Nuevo revés para los grandes municipios que tratan de frenar el crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valencia contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que daba la razón a Viutur, la patronal de viviendas turísticas de la capital valenciana en su lucha contra el consistorio, que aprobó en septiembre de 2024 el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, que prohibía la implantación de viviendas de uso turístico en gran parte del distrito, concretamente en los barrios de El Carme, La Seu, El Mercat y parte de la Xerea.
En un comunicado, la patronal critica con dureza al actual Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP, al que acusa de haber puesto en marcha el citado Plan Especial, aún a sabiendas de que la justicia había estimado con anterioridad su recurso y había anulado parcialmente parte de la regulación contenida en el Plan Especial del gobierno anterior, dirigido por Compromís y PSPV. “Ahora obliga al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia y lo condena a pagar las costas procesales”, señala.
Silvia Blasco, presidenta de la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos (Aptur) de la Comunidad Valenciana, en la que está integrada Viutur y que representa a 6.000 viviendas de uso turístico, considera que el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento ha evitado afrontar el problema y ha permitido que el conflicto judicial se prolongue innecesariamente. “Los responsables municipales han demostrado una falta de capacidad para defender los intereses públicos y una predisposición a utilizar los recursos públicos en beneficio político propio y no de la ciudadanía. Una vez más, la justicia nos da la razón y obliga al consistorio a asumir las costas y a cumplir la sentencia. Han gastado recursos de los contribuyentes para retrasar la resolución, en vez de tomar decisiones responsables basadas en el interés general”, explica.
Desde la asociación apuntan que, tras el último fallo del Supremo, se abre un escenario en el que empresas y particulares afectados por esta medida entre 2020 y 2025 “van a reclamar daños patrimoniales causados por el Ayuntamiento durante estos años por limitar una actividad económica”.
Una vía que ya han tomado los propietarios de viviendas de uso turístico en Barcelona, que están dispuestos a pelear con la Generalitat de Cataluña para que anule, o al menos suavice, el plan que prevé la supresión de todas las licencias otorgadas para alquiler turístico en 2028 (en torno a 10.000), con el que se quiere dar una respuesta a la grave crisis inmobiliaria que vive la capital catalana y sus alrededores. Desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) confirman que ya se han presentado reclamaciones ante la Consejería de Territorio de la Generalitat por valor de 4.280 millones que corresponden a 7.200 viviendas por el perjuicio que les va a ocasionar el cierre de la actividad en 2028.
