Tales son las paradojas del anunciado declive de la globalización, que una serie de decisiones tomadas en Pekín, Moscú, Washington y Bruselas tienen a Lalo, un vecino de 44 años de la pequeña población extremeña de Torrefresneda (Badajoz), ilusionado. La mina en la que trabaja haciendo labores de mantenimiento, que lleva parada dos años —ERE mediante—, ha sido designada como “estratégica” por la Comisión Europea. Dicho en otras palabras, Bruselas la considera fundamental para acabar con la dependencia exterior en materiales críticos, tan peligrosa en estos tiempos de transformación del orden mundial. En toda la Unión hay 47 proyectos que alcanzan esa condición. Siete están en España y, de las cinco minas (presentes o futuras) en el país, tres son extremeñas.
Las explotaciones son la de Aguablanca, en la localidad de Monesterio (Badajoz), que pretende la reapertura de una mina de níquel, cobre y cobalto, entre otros, que lleva parada desde 2016; el proyecto de extracción de litio de la compañía Lithium Iberia en Cañaveral (Cáceres); y el del grupo P6 Metals de Iberian Resources Spain en Almoharín (Cáceres) para extraer wolframio. En este último trabaja Gonzalo Moreno, Lalo, uno de los pocos empleados que siguen en la mina desde que esta ejecutase un ERE en noviembre de 2023 y parase la producción. Hasta su cierre, era la única mina activa de toda la comunidad.
Aunque cada uno de los proyectos tiene sus particularidades, todos tienen un punto en común: que, hoy, no se extrae ni un gramo de esos materiales tan preciados y urgentes para la autonomía europea. Los tres están aún pendientes de recibir las autorizaciones administrativas pertinentes y por delante tienen un trecho más o menos largo hasta estar operativas. Su designación como estratégicas supone, además de facilidades en la financiación, que las autoridades tienen que darles prioridad en la tramitación. Desde la Junta de Extremadura apuntan que analizarán los casos para dirimir si tienen que aumentar los equipos que trabajan en esas autorizaciones. La UE da un plazo máximo de 27 meses para su aprobación simplificada.
El proyecto que causa más desencuentros, porque empieza casi desde cero, es el del Cañaveral. Allí se encuentra una de las mayores reservas de litio de Europa, un material fundamental para la construcción de las baterías que tienen que sustentar la electrificación del parqué móvil comunitario. En esa zona había una mina, Las Navas, que cerró en los 70, de la que queda apenas un edificio tapiado y un cartel oxidado en el acceso.
Las Navas está rodeada por la típica dehesa extremeña repleta de encinas y hay alguna charca donde los vecinos se acercan a pescar. A su lado, ejemplo de la ambivalencia que afronta el futuro económico de la zona, hay unos edificios de nueva construcción: unas viviendas turísticas rurales financiadas por la Junta. Aún pendiente de permisos, no se aprecia rastro de lo que, si las autoridades lo permiten, será una explotación de 30 años, inicialmente a cielo abierto, para pasar después a minería subterránea.
Cañaveral es un municipio que engloba varias pedanías. La principal, del mismo nombre, se encuentra en lo alto de la dehesa. En sus estrechas calles de casas blancas abundan las persianas bajadas y los edificios abandonados. Algunos conservan aún los rasgos señoriales de cuando estaban habitados, y al asomarse por las rendijas abiertas por el tiempo se pueden ver incluso grandes retratos colgados en las paredes. Es raro ver a personas jóvenes. “Hay pueblos que nunca han sido, y Cañaveral fue, pero ya no es”, resume una mujer que prefiere no dar su nombre.
La mina tiene al pueblo dividido en dos: los que piensan que puede aportar algo de vida a un municipio envejecido, y los que desconfían de las promesas y temen por la integridad de su dehesa. Eso sí, ni unos ni otros quieren que se les identifique cuando habla: en esa particular ley del silencio que se impone en poblaciones pequeñas, muchos de los vecinos consultados temen ser reprendidos si se posicionan públicamente, para bien o para mal.
La que sí lo hace, y a favor —además de su alcaldesa, la socialista Llarina Flores— es Encarna García, vecina de 69 años, que tras cuatro décadas en Madrid, ha vuelto a vivir a Cañaveral. A ella se une de forma rotunda Noelia Bonifacio, de 40 años, que tiene un centro de estética y que espera que el proyecto insufle un poco de vida (y dinero) a un municipio poblado principalmente por pensionistas. Uno de ellos es Pablo Lamas, que, aunque no está especialmente ilusionado, lo afronta de forma práctica: “Si da trabajo”, dice, encogiendo los hombros. Lamas tiene un hijo que ya no vive en el pueblo, pero que acude a los cursos laborales que la empresa responsable, Lithium Iberia, está promoviendo en la zona.
Impacto ambiental
La principal preocupación de los vecinos de la zona es el impacto ambiental que la explotación puede tener sobre su dehesa, repleta de encinas. Julio César Pinto, de la plataforma No a la mina del Cañaveral, incide en esta cuestión en una llamada telefónica, y apunta al peligro sobre la biosfera. La asociación ha presentado alegaciones al expediente, donde alude, además de a cuestiones técnicas del proceso administrativo, a la escasa justificación de cómo se van a lograr los recursos hídricos necesarios, de 2.176.597 metros cúbicos anuales. Este punto, y la amenaza sobre un acuífero situado al norte, preocupa especialmente a los vecinos de la pedanía de Grimaldo, la zona más cercana al proyecto, donde el rechazo es casi total. Desde la asociación temen que la designación como estratégica sea una carta blanca a la explotación sin control.
Esa preocupación comparte José Manuel Sánchez, vecino del pueblo, que se ha dedicado al comercio toda la vida. Mientras pasea a sus tres perros por el campo, Sánchez expone su temor por la contaminación de los acuíferos de la zona. Tampoco confía en el beneficio a la larga para la economía del pueblo: “El que dé cuatro comidas, dará 10. Pero veremos qué pasará en 15 años, qué futuro les dejaremos a nuestros hijos, o nietos”.
Ignacio Baños, consejero delegado de Lithium Ibérica, subraya que todo el proceso se está haciendo de forma reglada, y que el proyecto se ajustará a la normativa. El ejecutivo acoge la denominación de estratégica como un espaldarazo, e insiste en los beneficios que puede tener la explotación para la zona, con una inversión de 500 millones y la creación 790 empleos directos y más de 1.500 empleos indirectos, siempre según sus estimaciones. En cuanto a la cuestión hídrica, subraya que la mina se abastecerá de un sistema de drenajes mediante pozos perimetrales lo que garantiza el abastecimiento “mediante aguas subterráneas y sin necesidad de recurrir a los acuíferos del entorno ni a los abastecimientos de los municipios cercanos”, como consta en el dosier.
Cuestión generacional
Al otro lado de Extremadura, pegado a la frontera entre sus dos provincias, hay una niña afortunada: tiene, para ella sola, dos parques públicos infantiles. Y, si se anima a jugar en un futuro, tiene toda una pista entera de baloncesto. Iba a tener un colegio también, pero se lo cerraron. Es la hija de Amalia Gómez, Mali, trabajadora pública y una de las últimas habitantes del pueblo de colonización —toda una serie de poblaciones construidas de la nada en el franquismo, para poblar zonas rurales vacías— de Conquista del Guadiana, de unos 130 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. Impoluto, casi de juguete, el pueblo está a apenas 15 minutos de la mina de Almoharín. Mali, de 44 años, cree que es una buena noticia que la explotación pueda reabrirse: “Este pueblo necesita trabajo y gente joven”.
Su visión refleja la tónica general de todas las recogidas por este periódico en estos días: más que por barrios, la opinión van por franjas de edad. Los más jóvenes ven la reactivación como una oportunidad, mientras que entre los más mayores cunde el pesimismo. A la cuestión ambiental se une la desconfianza sobre las promesas económicas. No es la primera vez que las oyen: en Cañaveral, por ejemplo, recuerdan cómo les dijeron que la autovía Ruta de la plata (2015), que pasa cerca de su pueblo, iba a traer gente y trabajo. También la vía del tren, ese que se ha convertido en un símbolo del descontento extremeño. Ninguna de las dos estuvo a la altura. “Es fácil engañar al pobre”, lamenta Lalo, el encargado de mantenimiento de la mina de Almoharín.
Mali no lo sabe, pero lo cierto es que donde trabaja Lalo, la mina de al lado de su pueblo, puede ser clave para el futuro de Europa. Así lo piensan, al menos, en Bruselas. Allí, a apenas unos kilómetros de los parques de su hija, está el yacimiento más importante de wolframio —también conocido como tungsteno— que hay fuera de China, el país que controla alrededor del 80% de este mineral clave por su dureza para la fabricación de herramientas de corte. “Cuando estemos a pleno funcionamiento podremos aportar un 30% de la necesidad europea”, incide Pablo Neira, máximo ejecutivo de Iberian Resources Spain, la titular de esta explotación. Esta está a su vez mayormente participada por BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, tras un proceso de reestructuración. El proyecto está a la espera de que se les conceda la declaración de impacto ambiental.
Independencia estratégica
Más al sur, ya pegado a Andalucía, está la mina de Aguablanca, uno de los pocos yacimientos españoles de níquel y cobre. Descubierta en 1994, esta explotación operó entre 2005 y 2015 a cielo abierto, pero acabó cerrando a principios de 2016 ante la caída de los precios del níquel y el cobre. A pesar de contar con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable desde 2017 (es la única de las tres que ya cuenta con esta autorización), ha estado parada todo este tiempo. Ahora, cuenta Serafino Iacono, alto ejecutivo de la compañía Canadiense Denarius Metals (la matriz de la operadora del proyecto), están pendientes de un permiso de la Confederación Hidrográfica para sacar el agua de la mina para trasladarla a una balsa y poder comenzar la explotación.
Iacono insiste en una llamada desde Colombia, donde tienen otros proyectos, en la importancia de las explotaciones extremeñas: “España es una de las zonas más importantes: más grande que cualquier lugar en África o Norteamérica. En los últimos 50 años por crecer en otras direcciones nos hemos olvidado de la importancia de estos minerales”. El níquel y el cobalto que se encuentran en Aguablanca son fundamentales para la transición energética, recalca: “Si no los tenemos en Europa, vamos a sufrir”.
En un entorno geopolítico complicado, a Europa le ha entrado prisa, reconocen varios empresarios, sorprendidos con la rapidez de la lista de “estratégicos”. Con las tres minas extremeñas, y los otros 44 proyectos repartidos por toda la Unión Europea —siete españoles—, Bruselas busca desprenderse de la sobredependencia de materiales críticos con la que carga desde hace décadas. El objetivo para 2030 es que al menos un 10% de los materiales consumidos sean extraídos dentro de los Veintisiete. Y que, en ningún caso, más del 65% del consumo anual dependa de un solo país no comunitario: un mensaje directo a China.
La cuestión para los vecinos de la zona, sin embargo, es más qué va a pasar con su pueblo, su dehesa o sus trabajos. Pekín, en incluso Bruselas, quedan lejos. Los promotores del Cañaveral, Almoharín y Aguablanca avanzan entre todos unos 1.500 puestos de trabajo. Pero para eso hace falta esperar: primero, a que las concesiones se realicen y, después, a que echen a andar. Baños, de Lithium Iberia, calcula que para finales de 2027, principios de 2028, podría estar saliendo litio de la mina. En Almoharín y Aguablanca, donde ya hay algo parecido a una explotación minera, los tiempos son menos dilatados: en la primera esperan estar sacando wolframio para el primer cuatrimestre de 2026 y en la segunda estiman que en reanudarían la explotación de níquel y cobalto en diciembre de este mismo año.
Hay quien ve con esperanza los proyectos, otros tantos que los miran con recelo y unos pocos que ya han tirado la toalla en este rincón muy envejecido de la dehesa. Solo quieren vivir tranquilos sus últimos años. Uno de ellos, habitante de Cañaveral y receloso como muchos de sus vecinos de que su nombre aparezca en la prensa, resume así su opinión: “Te voy a decir una cosa que te va a dejar clara la situación en el pueblo: aquí vivimos unos 900. Pues en lo que va de año, se han muerto 12″. A 100 kilómetros de allí, Lalo, uno de los últimos de la mina de La Parrilla, le responde sin saberlo: “Mi padre me dice que no trabaje en la mina, pero yo le digo: de algo hay que morir”.
