uno de los primeros borradores del código de buenas prácticas: lo calificó como un caso de “extralimitación normativa” que “supone una amenaza significativa para la innovación en IA en la UE”. Durante una reunión privada con la Comisión en enero de 2025, Google por su parte “expresó su preocupación por el proceso” de redacción del código de buenas prácticas y se quejó de que “los desarrolladores de modelos [estaban] muy superados por otras partes interesadas”, de acuerdo con esta organización. Las medidas regulatorias contra las empresas tecnológicas estadounidenses (la mayoría lo son) están dejando a Europa “al margen” de la innovación, denunció también el nuevo jefe de política global de Meta, Joel Kaplan, en una videoconferencia con varios medios en Bruselas en la que amenazó con no firmar el código si quedaba tal como estaba y en la que se jactó del apoyo de Washington. “Tenemos a un gobierno que está preparado a ayudar a promover y defender la tecnología y las empresas tecnológicas estadounidenses”, aseveró, según Bloomberg.
“Vemos una gran presión de Estados Unidos, las grandes tecnológicas han logrado instrumentalizar a la Administración Trump contra el código de buenas prácticas de la IA”, corrobora Bram Vranken, de CEO, en conversación telefónica. El miedo, señala, es que toda esta presión acabe “rebajando” la legislación europea en la materia. Sobre todo con una Comisión, recuerda Vranken, con una agenda “muy desreguladora en favor de la competitividad”, lo que ha hecho que le “abra las puertas al lobby de las grandes tecnológicas”, como denuncia en su investigación.
También España ha manifestado su descontento con un código que, según ha advertido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en otra carta enviada el miércoles a la Comisión, “socava la propiedad intelectual”, en una visible cesión a las grandes tecnológicas. Según el tercer y último borrador, indica Urtasun, “las obligaciones de los proveedores de sistemas de Inteligencia Artificial se reducen a meros ‘esfuerzos razonables’. En este sentido, cumplir con los requisitos se convertiría en algo voluntario, socavando el respeto a la ley de propiedad intelectual”.
El Ejecutivo europeo niega fehacientemente haber cedido ante los grandes proveedores de IA. El código de buena conducta está siendo elaborado de forma independiente, afirma, con las aportaciones de más de mil actores, entre ellos los propios proveedores de GPAI que ahora tanto se revuelven contra el texto, pero también la sociedad civil y expertos de diversos sectores. Un proceso en el que ninguna parte ha sido “favorecida”, según el portavoz comunitario, que califica la elaboración del código de “ejemplo de proceso inclusivo”.
El objetivo de Bruselas, asevera, sigue siendo “tener compromisos claros y equilibrados en el código”. Aunque este tarde más en llegar.
