La corte, que llena un vacío legal dejado por el TPI, afronta el obstáculo de la inmunidad para los jefes de Estado y Gobierno
MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania es un nuevo instrumento judicial bajo los auspicios de unos 40 estados y el Consejo de Europa, complementario al Tribunal Penal Internacional (TPI) y concebido con una difícil misión: la imputación de los responsables individuales de la invasión de Ucrania.
El tribunal, que contará con 15 magistrados, está diseñado para cubrir un vacío legal, porque el TPI solo está capacitado para investigar crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad, y el delito de genocidio en Ucrania. Debido a cuestiones jurisdiccionales, el tribunal de La Haya no tiene competencia para juzgar el delito de agresión, esto es, el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra otro, una violación de la Carta de Naciones Unidas.
Para resolver cualquier conflicto, los documentos constitutivos del nuevo tribunal dejarán bien claro que el TPI tendrá precedencia sobre esta corte a la hora de investigar o juzgar a un sujeto, por mucho que haya sido concebida específicamente para perseguir a «altos cargos políticos y militares responsables de planificar, preparar, iniciar o ejecutar el crimen de agresión contra Ucrania», en lo que se trata, apunta el Consejo de Europa, como «un paso crucial a la hora de hacer justicia» e impedir que se repitan los mismos acontecimientos.
El alcance del nuevo tribunal no solo se extiende a las autoridades políticas y militares de Rusia, y sería también competente para perseguir a altos responsables de países aliados de Moscú si así lo considerara la corte, como Bielorrusia o Corea del Norte. El primero, por ejemplo, por el alojamiento de misiles en su territorio y el segundo por el despliegue de fuerzas en la región rusa de Kursk para enfrentarse a las fuerzas ucranianas que entraron el año pasado en el territorio.
La instrucción de la corte, promete el Consejo de Europa, estará guiada por los «estándares internacionales y regionales reconocidos sobre el debido proceso y el Estado de derecho, como la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, para garantizar juicios justos, los derechos de los defendidos y la independencia judicial».
UN PROBLEMA DE INMUNIDAD
El Consejo de Europa reconoce «claros obstáculos legales, políticos y prácticos» para el desempeño del tribunal, por encima de todo la inmunidad de la que disfrutan los jefes de Estado y de Gobierno, así como los ministros de Exteriores, y siguiendo con la dificultad de detener a los potenciales defendidos en el caso de su imputación.
Un ejemplo de ello ocurrió cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó Hungría a sabiendas de que pesaba en su contra una orden de arresto del TPI. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, a pesar de que su país era estado miembro, decidió no ejecutar la orden alegando discrepancias con la Constitución y acabó retirándose del tribunal. El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó Mongolia, otro país firmante, también sin consecuencias.
Frente a estos obstáculos, el Consejo de Europa aduce que «el Derecho Internacional está evolucionando» y que «la inmunidad personal no es una carta blanca contra la impunidad». A diferencia del TPI, el tribunal especial sí podrá juzgar a acusados ‘in absentia’ «cuando el imputado renuncie a participar en estos procedimentos». Además, el tribunal especial podrá mientras tanto efectuar investigaciones, recopilar pruebas y preparar imputaciones.
El tribunal podrá además firmar acuerdos de cooperación con Estados que estarán obligados por el Derecho Internacional a garantizar el respeto de sus fallos y órdenes judiciales. «La justicia internacional suele enfrentarse a desafíos cuando los Estados se niegan a cooperar, pero la presión jurídica y política puede producir resultados tangibles para garantizar el cumplimiento de los fallos y órdenes judiciales internacionales», aduce el Consejo de Europa.
FINANCIACIÓN Y PARTICIPANTES
La fecha marcada en rojo es la del 14 de mayo, cuando el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobará en Luxemburgo el comienzo del proceso legal de formación del tribunal tras recibir una petición formal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
Una vez que los documentos jurídicos clave para el establecimiento y funcionamiento del tribunal sean aceptados formalmente por los Estados y entren en vigor, se harán públicos los nombres de los miembros, tanto fundamentales como asociados, del llamado Comité de Gestión de la corte.
Estos miembros, a continuación, podrán proponer candidatos para la lista de jueces y no será necesario que los candidatos nominados sean nacionales de estos países. De sus propuestas nacerá una lista preliminar de candidatos que será examinada por una comisión independiente. La selección final será trasladada al Comité de Gestión, quien elegirá a 15 jueces de la lista en votación secreta, por mayoría absoluta y por un período de nueve años.
En lo que corresponde al fiscal jefe, el proceso comenzará de la misma forma pero en este caso será recomendable que varios Estados declaren su respaldo a cada candidato. Tras una votación, de nuevo secreta y por mayoría absoluta, quien sea elegido comenzará un mandato de siete años, sin posibilidad de reelección, igual que los fiscales adjuntos que también serán elegidos. Todo este proceso, aventura el Consejo de Europa, sucederá con «relativa rapidez» y terminará probablemente a finales de año.
El tribunal especial, reitera el Consejo de Europa, «reafirmará el principio fundamental de que la guerra no debe librarse como instrumento de política estatal» y partirá con la misión de defender «un orden global basado en el derecho internacional, así como de disuadir futuros actos de agresión por parte de líderes estatales» para convertirse, en definitiva en una «inversión en la paz mundial, la justicia y la credibilidad del derecho Internacional.
