Hace diez meses y con Donald Trump empezando a despuntar en las encuestas, el comisario socialdemócrata más importante de Europa defendía ante un grupo de empresarios la necesidad de que la UE mantuviera sus relaciones comerciales e industriales con China.
«Por supuesto que estamos preocupados con (la posible victoria de Trump en) Estados Unidos, tenemos una gran relación con Joe Biden, pero no con sus tácticas del plan IRA que crean atractivos para atraer a los negocios europeos. No todo es negro o blanco con Biden», señalaba.
Paolo Gentiloni ya no es comisario y Biden tampoco está en la Casa Blanca, pero su Inflation Reduction Act (IRA) pasará a la historia para muchos como una de las leyes más lesivas para la industria europea. Sin embargo, interpretar la normativa de la Administración demócrata como una agresión a la UE sólo es una forma demasiado simple de verlo.
Estados Unidos y Europa se enfrentaron de manera muy distinta al estallido inflacionario que se produjo tras la pandemia y la Guerra de Ucrania. Biden movilizó el 6% de su PIB para dárselo directamente a las empresas que produjeran en su país y cumplieran una serie de requisitos de descarbonización. La fórmula elegida fueron los créditos fiscales (descuentos sobre sus futuras deudas tributarias). Bruselas no dio sus fondos de recuperación a las empresas, sino a los gobiernos.
El resultado en Estados Unidos fue la apertura de una gigantesca etapa de atracción de flujos de todo el mundo con el consiguiente dinamismo económico que, eso sí, dejó de daño colateral una inflación persistente. En Europa ha sido distinto: los fondos se han filtrado con cuentagotas en la economía real entre montañas de burocracia y los intereses partidistas de los ejecutivos. El BCE acaba de publicar un informe en el que lamenta que el efecto multiplicador sobre el PIB por cada euro invertido es muy inferior al esperado.
El Gobierno de Pedro Sánchez, segundo receptor de fondos, ha logrado resultados discretos en materia de inversión directa, pero lo interesante es su apuesta estratégica de largo plazo para impulsar dos sectores: las renovables y el vehículo eléctrico. España tiene las mejores condiciones de Europa para generar energía descarbonizada. A su vez, es una potencia en una industria automovilística que, de momento, está comprometida con el reemplazo del motor de combustión.
El inconveniente es que tanto la energía renovable como el vehículo eléctrico coinciden en que Pekín controla todo el proceso de producción. Cuando una fábrica de baterías china se instala en Aragón en alianza con una empresa europea significa que ésta le va a comprar a su inversor todo, desde la tecnología a las materias primas.
Hay quien justifica esta nueva relación de dependencia como la forma de salvar miles de empleos y de que China empiece a devolver parte de la transferencia de riqueza que ha recibido de Europa. Trump divide el mundo entre quienes enriquecen a su país y los que no. Quizá sepa que Spain no es la S de los emergentes BRICS, pero sí que no está con él, sino más cerca de China.
