Barcelona (EFE).- Entidades económicas catalanas prevén enviar este viernes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que esgrimen razones de interés general para que no salga adelante una fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell.
Las trece Cámaras de Comercio de Cataluña, las patronales Foment del Treball, Pimec y Cecot, Fira de Barcelona y Barcelona Global, entre otras organizaciones, firman la misiva, han indicado a EFE fuentes cercanas a los impulsores de la iniciativa.
En el documento, los agentes económicos argumentan que la eventual absorción del banco catalán puede poner en riesgo el equilibrio territorial y la cohesión social.
«Razones de interés general»
El borrador del texto, al que ha tenido acceso EFE, cita «poderosas razones de interés general que justificarían la intervención del Gobierno» para «impedir la fusión» entre ambos bancos.
Las entidades piden frenar la operación para «evitar una excesiva concentración del poder empresarial y financiero», y «preservar un canal de crédito y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión».
También piden «prevenir la pérdida de ocupación y de oficinas bancarias, con el consiguiente aumento del riesgo de exclusión financiera», promover la «atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios» y «garantizar la cohesión social y territorial», que consideran «base de una economía abierta y diversa en una sociedad plural».
Para las entidades catalanas, además, «la promesa de mantener una doble sede corporativa sería más simbólica que real, sobre todo a largo plazo, como muestran las experiencias de Santander y Bilbao en relación con los bancos que allí tuvieron su origen».
Una campaña de comunicación
Los agentes económicos van a poner además en marcha una campaña de comunicación para llamar a la ciudadanía y las empresas a participar en la consulta pública en torno a la opa del BBVA sobre el Sabadell que ha puesto en marcha el Ejecutivo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde la pasada semana a la operación, sujeta a ciertos compromisos que debe asumir la parte compradora.
La opa está ahora sobre la mesa del Ministerio de Economía, que debe decidir, antes del 27 de mayo, si la eleva al Consejo de Ministros, que en ese caso tendría la prerrogativa de endurecer los requisitos que ha impuesto el regulador.
Mientras que la CNMC ha valorado hasta ahora los posibles efectos de la opa respecto a sus consecuencias en la competencia, el Gobierno tiene potestad para analizarla desde el punto de vista del interés general. EFE
